Ť No ha prosperado la intención de capacitarlos y retirarlos del comercio informal
Infructuosos, los programas indígenas en el DF
Ť Es inviable que la ALDF promulgue una ley propia: Leobardo Sánchez, del CATIM
MARIA ESTHER IBARRA
A tres años de que el gobierno capitalino estableciera una mesa de concertación exclusiva para atender a la población indígena que radica en el Distrito Federal, la intención de incorporarla a proyectos productivos o de capacitación para un trabajo formal no ha tenido los resultados esperados para que ese sector abandone el comercio informal en la calles citadinas.
La situación de los llamados indígenas urbanos de la ciudad de México se torna un nudo ciego en el contexto de la imposibilidad legal de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) discuta la Ley de Derechos y Cultura Indígenas aprobada por el Congreso de la Unión, y más aún, inviable de que los legisladores locales promulguen una propia.
Y eso, a pesar de que la capital de la República es la ciudad que cuenta con más habitantes indígenas, pues de acuerdo con el Censo de Población 2000 del INEGI, en el Distrito Federal viven 141 mil 710 personas de cinco años y más de habla indígena. En contraste, por ejemplo, en Chihuahua viven 84 mil y en Aguascalientes apenas llegan a los mil 244.
Al analizar lo anterior, Leobardo Sánchez Piña, del Centro de Atención al Indígena Migrante (CAIM) -pondera la "buena" voluntad de las autoridades capitalinas de ofertar capacitación para un trabajo formal, de los que se ofrecen en la bolsa de trabajo de las delegaciones políticas, becas escolares y microcréditos a fin de que los indios en la capital se retiren del ambulantaje.
Por eso, sopesa la necesidad de que el Gobierno de Gobierno del Distrito Federal modifique su política social indígena: "Todo intento por tratar de resolver esa problemática compleja se quedará en buenas intenciones de no tomar en cuenta las propuestas y proyectos específicos de grupos organizados o no, y se unifiquen criterios y normas para su atención".
En su estudio Perfil ocupacional de la población indígena de la ciudad de México, Sánchez Piña argumenta que, por un lado, no todos los indios capitalinos son vendedores ambulantes o limosneros, aunque son los más visibles u observables, y por otro, tampoco son de todas las etnias.
A lo sumo, especifica, pertenecen a cuatro o cinco, en particular los que están organizados como los mazahuas (hay 11 organizaciones); los otomíes (10); los triquis (9) y los nahuas (5). Existe otro número indeterminado de grupos informales y familias que temporalmente llegan a vender, como los amuzgos, purépechas, huicholes y tzotziles, entre otros.
Empero, como parte del programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, en 1998 la Subsecretaría del Trabajo del gobierno capitalino enfocó las baterías a atender únicamente a la población indígena dedicada a la venta de mercancías en las calles.
En ese año fueron empadronados diversos grupos, principalmente otomíes, mazahuas y triquis, por constituir la mayor parte de los indios urbanos que comercian en el Centro Histórico. Igualmente, esa instancia capitalina firmó varios convenios con esas organizaciones, donde sus integrantes aceptaron ser incorporados al programa de reordenamiento en la vía pública.
Sánchez Piña no desestima que el problema es complejo, entre otras razones porque ?dice? los grupos ambulantes indígenas piden que, al igual que otros comerciantes en las calles, se les otorguen permisos para la venta en vía pública. "Quieren un trato igual, no diferenciado", precisa.
"Los indígenas quieren seguir vendiendo en las calles porque les es más redituable que integrarse a un trabajo formal, donde ganarían el salario mínimo, y si algunos grupos aceptaron firmar los convenios, su principal interés fue por obtener financiamiento para la compra de mercancías o materia prima", agrega.
Con todo, el programa del gobierno capitalino de 1998 ha sido al parecer el más reciente destinado a los indígenas vendedores. El antecedente inmediato ?indica Sánchez Piña? de una política pública para tratar ese problema fue durante el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, quien en 1972 les ofreció capacitación para el trabajo y dotó a los mazahuas ?los primeros en emigrar de sus lugares de origen al Distrito Federal? de puestos para la venta de sus productos.