VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001

Ť El debate apenas comienza, advierte Correa Villanueva

Las impugnaciones no procederán, según Jackson y Fernández de Cevallos

ANDREA BECERRIL

Los principales artífices de la reforma constitucional indígena que ayer logró la mayoría numérica de legislaturas locales requerida para su aprobación definitiva, Enrique Jackson Ramírez y Diego Fernández de Cevallos, desestimaron el llamado del perredista Jesús Ortega a reiniciar el proceso legislativo después de las impugnaciones que suscitó en su paso por los estados de la República.

Tanto Jackson como Fernández de Cevallos, que en las últimas semanas hicieron una labor intensa de cabildeo en los congresos locales para lograr que la cuestionada reforma recibiera luz verde, aun por encima de los cuestionamientos de los pueblos indios, coincidieron en que no procederán los recursos que han comenzado ya a promover algunos municipios indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Morelos, el perredista José Luis Correa Villanueva, dijo que "no deben hacer cuentas alegres" el PRI y el PAN, porque de las 17 legislaturas estatales que hasta ayer habían dado el sí a la reforma indígena -impugnada por el EZLN y la mayoría de los pueblos indios del país-, en ocho de ellas no se cumplió con el requisito, señalado en las propias constituciones locales, de una votación de mayoría calificada.

"Esto cambia por completo los números, ya que entonces en realidad sólo nueve legislaturas han aprobado la reforma cumpliendo los requisitos legales", precisó el diputado Correa Villanueva, quien conjuntamente con un grupo de abogados y especialistas en la materia preparan ya los recursos, tanto de controversia como de inconstitucionalidad, que habrán de promover ante la Corte una vez que concluya en definitiva el proceso.

El coordinador priísta, Enrique Jackson, autor -junto con Manuel Bartlett- del proyecto que sustituyó finalmente a la iniciativa de la Cocopa y que fue aprobado por el Congreso de la Unión en abril pasado, sostuvo que hay una confusión elemental de quienes tratan de impugnar esa ley, toda vez que no es requisito en las legislaturas locales el voto de las dos terceras partes, sino una mayoría simple. Jackson no quiso responder a la propuesta de Ortega para que, independientemente del resultado final, se reinicie el proceso tomando en cuenta las objeciones formuladas por los zapatistas y por los indígenas de nueve estados que votaron en contra de esa ley. Sólo expresó que se atienen a lo que marca la Constitución General de la República, en el sentido de que "las reformas constitucionales deben ser aprobadas por la mitad más uno de los congresos locales". El priísta rechazó que hubiera presionado en los estados para sacar la llamada ley indígena. Sin embargo, se sabe que Bartlett trató de influir en Sinaloa -uno de los estados que votaron en contra- y que el propio Jackson estuvo la semana pasada en Tabasco para incidir en la decisión de los diputados priístas y lograr que se convocara a un periodo extraordinario, cuando los números iban 14 a 9.

El panista Fernández de Cevallos, por su lado, reconoció que hizo "algunas gestiones" con legisladores y funcionarios de entidades gobernadas por Acción Nacional cuando se dio cuenta de que integrantes del gobierno foxista, entre ellos el director del Instituto Nacional Indigenista, Marcos Matías, "llevaban a cabo promociones contra la reforma".

Precisó que intervino cuando la ley indígena llevaba nueve votos a favor y además del involucramiento de Matías, otros funcionarios hacían declaraciones, "también negativas". Entonces, "yo hice gestiones con gente de mi partido y de otros partidos, sugiriendo que avanzaran en trámites de discusión y que fuéramos muy respetuosos con lo que resolvieran las comunidades mediante sus propias legislaturas. De que hice gestiones, sí".

En entrevista aparte, el diputado perredista morelense Correa Villanueva advirtió que el debate apenas empieza, y a la controversia presentada por el municipio poblano de Molcaxaca, a la que ya dio entrada la Corte, se sumarán otras.

Insistió en que Fernández de Cevallos no debe "cantar victoria" porque ocho de los congresos locales que aprobaron la reforma -de un total de 17- no cumplen los requisitos de ley y se puede anular el proceso.

En el caso de Guanajuato, precisó, se requiere el voto de 70 por ciento de sus integrantes. En los de Puebla y Tabasco, dos terceras partes de los asistentes a la sesión; en los de Michoacán y Coahuila, mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus integrantes, por lo que se refiere a Campeche, Chiapas, Guerrero y Tamaulipas, la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes. En todas las demás entidades de la República, se necesita una mayoría calificada, o sea la votación de las dos terceras partes del total de diputados que conforman la Legislatura.