no reconocen los siguientes aspectos:
MARTES Ť 10 Ť JULIO Ť 2001
Ť Existe el riesgo de un "estallido social" si se vulneran derechos, advierten yaquis
El gobernador de Tlaxcala veta la ley indígena; en Tabasco, PRI y PAN aprueban la reforma
Ť Por "manipulación", el rechazo en algunas legislaturas, asegura Fernández de Cevallos
El Congreso de Tabasco aprobó, con los votos en contra de PRD y PT, la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, en sesión extraordinaria donde hubo conato de violencia. En tanto, el gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, vetó la ley aprobada hace unos días por el Congreso local, bajo el argumento de que ésta carece del concepto de territorios indígenas.
En Hermosillo, la tribu yaqui de Sonora advirtió sobre un "estallido social", ante el riesgo de que los derechos indígenas sean vulnerados con la ratificación que hace unos días dio el Congreso estatal a dicha iniciativa. Gobernadores de la etnia -quienes se caracterizan por defender hasta con las armas todo aquello que atente contra las garantías de sus pueblos- manifestaron que bajo esta situación el único camino que les han dejado es el de las armas.
Hasta el momento, con lo sucedido en Tabasco, son 13 las legislaturas locales que han aprobado la llamada ley indígena, mientras que nueve la han rechazado.
El obispo Arizmendi pide evaluar las razones del rechazo al proyecto
Ante esta situación, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, llamó al Congreso de la Unión a "analizar y discernir el significado" de que varios congresos locales en cuyos estados existe importante población indígena, hayan votado en contra de la misma.
Precisó que ve "un poco difícil que el Congreso actual quiera rectificar en caso de que la mayoría de los congresos estatales aprobaran la ley. Lo veo difícil porque son seres humanos y ya tomaron una postura; aunque si se lograra sería algo muy positivo para todos, sobre todo para Chiapas".
En este sentido, el coordinador parlamentario del PAN en el Senado y uno de los principales artífices de la ley, Diego Fernández de Cevallos, sostuvo que el rechazo de muchos congresos locales a las reformas constitucionales en materia indígena obedece más a la manipulación de la postura que a un razonamiento sustentado en argumentos.
No se trata, dijo, de contabilizar el número de congresos que aprueben o rechacen la iniciativa, lo que le otorga o le quita calidad a este proyecto, pues el resultado de una votación depende de muchos factores que a veces nada tienen que ver con la iniciativa misma.
En su veto, el gobernador tlaxcalteca Sánchez Anaya argumentó que la ley carece del concepto de territorios indígenas y que el decreto tiene diversas omisiones que lo hacen imperfecto, por lo que señaló la necesidad de revisarlo y efectuar las modificaciones respectivas.
El Ejecutivo estatal, por medio del secretario de Gobierno, Fabián Pérez Flores, regresó al Poder Legislativo local el decreto y, de paso, ratificó su decisión de no publicar en el Diario Oficial del Estado el documento aprobado por 20 de 24 diputados, la mayoría del PRI.
Entre la serie de observaciones hechas a la ley, según el documento, destaca que estas reformas sólo dan la impresión de promover la reparación de una injusticia histórica, pero se "quedaron cortas", pues no reconocen los siguientes aspectos:
El territorio de los indígenas, que las comunidades autóctonas sean sujetos de derecho público, los municipios indígenas, el derecho de las comunidades indígenas ni de estos municipios para asociarse entre sí ni para que ejerzan recursos públicos; el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales y elegir sus representantes populares ante el Congreso.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Fabián Pérez Flores, refirió que legalmente el Ejecutivo está facultado para regresar al Congreso local alguna ley o decreto que juzgue como inadecuado para el desarrollo de la entidad, por lo que la medida sólo pretende asegurar que "todas las voces se incluyan en la ley indígena".
Sin embargo, reconoció que de persistir la actitud de los legisladores locales de aprobar esta iniciativa sin efectuarle alguna de las modificaciones sugeridas a través de los diversos foros realizados en la entidad, el Ejecutivo estatal tendría que acatarla, pues "no hay posibilidades de vetarla por dos veces".
Presenta municipio poblano controversia constitucional
Por otro lado, el municipio de Molcaxac, Puebla, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra las reformas a la Carta Magna en materia de derechos y cultura indígenas, y demandó al Congreso de la Unión suspender el proceso correspondiente.
En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la abogada oriunda de ese municipio Larissa Ortiz explicó que el recurso fue presentado contra los congresos del estado de Puebla y el de la Unión, así como contra el presidente Vicente Fox, y en él se invoca al artículo 105 constitucional.
Dicho precepto, explicó, ofrece a los mexicanos el derecho a inconformarse contra los actos de la autoridad que pudieran derivar en detrimento suyo. Así, explicó, del "debate político queremos que el problema se traslade al debate jurídico".
De esta forma, consideró, "no podrá votarse la ley indígena en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva de fondo este problema". Consideró que la reforma, cuya aprobación se vota en estos momentos en los congresos de los estados, tiene varias irregularidades jurídicas y afecta a los pueblos indios.
Conato de violencia en Villahermosa
Mientas tanto, el Congreso tabasqueño aprobó ayer la ley indígena, con 18 votos a favor de PRI y PAN y 13 en contra de los diputados de PRD y PT, en una sesión extraordinaria en la que los legisladores perredistas abandonaron el re-cinto legislativo.
Durante la sesión hubo un conato de violencia debido a que el ex candidato a diputado local por el PRD Wilbert Narváez Narváez se introdujo hasta el recinto donde los legisladores desarrollaban la sesión para protestar airadamente en contra de los diputados de PRI y PAN, a quienes les dijo que su actitud constituía una traición a los pueblos indios de México.
Personal de seguridad intervino para tratar de someter al militante opositor y sobrevinieron los golpes y empujones entre legisladores de PRI y PRD, pues estos últimos entraron en auxilio de su compañero. Finalmente, los 12 diputados perredistas determinaron abandonar el salón de sesiones.
En sesión extraordinaria los 16 diputados del PRI y dos del PAN aprobaron tanto en lo general como en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indigenistas sobre la Ley en Materia de Derecho y Cultura Indígenas. A ellos se opusieron los 12 diputados del PRD y el representante del PT.
La tribu yaqui de Sonora, por su parte, advirtió hoy sobre un posible "estallido social", ante el riesgo de que los derechos de la etnia sean vulnerados por la ratificación en la Cámara local de la llamada ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión.
Gobernadores de esa etnia indicaron que los legisladores sonorenses dieron "la espalda a los indígenas", porque en reuniones previas ratificaron su rechazo a la legislación federal, a pesar de lo cual fue finalmente aprobada.
Cecilio Molina López, gobernador de Pótam, uno de los ocho pueblos yaquis, expresó que existe inconformidad porque la Ley de Derechos y Cultura Indígenas atenta contra las propias leyes de la tribu.
Indicó que la legislación federal contraviene el desarrollo de los pueblos al negar a las comunidades indígenas la personalidad jurídica necesaria para la defensa de sus legítimos derechos, reconociéndoles exclusivamente el carácter de sujetos de interés público.
Destaca que los acuerdos de San Andrés contemplaban el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como parte del Estado mexicano, por lo cual los derechos y obligaciones que se les pretendía reconocer se ubicaban en los artículos constitucionales que corresponden a dicha materia.
Bajo estas circunstancias, el gobernador del pueblo de Tórim, Octaviano Jécari Espinosa, advirtió que en los próximos días determinarán las acciones de protesta a seguir antes de que la legislación federal entre en vigor.
Informó que solicitarán el apoyo de las autoridades del INI en el estado, a efecto de que brinden protección ante cualquier eventualidad que pueda suceder y que ponga en riesgo la estabilidad de los pueblos indígenas.
Se "autonombran representantes"
Por su parte, Fernández de Cevallos sostuvo que el rechazo de muchos congresos estatales a las reformas constitucionales en materia indígena obedece más a la manipulación de la postura de los indígenas que a un razonamiento sustentado en argumentos.
-ƑA que atribuye que sean los congresos de los estados con mayor población indígena los que hayan rechazado la iniciativa?
-A lo que es obvio, natural, a que es donde más manipulación ha habido para impulsar ese rechazo. Así de sencillo.
-ƑIncluiría usted el caso de Chiapas?
-No excluyo a ningún lugar donde hay, sin duda, una gran manipulación.
Fernández de Cevallos manifestó que un recorrido mínimo por las comunidades indígenas arrojaría que las etnias del país no han sido consultadas por quienes se "autonombran" sus representantes, que "quién sabe quién los eligió o los designó, pero se erigen como voceros de la posición indígena".
El senador panista minimizó que el rechazo de los congresos obedezca a una oposición real al contenido de la misma. "En el trabajo político hay factores de muy diverso orden que inciden para aprobar o rechazar" y con frecuencia no tienen que ver con la propia iniciativa.
-ƑA su juicio no representa una posición de los indígenas?
-Nada más hay que ver que en la mayoría de ellos no han sido consultados por sus representantes ni ha habido una discusión en las comunidades indígenas. Ha habido una conducción de su postura y a ratos un atropello de su propia dignidad. RENE ALBERTO LOPEZ, LA JORNADA DE ORIENTE, CRISTOBAL GARCIA BERNAL, ALONSO URRUTIA, ELIO HENRIQUEZ Y NOTIMEX