JUEVES Ť 12 Ť JULIO Ť 2001

Ť Usa sus facultades a favor de una empresa privada

Abuso de autoridad, el decreto expropiatorio de Fox: agraristas

Ť Sienta un grave precedente; podría aplicarse en forma masiva en el Plan Puebla-Panamá, advierte Bárbara Zamora

BERTHA TERESA RAMIREZ

Representantes de organizaciones agrarias manifestaron su oposición al decreto presidencial que expropia una porción del ejido de Cuautepec a favor de Tv Azteca. En entrevistas por separado plantearon que la disposición del presidente Vicente Fox "sienta un precedente de abuso de autoridad, ya que en este caso el Ejecutivo federal pretende utilizar sus facultades para expropiar bienes de un ejido a bajo precio para favorecer a una empresa privada".

El presidente del Consejo Agrario Permanente, Alvaro López, señaló que el jefe del Ejecutivo federal "se ha extralimitado en sus atribuciones al querer beneficiar a una empresa televisora con una expropiación que no tiene justificación en cuanto a utilidad pública para motivar y prácticamente regalarle un terreno urbano de propiedad ejidal a una empresa". Afirmó que el alegato jurídico de los ejidatarios de Cuautepec tiene "todas las de ganar"

El dirigente subrayó que "el aparato jurídico que asesora al Presidente de la República debe ser más cuidadoso en no embarcar al Ejecutivo para que emita este tipo de decretos, en los que se extralimita, pues no se justifica la utilidad pública, porque es para una empresa de carácter privado".

En la historia de conflictos agrarios no existe hasta el momento jurisprudencia en la que "el Ejecutivo arguyendo facultades se escude para intentar expropiar bienes ejidales a favor de particulares".

Generalmente, agregó, hasta ahora la facultad del Presidente de la República de emitir decretos expropiatorios ha sido en función de otorgar ejidos para obras de carácter público, como carreteras, paso de redes eléctricas o de ductos, escuelas o superficies que se requieren para expandir obras públicas como pudieran ser las de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, carreteras, caminos y puentes, pero no hay precedente de expropiación a favor de una empresa privada.

Alvaro López dijo que el Congreso Permanente hará una exhortación al Presidente de la República para que los bienes de propiedad social no sean utilizados "vía las facultades que él tiene para favorecer a particulares y en todo caso, si los particulares tienen necesidad de tierra, algunas obras o servicios, que lo paguen a precio comercial, pues la ley permite esto".

En el mismo tenor se manifestó la presidenta del bufete jurídico Tierra y Libertad y secretaria de Derechos Agrarios e Indígenas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Bárbara Zamora, quien señaló que la expropiación es ilegal, "porque no se cumplen los requisitos que establece la Constitución para expropiar una propiedad". Indicó que en este caso los requisitos son que se cuente con la previa indemnización y además que sea por causa de utilidad pública, "la cual no se acredita en el decreto del 7 de marzo".

Bárbara Zamora señaló que esa asociación civil ve como un grave precedente el decreto presidencial porque, si se mira a futuro o a mediano plazo, con la implantación del plan Puebla-Panamá este tipo de decreto expropiatorio "se podría dar en forma masiva, en comunidades o ejidos donde se implementaría dicho plan".

Indicó que si los jueces federales avalan esta expropiación, "si determinan que sí procede, que es legal, y no revocan el decreto, se constituiría un precedente, a pesar de que esa resolución no sería definitiva, ya que los ejidatarios de Cuautepec todavía podrían impugnar esa resolución, pero sería riesgoso para las comunidades agrarias que lo jueces consideren las expropiaciones de ejidos y comunidades para favorecer a la empresa privada".

Dijo que como bufete jurídico y asociación civil dedicada a la materia agraria en el litigio y la defensa y la capacitación de ejidos y comunidades, "esta-ríamos en disposición de dar asesoría a las personas interesadas".