lunes Ť 9 Ť julio Ť 2001

Iván Restrepo

Por fin, orden en la zona costera

RECIENTEMENTE, EL SECRETARIO del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, puso en marcha un operativo para poner orden en la llamada zona federal marítima terrestre, la extensión de 20 metros que va del rompeolas hacia tierra adentro. Se trata de regularizar lo que está mal y, en paralelo, haciendo en adelante las cosas con apego estricto a la ley.

Y para mostrar que no se trata de una promesa más, las autoridades clausuraron ya varios hoteles que infringían diversas normas en la costa de Nayarit y en Acapulco. Algunos capitanes de la industria turística respondieron acusando a la Semarnat de ahuyentar la inversión e impedir la generación de empleos.

Lo cierto es que sobran las irregularidades en dicha zona marítima vía hoteles, discos, bares, restaurantes, viviendas, terminales de yates, clubes de servicios, etcétera, etcétera. A muchas playas no pueden llegar los lugareños porque lo impiden guardias blancas y mallas anticiclónicas levantadas por hoteleros o dueños de casas y terrenos. La discriminación y el racismo en todo su esplendor.

Aunque el secretario Licthinger afirma que buena parte de las irregularidades se debe a los lentos procesos burocráticos y la centralización en la toma de decisiones, también cuentan otros factores.

Por principio, la carencia de planeación y previsión al iniciar proyectos en las áreas costeras. Como resultado, muchas obras se levantan virtualmente en la playa. Luego está la corrupción que permite violaciones a la legislación. Después, la falta de coordinación entre las instancias administrativas. Por ejemplo, la municipal da los permisos para edificar un hotel, casa o restaurante, pero no verifica si cuenta ya con la concesión para ocupar la zona federal marítima, o el estudio de impacto ambiental requerido.

Por otra parte, no se da seguimiento a las obras autorizadas, de tal forma que, en un dos por tres, un hotel con todas sus licencias en regla ocupa áreas no contempladas en ellas, como manglares y áreas de arribo de tortugas; o duplica la densidad de cuartos. Cuando la autoridad se da cuenta, ya el hotel está terminado. Le aplican una multa irrisoria y queda el daño al ambiente. Se hace realidad el dicho de que es mejor pedir perdón que pedir permiso.

Agréguese el poder de los grupos empresariales, del gran capital, legítimo o no tanto. Ellos hacen secretas alianzas con funcionarios y políticos y disponen de los mejores despachos de abogados para enfrentar demandas judiciales de la autoridad o de la sociedad, y generalmente se salen con la suya.

Todo lo anterior explica la ocupación anárquica de las áreas costeras de México, algo que en el sexenio pasado bien se documentó, pero sin ir más allá del diagnóstico. Es el caso de Cancún, con 28 mil cuartos de hotel, una enorme erosión costera y apenas cuatro playas públicas para el disfrute de sus 700 mil habitantes. O la Riviera Maya, donde en cinco años se construyeron 14 mil cuartos, especialmente de consorcios extranjeros, mientras 80 por ciento de su población, indígena en su mayoría, carece de servicios básicos y no puede disfrutar las mejores playas. Los guardias blancas impiden el paso de "extraños" y hasta de la propia autoridad.

Mientras el operativo de la Semarnat avanza, se anuncian megaproyectos para atraer a millones de turistas extranjeros a ciertas áreas de enorme fragilidad ecológica, como el Mar de Cortés, las dos Baja California y la zona continental de Isla Mujeres. En cambio, no hay ningún plan para acabar con los rezagos históricos de la inmensa mayoría de la población costera, los cuales aumentan exponencialmente a medida que se edifican gigantescos hoteles y sus servicios conexos. Tampoco, para capacitar los cuadros técnicos indispensables. Hay menos dinero destinado a las tareas ambientales. Un ejemplo: para atender los casi 900 kilómetros de costa de Quintana Roo hay apenas cinco inspectores de zona federal marítima, mal pagados y mal equipados para efectuar su importante tarea. En cambio, brilla el poder y la influencia de unos cuantos millonarios, de fortunas mal habidas.

Pese a todas esas desventajas, es positivo que las autoridades ambientales no estén dispuestas a que las cosas sigan como antes. Para lograrlo, requieren el apoyo ciudadano y una coordinación institucional plena, de tal forma que lo que prohíbe una instancia no lo eche por la borda otra (como sucede con frecuencia), interesada en atraer divisas y crear empleos a cualquier costo ambiental y social.