MARTES Ť 11 Ť JULIO Ť 2001

Ť Sin comprobar, 30 mil mdp; las irregularidades más graves, en Oaxaca y Guerrero

Dejó sin hacer Sedeso 120 mil obras para pobres en el sexenio pasado: Aguilar Valenzuela, de Sedeso

Ť Las acciones sin cumplimiento, de infraestructura social y municipal contra la extrema miseria

ROBERTO GARDUÑO ENVIADO

De los 30 mil millones de pesos que no se comprobaron en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en la administración pasada, se dejaron de hacer 120 mil acciones destinadas a la población pobre. En Oaxaca y Guerrero se detectaron las mayores irregularidades y, con apoyo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), se investigan seis delegaciones para fincar responsabilidades penales, sostuvo el oficial mayor de la dependencia, Octavio Aguilar Valenzuela.

Las irregularidades, que datan de 1994, abarcan casos en que no hay obra alguna realizada, en que se anunciaba una gestión pero se hacía otra, o se señalaba un nivel de avance del trabajo en realidad menor, o cuando las acciones fueron abandonadas o han desaparecido. Además hay anomalías en la autorización de las acciones, ya que no se cumplió con las reglas de operación, agregó en entrevista.

Las obras que debieron hacerse son de infraestructura social y municipal: tratamiento de agua, agua potable, drenaje, construcción de escuelas, hospitales, electrificación, zanjas y bordos. Todo esto corresponde al ramo 26 -hasta 1998 orientado a la extrema pobreza- y el monto involucrado es de 25 mil millones de pesos, de los cuales sólo 656 millones de pesos, 2.6 por ciento del total, se han comprobado .

También se dejaron de hacer acciones de los programas de vivienda (VIVAH), de Cien Ciudades y del Fondo Nacional de Desastres equivalentes a casi 8 mil millones de pesos, de los cuales se ha entregado documentación por unos 3 mil millones de pesos aún sin verificar.

Las anomalías que datan de hace seis años no fueron detectadas por la Cámara de Diputados en la revisión de cuenta pública de esos años, y ahora la Sedeso está obligada a esclarecer el destino de los recursos, señaló el funcionario.

Detalló que esta situación se encontró al cierre de la cuenta pública de 2000, cuando se ubicó gran cantidad de gastos no comprobados, denominados "obras en proceso". Entonces se pensó que, al tratarse de algo por hacerse, no había problemas, y que la información llegaría; sin embargo, se vio que se trataba de la acumulación de recursos entregados desde 1994.

Para precisar la irregularidad, Aguilar Valenzuela explicó el manejo de dinero: la dependencia lo entrega a gobiernos estatales, municipios y organizaciones sociales, después de que en los Convenios para la Planeación y el Desarrollo Estatal (Coplade) se analizan y autorizan las obras. Para esto previamente los solicitantes deben entregar un proyecto y un análisis técnico, y a partir de aquí empiezan los problemas.

Hay casos en que el dinero se entregó para efectuar obras distintas a las solicitadas. "Decían que se iba a hacer un drenaje y se hacían vados", o bien se mencionaban trabajos con un determinado nivel de avance en su ejecución, en realidad mucho menor. "Lo que pasó es que los presupuestos se acaban por año, los municipios dicen 'pásame el dinero porque ya se va a cerrar el año y se va a regresar los recursos a Hacienda.

"El recurso se entregó al municipio o a quien iba a hacer la obra, ahora vemos que hay trabajos con 30 por ciento de avance y recursos al 90 por ciento. También hay casos en que el dinero se entregó a organizaciones sociales creadas ex profeso para ejecutar alguna obra, esto no se comprobó, y ahora no existe ni la organización ni el resultado", añadió.

El procedimiento correcto, dijo, es que el dinero se entregue contra comprobación del avance de la obra. Para esto el municipio informa de ello, alguna autoridad de la Sedeso va a constatar que existe y entonces se les da más dinero. Sin embargo, hay acciones proyectadas desde 1994 aún sin terminar. "Lo más grave es que hay obras que ya no existen. Por ejemplo, se hizo un bordo para atenuar una inundación y nos dicen que la lluvia se lo llevó."

Las reglas de operación del programa exigen una serie de firmas en la autorización de los proyectos, pero no toda esa documentación cumple con el requisito. De los manejos de 1994 ya no se pueden fincar responsabilidades, "si acaso a los que estaban en la Secretaría".

"Todo esto indica que había una gran discrecionalidad para el manejo de los recursos, con los cuales se podrían haber comprado una camioneta y decir que era para la obra. Ahora en lo que estamos metidos es en saber en qué gastaron las delegaciones. En Tabasco me dijeron que se habían comprado cosas con el ramo 26, como varilla, y nunca se entregó. Igual se compraron máquinas de escribir, escritorios, y sirvió para el manejo electoral", abundó.

Los mayores problemas, precisó, están en Oaxaca, donde desde 1996 no se han comprobado 2 mil 114 millones de pesos, y en Guerrero, donde falta documentación de mil 695 millones de pesos. En cuanto a Chiapas, indicó, no hay mayor problema, porque gran parte de los apoyos han sido subsidios.

En contraste, otras entidades han cumplido al ciento por ciento, como Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Dijo que el pasado 25 de abril se giraron oficios a los delegados pidiendo que enviaran la comprobación de gastos de estos recursos y hasta el momento se ha recibido la documentación por 9 mil millones de pesos -24 por ciento del total-, pero aún hay que corroborarla.

"La pregunta aquí es si se dejó prescribir el delito intencionalmente... Ƒse vale? Es dinero para combatir la pobreza", será difícil comprobar las obras de 1994 a 1996, pues el propio sistema es complicado, concluyó el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, advirtió que las 20 delegaciones estatales de la dependencia que no han cumplido con la "rendición de cuentas" y "transparencia" en el manejo de recursos que tuvieron asignados entre 1994 y 2000 tienen "diez días" para informar de su destino; si no, el asunto pasará a la Secretaría de la Contraloría y al propio Poder Legislativo.

Calificó la situación de "preocupante" por los montos que no se han podido comprobar y destacó que en Chiapas está el mayor problema. Entrevistada en Palacio Nacional durante la presentación del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la funcionaria señaló que no sólo interesa "aclarar qué pasó con esos recursos", sino también crear los candados para procurar que ello no vuelva a ocurrir. (CON INFORMACION DE JUAN MANUEL VENEGAS)