LUNES Ť 9 Ť JULIO Ť 2001

Ť La falta de adecuación del marco jurídico con tratados internacionales dificulta esa tarea

México, en camino de cumplir las recomendaciones de la CIDH: SRE

Ť Existe plena voluntad presidencial para combatir la impunidad, afirma Gómez Camacho

VICTOR BALLINAS'

México está en camino de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseveró Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, precisó, "por cuestiones legales, mu-chas de esas recomendaciones no van a poder acatarse letra por letra".

Al hacer un balance del resultado de la visita a México del presidente de la CIDH, Claudio Grossman, los pasados 3 y 4 de julio, para analizar con el gobierno federal y con organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos el seguimiento a las recomendaciones que esa instancia emitió al gobierno mexicano por violaciones a garantías. Gómez Camacho dijo que "hubo avances, plazos concretos y disposición para buscar fórmulas legales que permitan cumplir esas recomendaciones".

Sin duda, agregó en entrevista con este diario, a la próxima reunión que sostendremos con la CIDH en Washington "llevaremos avances de los cumplimientos. Se avanzará en lo que es la reparación del daño a las víctimas, pero no podemos establecer plazos en lo que se refiere a excarcelar presos, a ejecutar ordenes de aprehensión o a sancionar. Hay cosas que tienen obstáculos legales".

Y no se trata de voluntad política o no del Presidente para que se cumplan esas recomendaciones, defendió el funcionario, sino de acatarlas sin que ello implique violentar la legislación interna. El Ejecutivo "no está en la posición de tomar decisiones metaconstitucionales, sino de ser respetuoso de la Constitución y de la normatividad interna".

La mayor parte de esas recomendaciones, o casi todas, datan de hace años, del gobierno anterior, aunque esta administración ya recibió la primera en abril pasado, y es la referente al caso de violación de las tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez por militares, ocurrida en 1994 .

En todos los casos de las recomendaciones revisadas por el gobierno, ONG y la CIDH hay impunidad, se le cuestionó al director general de Derechos Humanos de la cancillería. "Así es, la impunidad en México es muy alta, es un problema serio y muy complejo. Este asunto preocupa mucho a la comunidad internacional, a las ONG y a la comunidad interna. La impunidad es un factor para que se violen los derechos humanos", sostuvo.

Recordó Gómez Camacho: "ya lo dijo el relator de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy, en su visita al país hace un par de meses. El señaló que la impunidad es muy alta y que es un problema que debe combatirse de inmediato".

"La impunidad persiste y es un problema muy complejo -abundó-. Y desde luego que afecta a la población e influye en la percepción de la gente sobre el aparato de justicia. No se trata sólo de órdenes de aprehensión incumplidas, lo más grave es la falta de denuncia".

Y complementó: "el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH no es por falta de voluntad, ese no es el caso, lo que tenemos es un problema normativo muy serio. México no está preparado para incorporar la legislación internacional al marco jurídico nacional".

Se firmaron convenios y tratados internacionales por parte del Ejecutivo en el pasado, pero no se trabajó en la adecuación de las leyes internas para hacerlas compatibles, y eso da como resultado los problemas que hoy se tienen. "Cómo le hacemos para cumplir las recomendaciones de la CIDH sin violentar el marco legal. Se aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se han reformado las leyes. Entonces, cuando haya una resolución de esa instancia, habrá problemas legales como ahora".

Por ejemplo, señaló, "la CIDH ordena al gobierno mexicano liberar de inmediato a un detenido. Amnistía Internacional también lo pide y lo pueden pedir los organismos internacionales, pero al no haberse realizado las reformas necesarias a los instrumentos nacionales no se pueden cumplir las recomendaciones".

En ese marco, apuntó, la Secretaría de Relaciones Exteriores propone que se reforme la Constitución y que se dé a los tratados internacionales "valor pleno, que se les equipare con la Carta Magna, por lo menos a aquellos que tengan que ver con los derechos humanos".

Gómez Camacho resaltó la necesidad de adecuar el marco jurídico para que se pueda aplicar la legislación internacional, y urgió incluso a reformar la Constitución, porque "no podemos tener en el país derechos humanos de dos clases, los nacionales y los reconocidos en los convenios internacionales. Los derechos humanos son universales y están por encima de la voluntad del Estado. Entonces hay que trabajar en las reformas necesarias para que haya congruencia".

Insistió: "se requiere que haya congruencia en las leyes nacionales y en los tratados internacionales, porque con ello se facilitará la aplicación e interpretación de las leyes y no habrá obstáculos legales".

Cuando se habla de reabrir casos, Ƒquiere eso decir que se volverán a investigar las violaciones a derechos humanos en donde la CIDH ya emitió resolución del caso?, se interrogó al funcionario. "No sé si ese es el término correcto, pero en todo caso sí es reabrir casos ante la comunidad internacional, en este caso la CIDH, porque hay que recordar que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decía que una vez que esa comisión emitió una recomendación y después hizo público su informe al respecto, ya no podía darle seguimiento, que eso era ilegal. Entonces, el gobierno cerraba los casos.

Se retomarán investigaciones

"Este gobierno retomará las investigaciones, las recomendaciones y las cumplirá. Es un cambio de postura y ello se refleja con la invitación que se hizo a la CIDH para que aquí, en el país, se revisara, junto con las ONG, el cumplimiento de sus recomendaciones. Está claro que no son casos cerrados".

Al comentar algunos de los casos tratados con la CIDH y las ONG, Gómez Camacho reiteró que se acordaron grupos de trabajo para buscar los mecanismos legales que permitan "la reparación del daño, sancionar a los responsables y hacer justicia. Se crearon grupos de trabajo para los casos de Aguas Blancas y de las tzeltales; para el ejido Morelia, está la fiscalía que ya tiene los informes de las investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el caso de los sacerdotes expulsados de Chiapas, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal, ya tienen permiso para entrar al país, por lo menos dos ya lo han solicitado.

"Está pendiente de investigarse qué funcionarios fueron responsables de las violaciones de derechos humanos. En el caso Peredo Valderrama, el procurador General de Justicia del Distrito Federal estuvo presente y dijo que ya se ordenó se cumplan las órdenes de aprehensión, e incluso se giró orden de aprehensión contra miembros del Poder Judicial que solaparon esos hechos".

Gómez Camacho anunció que la cancillería propondrá en breve que se eliminen todas las "reservas" que gobiernos anteriores hicieron a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.