MARTES Ť 10 Ť JULIO Ť 2001
Ť Otorgó indebidamente subsidios por más de 100 mdp
Inhabilita Secodam por diez años a un alto funcionario del sector azucarero
El ex director administrativo y fiduciario de Financiera Nacional Azucarera (Fina), José Andrés Puente Avila, fue inhabilitado por diez años para desempeñar un empleo en el servicio público, luego de confirmarse que dictaminó indebidamente el otorgamiento de un subsidio por más de cien millones de pesos para beneficiar a una importante empresa del sector.
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) evalúa la responsabilidad sobre este caso en la que habrían incurrido otros servidores públicos e, incluso, la posibilidad de promover una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que estas irregularidades pudieran constituirse en la comisión de delitos.
Junto con Puente Avila, la contraloría interna de Fina, a cargo de Carlos Muñoz Villalobos, resolvió inhabilitar también por un lapso de diez años a José Jesús Torres Vega, analista de sistemas administrativos, adscrito a la misma Dirección Administrativa y Fiduciaria.
Pero además, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corresponde a la contraloría interna de la Secodam dar inicio al procedimiento administrativo en contra del anterior contralor interno de Fina, Rodolfo Gregorio Urbina Lozano, y otros funcionarios de esa dependencia, quienes en su momento practicaron la auditoría que no reportó las irregularidades en el otorgamiento de ese subsidio.
Los requisitos, incumplidos
La sanción en contra de los servidores públicos derivó de los primeros resultados obtenidos de la investigación que el órgano interno de la Secodam realiza en esa entidad financiera gubernamental.
Puente Avila dictaminó la procedencia del pago de un subsidio de 102 millones 889 mil pesos a diversos ingenios del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), sin que cumplieran con los requisitos establecidos para el otorgamiento de ese apoyo. Por su parte, Torres Vega elaboró, revisó y firmó nueve dictámenes a favor de los ingenios del Grupo Caze, aun cuando no cubrían con las cláusulas determinadas.
Y es que, en 1997, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que se estableció dicho subsidio para fomentar las exportaciones de los excedentes de la producción de azúcar de la zafra 1996-1997, el cual estipulaba como requisito básico que las exportaciones fueran definitivas. Sin embargo, José Andrés Puente dictaminó que los ingenios de Caze recibieran el subsidio pese a que sólo presentaron pedimentos temporales, con lo cual se desvirtuó el propósito fundamental del apoyo del gobierno federal, a fin de mantener el equilibrio de los precios del mercado interno.
Es decir, se anticipó indebidamente un apoyo para este grupo, sin comprobar que las exportaciones se hubieran concretado en forma definitiva. Además, la empresa tampoco acreditó el pago del impuesto general de exportación correspondiente, otro de los requisitos que debían cumplir los ingenios para obtener este beneficio.
De igual manera, el acuerdo estipulaba que los ingenios debían estar al corriente en el pago de sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para hacerse acreedores del subsidio, requisito que tampoco cumplieron esos ingenios.