SABADO Ť 14 Ť JULIO Ť 2001

Ť Fernández de Cevallos asegura que la reforma alcanzó la votación requerida a favor

La ley indígena está consumada y no caben vetos del Presidente: Bartlett

Ť Imprudente, que intenten dar fast track al proceso: Ortega; falta dictamen de 4 congresos locales

ANDREA BECERRIL

La polémica acerca de la ley indígena persiste y los sectores duros del PRI y del PAN, con Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos a la cabeza, pretenden que el cómputo de los votos emitidos en las legislaturas locales se realice de manera acelerada, sin esperar el resultado de los cuatro congresos que faltan por dictaminar, a fin de que el próximo miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente, la reforma se declare aprobada.

En conferencia de prensa, el senador Bartlett precisó que la reforma constitucional está consumada y no caben vetos ni impugnaciones del Presidente, gobernadores o municipios, ya que "ni la Suprema Corte de Justicia ni nadie está por encima del Constituyente Permanente".

Por separado, Diego Fernández de Cevallos sostuvo que el proceso fue "escrupulosamente legal" y no tiene por qué seguirse reciclando "hasta que unos cuantos hagan lo que quieran con la reforma indígena". Insistió en que la ley ya alcanzó la votación requerida y debe seguir el procedimiento legal hasta su promulgación.

En contraste, el coordinador perredista Jesús Ortega consideró imprudente que en el Congreso de la Unión se intente dar fast track al proceso legislativo, pues da la impresión que algunas fuerzas políticas tratan de evitar que la oposición y las impugnaciones a la reforma crezcan, sobre todo aquellas que aluden a votaciones ilegales en nueve de los 17 estados en que se aprobó la ley indígena.

Ortega advirtió que la situación es ya de por sí delicada como para adoptar "actitudes arrogantes" y pretender evadir las críticas del EZLN y de indígenas de nueve estados de la República. "No creo que vaya en desdoro del Congreso o de los senadores y diputados, escuchar los cuestionamientos de quienes consideran que esa ley no abona a la paz en Chiapas y que debemos reiniciar el procedimiento legislativo".

Asunto a discusión

El perredista dijo que se opondrá a que se trate de acelerar los trámites y se inicie el conteo de la votación en los congresos locales. Antes hay que esperar a que dictaminen la ley indígena los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Yucatán, que aún faltan, agregó. El asunto, señaló, lo llevará a discutir de inmediato a la Junta de Coordinación Política de la Permanente.

Sin embargo, Bartlett insistió en que el proceso ya concluyó y está formalmente consumado, de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna. "Les repito lo que dice la Constitución, la reforma ya se aprobó por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y ya se aprobó por la mayoría de las legislaturas de los estados. Eso es todo. Se computa, se suma y se dice: 'son ya 17 y hay mayoría'".

El ex secretario de Gobernación dijo que no proceden recursos como el interpuesto en la Suprema Corte por el municipio poblano de Molcaxac, y que "de todas formas el cómputo se puede establecer ya, porque el proceso está concluido". La Permanente puede hacer ese conteo e inmeditamente la ley indígena se promulgaría.

Bartlett evadió en todo momento comentar las objeciones que se han hecho en varias entidades, en cuanto a que en por lo menos seis congresos locales que se aprobó la ley no se cumplió con el requisito establecido en sus propias constituciones, en el sentido de que la aprobación debe ser por mayoría calificada.

Sólo señaló que la Constitución general no alude a tal requisito, y descalificó también a los gobernadores de Oaxaca y de Chiapas, José Murat y Pablo Salazar, quienes insistieron en los últimos días en sus llamados a rechazar "una ley que nació muerta, que no sienta las bases para establecer la paz con el EZLN ni disipa estallidos de violencia en Oaxaca y otras regiones indígenas".

Según Bartlett, las críticas de los gobernadores no tienen fundamento, son "descalificaciones generales" de quienes no han leído la iniciativa. "Mienten quienes dicen que no están ahí los acuerdos de San Andrés, y mienten porque se apoyan en la ignorancia", aunque luego agregó que hubo variantes a esos acuerdos, pero "mínimas".

Aseguró incluso durante la conferencia de prensa que la responsable de asuntos indígenas del gobierno foxista, Xóchitl Gálvez, contrariamente a lo que públicamente ha declarado, la semana pasada le habló por teléfono para aclararle que no estaba obstaculizando la reforma constitucional. "Me dijo que estaba a favor de que se aprobara, porque es un avance importante".

En otra actitud, los senadores priístas Carlos Rojas y Humberto Roque Villanueva consideraron que se trata de una decisión histórica, pero que aún falta la instrumentación de políticas que beneficien a los indígenas.

Existiría el riesgo de que la ley quedara como letra muerta "si hubiera soberbia de parte de quienes votamos por ella y dijéramos que hemos resuelto el problema indígena. Hay que proceder con humildad y modestia, y reconocer que no lo hemos resuelto. Este fue un paso adelante, pero con madurez y sensatez necesitamos avanzar para construir lo que falta", señalaron.

Roque Villanueva coincidió con Bartlett en que la Comisión Permanente puede empezar el conteo de las votaciones en los 27 congresos locales que concluyeron el proceso de dictaminar sobre la ley indígena -de los cuales 17 fueron a favor, 9 en contra y nulidad del procedimiento en uno de ellos-, pero advirtió que deberá ser con estricto cumplimiento de la norma.

"Debo ser franco, en el pasado, cuando sabíamos que todos estaban de acuerdo y no había ningún conflicto de interpretación, se aceptaban hasta documentos por fax, pero ahora evidentemente tendrá que ser muichísimo más delicada la revisión de las minutas y demás escritos que cada congreso local debe remitir a la Comisión Permanente", advirtió Roque Villanueva.

Rechazó, sin embargo, que esa comisión pueda cambiar el sentido de la votación final, y coincidió con Bartlett en que la Constitución no establece que en el proceso de dictaminar por parte de los congresos estatales, éstos deban hacerlo por mayoría calificada, es decir por dos terceras partes.

-Pero lo que se impugna es que en ocho de los congresos en que se votó a favor de la reforma se hizo por mayoría simple, cuando sus constituciones locales establecen que debe ser por mayoría calificada.

-Como presidente de la Comisión Permanente me tocó dar el cómputo de las legislaturas locales para declarar reformada la Constitución y enviarla al Presidente para su firma, y lo que yo recuerdo es que los congresos estatales para reformar sus constituciones sí requieren de las dos terceras partes del voto de todos sus integrantes, pero no para manifestar su rechazo o apoyo a una ley aprobada por el Constituyente, cuyo camino inicial son las dos cámaras del Congreso federal. Creo que ahí está la confusión: la Carta Magna no menciona ningún requisito adicional de las legislaturas locales -respondió Roque Villanueva.

El senador Carlos Rojas, en tanto, consideró que antes de que la Permanente lleve a cabo el cómputo de votos para declarar la aprobación definitiva de la ley indígena, debe esperarse el resultado de las legislaturas de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Yucatán, que aún no discuten la minuta que les remitió el Congreso de la Unión.

Autor del capitulado que se adicionó a la reforma -el apartado B, que incluye acciones sociales gubernamentales hacia las comunidades indígenas-, consideró que el debate ha sido muy intenso y "sería deseable que los diputados locales que manifestaron su rechazo o son críticos, tomaran la aprobación como una oportunidad para construir leyes en sus estados que realmente beneficien a los indígenas".