El agro mexicano, tradicional destinatario de promesas incumplidas, enfrenta una situación crítica a siete meses de iniciado el primer gobierno no priísta de la historia moderna. Los tres conflictos más notorios son el de los cañeros, quienes ante la falta de pago por parte de los ingenios han debido trasladar sus protestas a la ciudad de México; el de los maiceros de Sinaloa, quienes no han recibido los apoyos prometidos a la comercialización y han recurrido al bloqueo de instalaciones de Pemex en la entidad, y el de los arroceros de Campeche, a los cuales se les mantenía confiscadas 45 mil toneladas del producto por las deudas que tienen con Banrural.

Los problemas señalados son los más agudos, críticos y exasperantes, pero no los únicos. En el caso de los cañeros existe el agravante de un desvío de fondos de Financiera Nacional Azucarera (Fina) para favorecer a uno de los más importantes consorcios privados del edulcorante. Por lo que se refiere a los productores sinaloenses de maíz, la génesis del conflicto parece encontrarse en la Secretaría de Hacienda, la cual no ha liberado los fondos ofrecidos a los campesinos, a pesar de que el titular de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación, Javier Usabiaga, llegó a amagar con su dimisión en caso de que no fluyan los presupuestos comprometidos. En cuanto a los arroceros campechanos, lo destacable es que representan a muchos otros labriegos del resto de la República que, en las circunstancias económicas actuales, se ven en la imposibilidad, tras unos pocos ciclos agrícolas, de cubrir sus créditos, con lo cual se les cierra toda posibilidad de salir adelante. 

En todos los casos resulta evidente la ausencia de voluntad política para resolver los problemas más acuciantes del campo y de su gente. Sea por torpeza burocrática, por presuntos actos de corrupción --como el ocurrido en Fina-- o por una disciplina fiscal llevada hasta el absurdo, el hecho es que los agricultores del país no sólo no han visto mejoría alguna en lo que va del presente sexenio, sino que incluso han sufrido agravios peores, si cabe, que los que les fueron infligidos desde el poder en gobiernos anteriores.

Es fundamental que las actuales autoridades den muestras de sensibilidad política y desactiven los conflictos sociales referidos, más los que no necesariamente se reflejan en los titulares, antes de que el descontento campesino se traduzca en desabasto, ingobernabilidad o violencia franca. La historia de este país, no sobra recordarlo, está marcada, en buena medida, por sus revueltas campesinas.