Ť Reiniciar el proceso legislativo para corregir fallas, pide el senador del PRD

Necesario, reconocer el error de haber aprobado una ley que no ayuda a la paz en Chiapas: Ortega

Ť Una decisión errónea, que los perredistas votaran a favor de esa reforma en lo general, dice

ANDREA BECERRIL

Sea cual fuere el resultado final de la votación sobre la reforma constitucional indígena en su paso por las legislaturas locales, es necesario que con humildad y objetividad todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión reconozcamos el error de haber aprobado una ley que no ayuda a la paz en Chiapas ni cumple con las demandas de los pueblos indígenas del país, advirtió el senador Jesús Ortega.

En entrevista con La Jornada, Ortega se-ñaló que no existe arrogancia alguna que les impida conocer que se equivocaron, pues fue una decisión políticamente errónea que los senadores del PRD votaran a favor en lo general de la llamada ley indígena, y precisó que llevará a cabo una labor intensa en el Senado para lograr que se reconozca la oposición mayoritaria de los indígenas a esa reforma, con miras a reiniciar de inmediato el proceso legislativo.

Es hora, consideró, de asumir la responsabilidad de y responder a los cuestionamientos formulados por indígenas de nueve estados que hasta el momento han rechazado esa ley aprobada a fines de abril por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Hizo un llamado a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, de manera especial al panista Diego Fernández de Cevallos y a los priístas Enrique Jackson y Manuel Bartlett, para que admitan que hay una oposición a la reforma indígena que tiene sustento y debe ser escuchada por los legisladores.

En la entrevista, realizada en sus oficinas del piso 26 de la Torre de El Caballito, comentó que el hecho de que la ley se haya aprobado hasta el momento en congresos de 15 entidades y rechazado en nueve, donde la población indígena tiene gran presencia, da idea de la intensidad de la discusión y del interés despertado por el tema.

Da idea también, dijo, de que afortunadamente quedaron atrás esos tiempos en que bastaba que el Congreso federal aprobara alguna reforma constitucional para que au-tomáticamente fuera votada a favor en las legislaturas locales. La situación ahora es otra y por ello requiere también de una actitud responsable de los legisladores.

Sin ánimo de revivir la polémica, se refirió luego a la decisión que tomó su bancada a fines de abril y que dio origen a discusiones y controversia en el seno de la propia fracción y de la directiva perredista.

"Me interesa mucho dejar claro que si bien, y de eso no debe quedar ninguna du-da, los senadores del PRD actuamos en una determinada circunstancia y aprobamos en lo general esa reforma, no se ha tratado su-ficientemente el hecho de que votamos en contra los puntos que son especialmente controvertidos y que fueron rechazados por el EZLN y las organizaciones indígenas".

Con mayor profundidad en el análisis, "quisiéramos que se reflexionara sobre es-to que desde un principio no apoyamos, aquellos puntos de la reforma que no reflejaban a cabalidad los derechos y la cultura indígena, pero también debemos ser muy realistas y objetivos para reconocer que en el marco de las actuales circunstancias y por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, hay que concluir que la reforma que aprobó el Congreso no está sirviendo para un asunto toral: propiciar el diálogo con el EZLN y lograr la paz".

Es tan real ello, abundó, que a raíz de la aprobación de esa ley está suspendido el diálogo gobierno federal-EZLN. No hay contactos ni avances en la satisfacción de algunas de las demandas de los rebeldes chiapanecos. Aclaró que no hay necesariamente contradicción entre el voto de los senadores y de los diputados locales del PRD que en los congresos se han manifestado en contra del ordenamiento y, argumentó, "ambos votamos contra esos aspectos impugnados de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, los que fueron rechazados por los zapatistas".

Sin embargo, más allá de ese debate "lo más importante es que a la luz de los acontecimientos últimos el proceso legislativo del Senado no es suficiente para lograr los propósitos que nos hemos planteado, que es la pacificación chiapaneca y la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas". De ahí la importancia de reiniciar el proceso legislativo, con base en la iniciativa de la Cocopa, para corregir las fallas de esa reforma, para satisfacer plenamente las demandas de las organizaciones indígenas y para satisfacer las condiciones que restablezcan el diálogo y el acuerdo de paz.

Ortega precisó que sea fuere sea el resultado final de la votación en las legislaturas locales, es posible un nuevo trabajo legislativo: "Si la ley es rechazada por los congresos locales, puede iniciarse nuevamente un proceso de reforma a la Constitución que tome en cuenta la experiencia que estamos viviendo, para no cometer los mismos errores y poder lograr, con suficiencia, lo que nos están planteando los pueblos indígenas y algunos de sus representantes".

Asimismo, si la reforma fuera rechazada por la mayoría de las legislaturas, "con toda humildad el Congreso de la Unión debe, y nosotros en primer lugar, reconocer que esta reforma no es lo útil que requeríamos y por lo tanto necesita cambios inmediatos. Es decir, asumir la realidad que estamos viviendo, lo controvertida que ha sido la ley, rechazada en nueve estados, y con base en ello dar comienzo a un nuevo ciclo de reformas".