MIERCOLES Ť 11 Ť JULIO Ť 2001
Ť Niega Sauri implicación de Montiel en supuesta red
Piden partidos llegar al fondo en pesquisas sobre escuchas
Ť Urge marco legal para frenar esa práctica: Nicolás Suárez
Los dirigentes del PAN, Luis Felipe Bravo Mena; del PRI, Dulce María Sauri; y el secretario general del PRD, Jesús Zambrano; así como la arquidiócesis de México, demandaron ayer que las investigaciones sobre la red de espionaje detectada el pasado fin de semana, lleguen a fondo y hasta sus últimas consecuencias. El panista puntualizó que de comprobarse la participación del gobernador del estado de México, Arturo Montiel, se le debe iniciar juicio político por violar la ley y los derechos humanos.
Por su lado, el coordinador de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, Nicolás Suárez Valenzuela, pidió al Poder Legislativo que elabore un marco que permita poner un alto al espionaje civil, como el detectado en estos días.
Los legisladores, dijo, deben contribuir a transparentar la operación del Cisen, por lo que les entregó una iniciativa en materia de información relacionada con actos administrativos.
En la sede nacional del PRI, Sauri rechazó que Montiel esté involucrado en la red de espionaje cuya existencia adelantó La Jornada el sábado pasado, y recordó que el propio gobernador ha negado que su administración haya empleado a los espías. Planteó, sin embargo, que una estrategia continua y persistente de intervención telefónica ilegal "necesariamente vulnera el estado de derecho y tiene consecuencias negativas para la sociedad".
Dijo que si en el caso de particulares el espionaje es una violación a la vida privada, en el caso de funcionarios públicos y dirigentes sociales y políticos, "con fines de control", puede incidir en la estabilidad política del país.
"Perversa acusación del PAN"
A su vez, el presidente del Comité Estatal del PRI en el estado de México, Francisco Maldonado Ruiz, calificó de perversa la acusación del PAN, en el sentido de que Montiel Rojas sería el cerebro de la red de espionaje. Dijo que el líder estatal panista, Francisco Gárate Chapa, intentó suplantar al Ministerio Público y basa sus afirmaciones en versiones periodísticas, pero que no tienen un sustento o prueba legal.
Entrevistado en la sede nacional del PAN, Bravo Mena resaltó que su partido exige de manera radical y firme que este asunto no se quede en el cajón de los temas olvidados, como ha sido en otros casos, y que se llegue hasta las últimas consecuencias; que se identifique con claridad a los responsables y a los que financiaban esta red.
Y si se da el caso de que el gobierno del estado de México está involucrado, como parece apuntar, que se finquen responsabilidades al mismo gobernador o al secretario de gobierno, y que no quede impune este agravio a las libertades y a la violación a la ley, puntualizó.
Mientras, en Toluca, el coordinador de los diputados del PRD, Arturo Hernández Tapia, anticipó que el tema será llevado hoy a la tribuna del Congreso y planteó que la PGR también debería investigar a José Luis Durán Reveles, porque "resulta muy raro que las casas de seguridad estén en Naucalpan", municipio del que el funcionario fue alcalde.
El diputado perredista afirmó que Durán no puede ser excluido de las indagatorias, porque sigue siendo uno de los aspirantes a gobernar el estado de México y por tanto, "sería el principal interesado en crear una red de observación sobre la vida política mexiquense y de la Federación".
La información surgida desde el sábado revela que uno de los funcionarios espiados es precisamente Durán Reveles.
El secretario general del PRD, Jesús Zambrano, expuso a su vez que utilizar las conversaciones privadas para chantajear, intimidar y montar escenarios de sospecha, resulta dañino y peligroso para el ambiente político nacional. Sobre el escándalo de las escuchas telefónicas, publicado en este diario, el perredista demandó "que el asunto sea aclarado y que se castigue a los culpables, autores directos e intelectuales que hayan financiado esta red de espionaje telefónico, sea quien sea, esté en la responsabilidad del tipo que sea. Se debe ir al fondo de esto".
En tanto, el director de la Comisión de Paz y Justicia de la Arquidiócesis de México, Francisco Javier Acuña, planteó que además de las investigaciones, se aclaren cuáles son las actividades de inteligencia del Estado, ya que si bien su uso "no es absurdo ni indebido" en un régimen democrático, en este caso se han violado los derechos elementales de los ciudadanos.
Con la localización de un cuartel de espionaje en el estado de México, Javier Acuña dijo que la pregunta obligada hoy es cuántos "centros de este tipo existen en cada ciudad, en cada estado y en todo el país; quiénes los operan, a quiénes sirven y para qué se utiliza esa información". (DE LA REDACCION, Y DE LAS CORRESPONSALES SOCORRO CASTAÑEDA Y SILVIA CHAVEZ).