martes Ť 10 Ť julio Ť 2001

 José Blanco

La muerte del nonato

Todo parece indicar que el pacto político sucumbió nonato. Los acérrimos y hasta los coléricos críticos de un pacto cuya propuesta de contenido aún ignoramos pueden quedar tranquilos. Un pacto, han sentenciado, de ninguna manera, cualquiera que sea.

En cuanto a los partidos políticos, el PRI ha dicho: no es necesario. El PRD, en voz de Cárdenas -el jefe moral- y de López Obrador -el hincha devoto del primero-, por enésima vez ha proferido su posición contundente: Fox y nosotros representamos proyectos de país radicalmente distintos; para nosotros no sólo es impensable un pacto con el gobierno, sino que lo único con sentido es combatir sin cuartel la "política neoliberal y entreguista" del gobierno foxista.

Por lo visto, el pacto ni con fórceps verá la luz. Entre tanto, la sociedad mexicana continuará esperando que los señores de la política hallen vías de entendimiento para sacar al país del pernicioso y desesperante impasse en que la han colocado. Por lo pronto, como corresponde a una cultura presidencialista al parecer insuperable, una buena parte de los políticos -especialmente los señores del Congreso- culpan al Presidente de la República; no pueden ver la inmensa parte de responsabilidad que ahora les corresponde.

Es preciso no olvidar, sin embargo, el contenido político del semestre que nos acaban de obsequiar: intransigencia y miopía, contraria a los intereses del país. Insistamos: si con dos gramos de generosidad y de visión política sobre el futuro inmediato del país, el Congreso hubiera aprobado la ley indígena en los términos de los acuerdos en San Andrés y del consenso en la Cocopa, se habría conformado en México una atmósfera social y política altamente positiva, como prolongación y ampliación de la que venía configurándose con la marcha de los zapatistas de Chiapas a la capital del país. Las comunidades indígenas habrían quedado satisfechas en sus demandas, y la mayor parte del resto de la sociedad habría visto con regocijo y optimismo ese paso fundamental.

En ese clima, y teniendo en mente el interés futuro de la nación, habría sido posible al Congreso examinar, debatir y aprobar una reforma hacendaria y una reforma del sector eléctrico. Una reforma hacendaria sobre la base al menos de cuatro parámetros básicos: 1) justicia recaudatoria: que pague proporcionalmente más quien más ingresos perciba; 2) competitividad fiscal: tener presente que no es de ninguna manera lo mismo hacer una reforma hacendaria en una economía cerrada, que en una abierta en el marco de la globalización; 3) eficacia recaudatoria: agregar entre cinco y ocho puntos porcentuales del PIB a las arcas del fisco, y, 4) tener presente que la justicia fiscal (y social) se alcanza principalmente por la vía del gasto público y las políticas sociales, no por la vía impositiva.

Si todo ello hubiera ocurrido -y era perfectamente factible- estaríamos hoy en un momento nacional totalmente distinto, y en una posición frente al exterior mucho mejor y mucho más fuerte. Y estaríamos también pensando en nuevas reformas y nuevos proyectos en un ambiente sociopolítico echado para adelante. Estamos en cambio culpándonos mutuamente, trabados torpemente.

Pero si todo ello hubiera ocurrido, hubiera ganado Fox demasiado fácilmente. Y esto a los partidos políticos con representaciones en el Congreso, incluida una parte del propio PAN, les resulta intolerable. Mejor que pierda Fox aunque, dado ese conjunto de asuntos de la coyuntura, obviamente también pierda el país: tercermundismo simple, simplísimo, casi mentecato.

Frente a la situación actual, Dulce María Sauri hoy lleva razón: "El gobierno requiere acuerdos concretos, específicos, que faciliten la solución de problemas como el desempleo creciente y el deterioro de la calidad de vida". Probablemente puede darse un paso más y acordar políticas de Estado en esos y otros temas fundamentales: la pobreza y la desigualdad, la educación, la infraestructura, la nueva hacienda pública, la corrupción, la inseguridad pública. El PAN, el gobierno y el PRI pueden avanzar en estos temas que la nación demanda con urgencia inaplazable, dejando respetuosamente a un lado al PRD, cuyo bizarro proyecto de país nada tiene que ver con el de esos partidos "neoliberales y entreguistas".

Esa idea, no obstante, puede ser también ilusa fruslería. La nación probablemente deba seguir mirando impaciente la frecuente inanidad de la clase política, resultado del hecho de que PRI y PRD no aciertan a poner su casa en orden, vale decir, dividirse en las partes que naturalmente son, reconociendo civilizadamente que no pueden convivir más bajo el mismo techo. Es claro, por ejemplo, que la dirección oficial del PRD, más Nueva Izquierda, más el grupo Monreal, podrían entrar bastante bien en un proyecto de políticas de Estado como el referido. Hoy, como viven, no pueden.