VIERNES Ť 13 Ť JULIO Ť 2001

ASTILLERO

Julio Hernández López

LA PROCURADURIA DE Justicia del Distrito Federal informó ayer que no encontró razones para iniciar un proceso penal contra Rosario Robles por presuntas irregularidades en el manejo de dinero y funciones públicas. El mismo día, en diversas ciudades sesionaron diputados locales para definir su postura respecto a la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que aprobó el Congreso federal pero que requiere, además, para su aceptación, el aval de la mitad de las legislaturas estatales.

AMBOS PROCESOS HAN transitado por carriles de plena legalidad. La oficina capitalina de procuración de justicia tiene entre sus facultades el negarse a ejercer acción penal en los casos en que considere que no son suficientes los indicios presuntamente delictivos que le hayan sido allegados. Los diputados de Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit y Yucatán, por su parte, que son quienes faltan de pronunciarse, y por tanto les ha tocado la circunstancia de ser los que con su voto definan el resultado nacional, no deberían ser objeto de ningún tipo de inducción o coacción a la hora en que aborden el citado proyecto de modificaciones constitucionales en materia indígena.

EN AMBOS CASOS, sin embargo, hay voces que apelan no al rigor de la legalidad, sino al más laxo y subjetivo concepto de la legitimidad. Respecto a Robles, los diputados que presentaron alegatos en su contra, por presumir que cometió peculado y ejercicio abusivo de funciones, se alarman de que el procurador Bátiz haya actuado en contra del interés que ellos promovían.

NO ES EXTRAÑA esa actitud, sino lo contrario: cada vez resulta más frecuente que los diferendos políticos sean investidos de argumentaciones jurídicas que, finalmente, no habrán de respetar las decisiones de los órganos a los que concurren si no van éstas en la dirección exigida. El propio PRD, partido al que pertenecen la exonerada y el exonerador, ha abusado de esa postura de descalificar a las instituciones y al sistema de derecho, aduciendo siempre que ambos no sólo son deficientes, sino, sobre todo, manipulables conforme al interés de quien tiene el poder.

YA ESTANDO EN ese poder, al partido del sol azteca, como al mismo PAN, le son devueltos, "copeteados", los argumentos de estridencia con que ejercían la oposición. Hoy, los panistas aceptan la legalidad de la decisión del procurador Bátiz, pero la tildan de ilegítima, en un gesto que pareciera decidido no sólo a prolongar la exposición de Robles al desgaste público, sino, además, a extender tal erosión hasta su antecesor: Cuauhtémoc Cárdenas, a quien ahora también acusan los panistas justicieros de haber manejado los dineros públicos con ribetes delictivos.

EL OBJETIVO DE los militantes del partido blanquiazul es tildar a la izquierda de corrupta, y a las autoridades de ese signo como cómplices de los delitos que cometieran sus correligionarios. En cambio, suelen alegar, el gobierno del presidente Fox fue capaz de enfrentar el escándalo de las toallas prenupciales y de destituir al responsable de tal desaguisado, Carlos Rojas Magnon (aunque no se le haya consignado penalmente por irregularidades plenamente sustanciadas por la Contraloría federal).

EN EL CASO de la que, para abreviar, suele ser llamada "ley indígena", los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de Chiapas y Oaxaca han dado a conocer un pronunciamiento conjunto dirigido especialmente a los congresos de los seis estados que aún no se habían manifestado respecto al tema. Dado que en ambas entidades vive una porción muy importante del conjunto de indígenas al que se dirigen esas modificaciones constitucionales, el citado pronunciamiento adquiere una fuerza especial.

LOS GOBERNADORES Y los presidentes de las comisiones coordinadoras de los congresos de Chiapas y Oaxaca recuerdan que hay una gran inconformidad social, política e institucional (la comisionada del gobierno foxista para esos asuntos y el director del Instituto Nacional Indigenista también están en contra) respecto al proyecto que ya fue aprobado por el Congreso federal y por buena parte de las legislaturas locales (para que la Constitución sea modificada conforme a esta intención en curso, la mitad de los congresos estatales deberán manifestarse positivamente, según el artículo 135 de la propia Carta Magna).

ESOS MISMOS REPRESENTANTES populares señalaron en el primer párrafo de su carta pública, a la que denominaron Llamado del sur, que aun cuando "en los momentos de transición democrática, preservar el orden constitucional es imprescindible (...), sería muy ciego creer que cumplir sólo con las formas legales equivale a satisfacer las necesidades políticas". Si a pesar de todo, dicen, se aprueba la iniciativa, en un proceso de pulcritud jurídica, "ésta será una reforma que (...) nacerá políticamente muerta."

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD. Dos casos. Dos enfoques. Dos cristales con los cuales mirar.

ASTILLAS: El gobernador del estado de México dice que no sabe nada de lo que hacían su secretario particular, su secretario de Gobierno y otros funcionarios de su cercanía. Espiaban pero él no sabía. Nadie corría a llevarle la primicia de los deslices o las claves captadas. Un mandatario que no gobernaba ni a sus subordinados inmediatos... Que dice un informe del Departamento de Estado del gobierno estadunidense que en México se aplican medidas "insuficientes" para combatir el tráfico de personas... Y ya que de ese reino se habla, La rana que está en la cárcel, y las demás que en libertad andan, deben haber aplaudido con gran emoción la decisión del comité de apropiaciones del Senado estadunidense, que por unanimidad acordó ayer aceptar el libre ingreso de camiones mexicanos al país vecino... El pepsicolero Enrique Molina Sobrino sufre los embates del gobierno cocacolero. No se trata, sin embargo, de una versión local de la guerra de las colas, según dicen los propios actores de este episodio de presunta corrupción, en el que se acusa al citado Molina de simular exportaciones azucareras para beneficiarse de subsidios oficiales... Mientras tanto, continúan sin ser adecuadamente atendidas las protestas de los cañeros, que entre otras formas de manifestación han obstruido la entrada a algunos edificios públicos, en demanda de que los industriales del ramo paguen a los productores 4 mil 500 millones de pesos... Bajo la firma de Juan Jesús Aznárez, El País publicó una nota titulada "La 'cuarta vía' mexicana, emerge un proyecto socialdemócrata para fundar un nuevo partido que ocupe el espacio del centro-izquierda". En ella se narra que, al término del banquete nupcial (calificativo de Astillero, no de El País) del 2 de julio, Luis Felipe Bravo Mena comentaba que quien desee fundar un nuevo partido en México, que lo haga, "pero desde afuera, no desde el gobierno". Según eso, se refería a las intenciones de Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zinser de organizar un nuevo ente para las elecciones intermedias de 2003 y las presidenciales de 2006.

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