LUNES Ť 9 Ť JULIO Ť 2001
Ť Podría aprobarse en el próximo periodo ordinario
Prepara el Congreso de la Unión una nueva Ley de Desarrollo Rural
ALONSO URRUTIA
Aun cuando subsisten diferencias con el Poder Ejecutivo, las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería, así como de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y del Senado de la República preparan una nueva versión de la Ley de Desarrollo Rural, misma que fue vetada por el presidente Vicente Fox en abril pasado.
De acuerdo con el presidente de la comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, se pretende que esta nueva versión de la ley pueda discutirse y aprobarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1o. de septiembre.
Para tal efecto, comentó, se está trabajando en comisiones unidas con el Senado de la República con el objeto de alcanzar un consenso en el Congreso de la Unión y allanar el camino de su aprobación.
Al mismo tiempo, explicó el legislador, se han realizado acercamientos con funcionarios de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Desarrollo Social, con el objetivo de acercar los criterios.
En abril pasado, la ley que aprobó el Congreso de la Unión fue vetada en principio por inconsistencias y porque en los hechos fue que se aprobó con base en criterios electorales, según se estimaba al interior del Ejecutivo. Lo demostraba el hecho de que el PAN, que en principio la apoyaba, luego votó en contra, el PRI hizo lo propio sólo que en sentido inverso.
A juicio de Aureoles Conejo, después del veto presidencial, la relación con los representantes del Poder Ejecutivo se ha modificado positivamente, si bien será difícil alcanzar los consensos. Por ello, comentó, se han realizado largas discusiones sobre los temas en los que se acentúan las diferencias.
Entre ellas, sobresale la visión gubernamental de que en la ley quede plasmado el fortalecimiento a productores no a organizaciones, pues se asocia a estas últimas con el clientelismo y corporativismo. Para un sector de legisladores, el considerar dentro de la legislación a las organizaciones sociales, es punto indispensable para su funcionamiento.
De igual forma, en la propuesta del Ejecutivo se considera a "otros agentes de la sociedad rural", en tanto que desde la postura de los legisladores, estos agentes son identificados como los sectores social y privado.
Otros puntos de discusión, dice Aureoles Conejo, son los diversos enfoques del desarrollo rural, como un concepto amplio que incluye todo, la parte agropecuaria; pero para otros implica cómo mejorar la producción agrícola y pecuaria.
El diputado consideró que en la conciliación de estos diversos puntos de vista no debe quedar al margen que el objetivo central de la ley es que su aplicación permita generar condiciones de bienestar para quienes dependen de las actividades agropecuarias que, en conjunto, representan 30 por ciento de la población nacional.