MARTES Ť 10 Ť JULIO Ť 2001
Ť Persisten violaciones a derechos humanos por parte de militares y policías, señala
Han fracasado en México las acciones del gobierno para impedir la tortura, afirma AI
Ť Falta voluntad política para ahondar en el problema, dice en su más reciente informe
La persistencia de la tortura en México, a manos de elementos del Ejército y de los agentes policiacos encargados de hacer cumplir la ley, ha propiciado el fracaso de las acciones gubernamentales para terminar con la violación de los derechos humanos de campesinos, trabajadores, estudiantes, indígenas, integrantes de minorías sexuales, mujeres, niños, miembros de partidos políticos, presuntos delincuentes, periodistas y dirigentes de organizaciones comunitarias.
El más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el caso México, titulado Justicia traicionada: la tortura en el sistema judicial, sostiene que la existencia de ese flagelo en el país obedece ''a que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de abordar el problema de forma sistemática y efectiva, y tampoco han asignado a este asunto los recursos necesarios''.
El documento, que se dará a conocer este día, asegura que detrás de los actos de tortura en México yace una cultura en la que ''quienes ejercen la autoridad castigan sistemáticamente a los detenidos o los obligan a realizar confesiones que más tarde pueden utilizarse como prueba contra ellos en un tribunal de justicia''.
Durante la visita que Pierre Sané hizo a México en marzo pasado, el secretario general de AI entregó al presidente Vicente Fox un memorando que contiene los motivos de preocupación por las prácticas de tortura que existen en el país. El mandatario mexicano se mostró entonces dispuesto a abordar ''el triste historial de derechos humanos, incluida la persistencia de la tortura e impunidad que la rodea''.
Uno de los puntos débiles en la persistencia de la tortura en México, refiere AI, se encuentra en que la Procuraduría General de la República forma parte del Ejecutivo federal que encabeza el Presidente de la República: ''La falta de autonomía estructural de la PGR respecto al Ejecutivo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recomendar al gobierno mexicano que revisara esa situación y fortaleciera la autonomía e independencia del Ministerio Público''.
En ese caso, el problema es que las investigaciones son responsabilidad de la PGR o de las procuradurías de los estados. Estas instituciones se encargan de investigar los delitos y procesar a los presuntos delincuentes que están bajo su jurisdicción, así como obtener pruebas, evaluarlas y presentarlas a los tribunales.
De tal forma que, como juez y parte, los policías del gobierno también se encargan de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, perpetradas por los mismos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley bajo su jurisdicción: ''Esto significa que las víctimas y sus familiares no pueden iniciar por sí mismas un procesamiento, y que los jueces no pueden tomar la iniciativa de abrir investigaciones''.
AI denuncia que la Policía Judicial y los fiscales de las procuradurías federal y estatales ''utilizan frecuentemente la tortura para obtener confesiones y declaraciones''. De acuerdo con la denuncia de la CIDH, el organismo internacional argumenta ''que la mayoría de los casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes se producen en el contexto de la procuración de justicia, principalmente durante la etapa de la investigación previa''.
No obstante que México ratificó la Convención contra la Tortura, el Congreso de la Unión modificó el artículo 16 de la Constitución, en 1993, para aumentar el poder de las procuradurías. De esos cambios se desprendió que los sospechosos detenidos con orden judicial pueden ser llevados ante un juez sin dilación alguna, casi en flagrancia, dando a los fiscales la oportunidad de no respetar los límites de tiempo establecidos para la detención preventiva. Además, otro punto débil de la justicia mexicana que tiene que ver con lo anterior, es el siguiente: ''Hay muchos casos en los que en los procedimientos judiciales sigue admitiéndose como prueba confesiones obtenidas mediante coacción. La mayoría de los jueces siguen condenando a acusados basándose en esas confesiones iniciales, incluso cuando los detenidos se retractan ante el tribunal de sus declaraciones anteriores y cuando no existe ninguna otra prueba que fundamente los cargos en su contra''.
La aparición de grupos armados en México recibió como respuesta de las autoridades aprobar leyes -destaca AI- que permiten al Ejército participar en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. En 1996, a pesar de las restricciones constitucionales que prohibían a las fuerzas armadas detener a civiles, la Suprema Corte resolvió que éstas podían participar en operaciones de seguridad pública y practicar detenciones si el Presidente de la República determinaba que existía necesidad de hacerlo, y añadió que la responsabilidad final recaía en el mandatario.
''Uno de los nuevos factores que ha acompañado al uso del Ejército para realizar operaciones contra la insurgencia y el narcotráfico es el nombramiento de militares para ocupar cargos en las oficinas del Ministerio Público, tanto federales como estatales. Esta práctica ha continuado desde la llegada del nuevo gobierno''.
AI manifiesta preocupación por la militarización de la seguridad interna y declara que la participación del Ejército en funciones policiales ha afectado negativamente la protección de derechos humanos. ''Las víctimas de tortura a manos de miembros de las fuerzas armadas no disponen de recurso efectivo ante la ley. Aunque oficialmente están sujetos a la jurisdicción civil, los casos de tortura y otros abusos graves contra los derechos humanos son transferidos invariablemente a la jurisdicción de los tribunales militares, los cuales han permitido sistemáticamente la impunidad''.
Concluye: ''El gobierno de México ha manifestado su determinación de romper con el pésimo historial de derechos humanos del país. AI cree que será necesario un programa integrado y sostenido de reformas políticas, legislativas y administrativas dirigidas a las autoridades de la Federación y los municipios".
ANGELICA ENCISO, ALEJANDRO GONZALEZ Y ROBERTO GARDUÑO