Guatemala: transición restringida

Miles de personas marcharon el martes pasado en la capital de Guatemala contra el intento de aumentar el IVA en un país donde 80 por ciento vive en la pobreza. El rechazo a esta medida ha unido a toda la oposición y amenaza con fracturar al gobernante Frente Republicano Guatemalteco.

Guatemala es un caso paradigmático en América Latina. De injerencia estadunidense, de una oligarquía capaz de asesinar a 200 mil compatriotas. Lo es también del peculiar tipo de democracia ajena a las aspiraciones populares que impera hoy al sur del río Bravo. En el país centroamericano persisten y se han agravado las causas fundamentales que originaron el conflicto bélico (1962-1996).

Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sólo se han cumplido muy parcialmente y no en lo sustantivo. No se han tomado medidas que favorezcan una distribución más equitativa de la riqueza ni el reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo maya. Este constituye más de la mitad de la población del país y, junto a los pobres en general, ha sido durante siglos el objeto principal de marginación y represión por parte del Estado.

Tampoco se ha avanzado en enjuiciar a los militares responsables de crímenes imprescriptibles. Varios de quienes intentaron poner fin a la impunidad han sido desaparecidos o asesinados, como el obispo Juan Gerardi. Hace unos días fue ultimado a balazos Domingo Us Quixán, prestigioso líder indígena, cuya comunidad -arrasada por el ejército en 1982- presentó el año pasado una denuncia por genocidio contra la cúpula militar de entonces. Denuncias semejantes de otras comunidades indígenas no han prosperado y ante este crimen se podría pensar que existe la intención de continuar apelando a la eliminación física de quienes piden justicia.

El intento de aumentar el IVA también va contra los acuerdos de paz contrariamente a lo que argumenta el gobierno de Alfonso Portillo. Los acuerdos abogaron por una reforma fiscal que gravara a los más acaudalados para canalizar fondos al gasto social, a lo que se ha resistido la burguesía tradicional, pero también los genocidas y sus socios nuevos ricos que acumularon grandes fortunas con los negocios sucios de la contrainsurgencia.

Ciertamente, la lucha armada y de masas iniciada en los 60 dio frutos. El más importante fue que a la postre la oligarquía criolla tuvo que dialogar y llegar a acuerdos por primera vez en su historia con una fuerza popular opositora, como era la URNG.

Por los acuerdos de paz se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuyo informe permitió documentar la magnitud del genocidio llevada a cabo en Guatemala por sucesivos gobiernos bajo la tutela de Estados Unidos. También se abrieron espacios legales que reconocieron a la ex guerrilla como partido político, permitieron una incipiente recomposición de las organizaciones populares y posibilitaron el inicio de la restauración del tejido social desgarrado por la represión. Se ahondó la conciencia en la sociedad en cuanto a las causas de las enormes desigualdades sociales y de la secular práctica del terrorismo de Estado.

Pero estos avances se dieron dentro de un esquema de transición "democrática" muy restringido y elitista, cuyas instituciones no logran encausar las demandas de la gran mayoría y dejan intactos los resortes de poder económico y político en manos de las clases dominantes.

Las riendas del país han parado en manos del genocida ex general Ríos Montt y de la misma rosca militar mafiosa surgida en los tiempos de la guerra sucia, que ha desplazado por ahora a la oligarquía tradicional y es más entreguista aún que ésta. El presidente Portillo, instrumento de Ríos Montt, no tiene poder real. Muy conforme al parecer, dedica su tiempo en la alta magistratura a enriquecerse a manos llenas.

La burla de los acuerdos de paz, la escandalosa corrupción entronizada en el gobierno y su sometimiento a los dictados de Washington -todo ello con la mayor impunidad- también han sido resultado de la acción inconexa de una sociedad civil poco experimentada y en busca de rumbo.

Cabría esperar que la ex guerrilla de la URNG "supere la complaciente actitud que ha proyectado ante la ciudadanía"; y "asuma una clara oposición a un gobierno encabezado por genocidas y corruptos", como acaba de pedir su secretario general Pablo Monsanto.