Con la aprobación por los congresos estatales de Michoacán y Nayarit de las reformas en materia de derechos y cultura indígenas adoptadas por el Legislativo federal el pasado 28 de abril, el engendro alcanza validez constitucional, toda vez que ha sido ratificado por la mitad más uno de las entidades federativas. Termina de configurarse así uno más de los muchos callejones sin salida a los que ha sido llevado el conflicto chiapaneco por la incomprensión, los intereses inconfesables y la insensibilidad de la clase política.

Cuando el presidente Vicente Fox envió al Senado, en acto inaugural de su gobierno, la iniciativa elaborada por la Cocopa para convertir en norma legal y constitucional los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se abrió una oportunidad sin precedentes no sólo para encontrar vías de solución al alzamiento chiapaneco, sino para propiciar un encuentro entre el país y sus indígenas. Pero el documento referido fue desvirtuado por los legisladores de PAN y PRI hasta el punto de dejarlo irreconocible; lo que se aprobó en abril fue, en realidad, la expresión de una actitud criolla e intolerante hacia las comunidades indígenas, ajena por completo al espíritu de los acuerdos de San Andrés.

Con la ratificación de esas reformas por 17 de los 31 congresos estatales, las cosas han vuelto adonde se encontraban en diciembre pasado, es decir, a un grave desencuentro entre la institucionalidad política del país y los pueblos indígenas. Estos, en su gran mayoría, expresaron a tiempo su rechazo a las modificaciones mencionadas, y los ejecutivos y legislativos de varias entidades de clara mayoría indígena --como Chiapas y Oaxaca-- señalaron en su momento que ese marco legal nacería muerto, toda vez que no reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, y que a la postre habría que volver a modificar la Carta Magna.

La nación ha perdido siete valiosos meses en el proceso, y la responsabilidad de ello corresponde a los legisladores federales y estatales que votaron a favor de estos cambios insuficientes, contradictorios, inaplicables y despectivos para con los indígenas. El costo político y social está a la vista, toda vez que en ese lapso habría podido avanzarse en la pacificación de Chiapas y en la digna incorporación al desarrollo de comunidades de ese y de otros estados.

Cabe esperar que este error trágico sea enmendado a la brevedad posible y que el Congreso de la Unión reabra la discusión para operar una nueva reforma.