VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001

Ť No es posible deslindarlo del grupo de escuchas

El PRD mexiquense solicitará juicio político contra Montiel

Ť Hubo delitos y deben sancionarse, señala diputado panista

El comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará el próximo martes una solicitud de juicio político contra el gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, por su presunta participación en acciones de espionaje.

Tal y como lo anunció el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena -que en caso de encontrarse responsabilidad del mandatario su partido solicitará juicio político contra Montiel-, el diputado federal perredista Ricardo Moreno Bastida sostuvo que la participación de varios funcionarios del gobierno del estado de México en la red de espionaje "habla claramente de una operación de Estado", de la cual no puede deslindarse al gobernador.

"Puedo asegurar que el mandatario del estado de México no sólo tuvo acceso a información recabada a través de espías, sino que la utilizó para tomar diversas decisiones de gobierno", agregó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el panista Armando Salinas Torre, condenó esa práctica y dijo que detrás de la misma hay claras violaciones legales. "La pregunta es si el gobernador sabía de las operaciones de espionaje que realizaron funcionarios cercanos a él o las desconocía, pero en cualquier caso hay delitos que deben sancionarse."

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el priísta José Elías Romero Apis, declaró que la Cámara de Diputados debe elaborar una nueva ley de seguridad nacional con el fin de establecer los espacios estratégicos para salvaguardar a la nación y definir claramente los que correspondan a la intimidad y dignidad de las personas.

Un antecedente con relación a esta práctica se dio el pasado 24 de octubre, cuando legisladores de todas las fuerzas políticas, con excepción del PRI y del Partido Verde, presentaron una propuesta de punto de acuerdo sobre el espionaje telefónico.

Por otra parte, Romero Apis dijo que el espionaje en México "es una práctica muy generalizada que se ha incrementado por los avances tecnológicos y puede que ocurra en todos los confines del país".

Señaló que "en muchos casos se trata de fisgones y no de hombres preocupados por la seguridad del país", en referencia al descubrimiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de un grupo de personas dedicadas al espionaje político, vinculadas a funcionarios de alto nivel del gobierno del estado de México, como informó La Jornada el pasado 7 de julio.

Un reportero le preguntó si el espionaje es "un deporte nacional", a lo que Romero Apis respondió que "no le llamaría espionaje; el delito se llama intervención ilícita de las comunicaciones privadas y espionaje es aquel que tiene ligas con potencias extranjeras, pero creo que (la escucha ilegal) es una práctica muy generalizada e incrementada hoy por los avances y las facilidades tecnológicas".

Sobre el particular, la presidenta del PRD, Amalia García, sostuvo que el espionaje descubierto en los últimos días merece una explicación a fondo de Gobernación y la PGR. Resultan "aberrantes" los argumentos que pretenden establecer los gobiernos mexiquense y queretano al señalar que esa actividad puede "garantizar gobernabilidad", dijo.

Consideró que el asunto es muy delicado porque se trata de un delito federal. La legislación prevé que las escuchas sólo pueden realizarse mediante resolución de un juez, y en consecuencia debe legislarse sobre un nuevo delito que ha alcanzado connotaciones de chantaje y extorsión. Paralelamente, agregó, Gobernación y la PGR deben informar sobre los alcances del Cisen.

Omar Fayad, miembro de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, dijo que el Poder Legislativo no se ha esforzado por elaborar leyes que impidan el espionaje, toda vez que cada sexenio se presenta un escándalo de este tipo. No obstante, justificó algunas intercepciones de comunicación. "Se han hecho intervenciones que están en el plano de la ley, que indica cómo hacerlas."

El priísta argumentó que su partido no puede solapar esas actividades: "sabemos que hay priístas involucrados en el asunto, pero tampoco los dejamos a la deriva, queremos saber primero que la autoridad investigue y se deslinde responsabilidad".

Las comunicaciones deben intervenirse sólo en la lucha contra la delincuencia

En tanto, el gobernador de Sonora, Armando López Nogales, dijo que sólo debe darse oportunidad de ejercer la práctica de escuchas a las autoridades judiciales "en los momentos que lo determinen y sustenten muy bien", y con la finalidad exclusiva de combatir el crimen organizado. (PATRICIA MUÑOZ, CAROLINA GOMEZ, CIRO PEREZ, GUSTAVO CASTILLO, RENATO DAVALOS Y ROBERTO GARDUÑO)