SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001

Ť PRI y PAN defienden la decisión adoptada por los congresos

Pide el PRD al presidente de la SCJN una opinión jurídica sobre la reforma

MIREYA CUELLAR, GEORGINA SALDIERNA Y RENATO DAVALOS

Amalia García, presidenta del PRD, solicitó ayer al magistrado Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ''opinión jurídica'' en torno a la validez y legalidad de la forma en que se ha venido aprobando en las legislaturas locales la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución federal en materia de derechos y cultura indígenas, ''toda vez que algunas de ellas ni siquiera han cumplido con la formalidad expresa que tienen para reformar su propia Constitución local''.

Para el PRD, dijo García -quien hizo la petición vía una misiva fechada ayer-, las legislaturas locales deben aplicar la misma formalidad que tienen para reformar su propia Constitución al momento de aprobar o rechazar las reformas, adiciones o derogaciones propuestas por el Congreso de la Unión a la Constitución federal.

''Su calificada opinión -le dice la perredista a Góngora- servirá, ni duda cabe, para que los mexicanos avancemos en la construcción de una democracia sin exclusiones y para que los indios de nuestro país gocen de sus derechos y de su cultura''.

En una entrevista ofrecida por la tarde, la presidenta del PRD explicó que una decisión de la Corte en el sentido mencionado podría abrir ''una extraordinaria oportunidad para que la reforma indígena que se aprobó en el Congreso no sea aprobada constitucionalmente, y pudiera revisarse y modificarse para garantizar, ahora sí, los derechos de los pueblos indios''. La perredista recordó que a partir de hoy el Poder Judicial entra en un periodo vacacional, pero confió en que Góngora turnará el caso a los tres ministros que permanecen de guardia, para que se emita una respuesta lo antes posible.

En tanto, abonando a la discusión en torno a la forma como se está validando la reforma indígena -plasmada en la Constitución federal- en los congresos locales, los dirigentes nacionales del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, y del PRI, Dulce María Sauri, salieron a la defensa de la ley indígena tal y como ya fue aprobada.

El panista dijo que la iniciativa contiene avances muy importantes que es necesario dejar que se consoliden, mientras la priísta manifestó que la iniciativa permitirá a los estados la creación de leyes que respondan a las necesidades de las etnias.

Por lo demás, la presidenta del tricolor manifestó su esperanza de que el gobierno federal y el comisionado para el diálogo en Chiapas, Luis H. Alvarez, logren reanudar la comunicación con el EZLN y se inicie el camino hacia la paz.

Frente al problema político que significa la ruptura del diálogo con los zapatistas, Bravo Mena pidió que se estudie la iniciativa de manera serena, sin polarizar o ideologizar el tema.

''Es necesario ver con objetividad los avances que se puedan lograr y que todo el mundo ponga una visión de largo plazo, no inmediatista y de golpeteo político, sino atendiendo realmente el fondo del asunto, que es el de abrir espacio a los derechos de los pueblos indígenas, que se consoliden los avances y se trabaje a partir de las realidades que va a generar la iniciativa.''

Consideró inútil reabrir el asunto a nivel legislativo, pues las posiciones de las diversas fuerzas políticas quedarían igual. Lo que necesitamos, insistió, es que se consolide la reforma, que se generen las nuevas realidades, que le extraigamos el máximo de fruto a la iniciativa y luego sigamos trabajando en ello, porque el país tiene que seguir avanzando en todos sus órdenes.

Cuando se le recordó que el PRD ya modificó su posición sobre la iniciativa, hizo un llamado a los perredistas a que revisen su propia trayectoria política. ''Ellos dijeron que la reforma electoral del 89 era un gran atraso y dijeron lo mismo de la reforma de los siguientes años, y sin embargo son los primeros beneficiados de los cambios democráticos.''

Reconoció que la iniciativa indígena aprobada constituye un tema polémico que el país tendrá que seguir procesando, pero recordó que los grandes cambios en México siempre han sido graduales. El cambio democrático, añadió, no se hizo en una sola reforma; el cambio en ese aspecto duró por lo menos 20 años.

El dirigente panista sostuvo que en el caso de la iniciativa indígena ''debemos tener la visión y el talento político para ver que tiene avances muy importantes que es necesario dejar que se consoliden''. Insistió en su llamado a la serenidad y la objetividad, porque ''aquí no se trata de satisfacer la demanda de nadie en particular, sino de satisfacer una demanda de justicia histórica de los pueblos indígenas.''

En la Cámara de Diputados, el perredista Erick Villanueva dijo que la aprobación de la enmienda constitucional permitirá iniciar un proceso de discusión que podrá solventar algunos de los cuestionamientos. Manuel Añorve, vicecoordinador priísta, dijo que en la elaboración de la legislación secundaria se convocará a todas las fuerzas políticas y también al propio EZLN para que participe.

A juicio de Fernando Pérez Noriega, integrante de la Cocopa, no procede ninguna controversia constitucional, porque no existen elementos de defensa contra la modificación que ya aprobaron al menos la mayoría de las entidades federativas.

El perredista Héctor Sánchez opinó que se ''consumó la infamia'' al aprobarse una reforma que no representa ni el interés ni la demanda de los pueblos indígenas. Por ello, se ha retomado la iniciativa de la Cocopa que ''vamos a discutir nuevamente; esperamos la sensibilidad de las fuerzas políticas para este proceso''.