DOMINGO Ť 8 Ť JULIO Ť 2001

SEMANA POLITICA EN ESTADOS UNIDOS

Ť Decisivo ahora, el poder político de la Suprema Corte

Ť La pena de muerte, cuestionada por sentencias erróneas

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 7 de julio. Cuando la jueza suprema Sandra Day O'Connor comentó esta semana que algunos inocentes podrían haber sido ejecutados en este país por las fallas en el sistema penal, sus palabras fueron materia de primera plana, no sólo porque es una de nueve jueces que frecuentemente tienen la última palabra antes de una ejecución, sino por ser representante de una Suprema Corte cuyo poder político define, a veces más que la legislatura o la Casa Blanca, algunos de los temas fundamentales de este país.

Los comentarios de O'Connor, los cuales indicaron que ella podría estar reconsiderando su apoyo de la pena de muerte, también eran significativos por versiones de que uno o tal vez dos de los jueces de la Suprema Corte podrían jubilarse en un futuro próximo.

La sesión anual de la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó el lunes y por lo menos dos de sus nueve miembros han comentado con amigos que están considerando retirarse a finales de esta sesión. Si eso ocurre, el presidente George W. Bush tendrá la oportunidad de nombrar a un nuevo juez, y con ello cambiar el equilibrio político de la corte hacia la derecha (aunque tendrá que ser cuidadosa ya que todo nombramiento tendrá que obtener la ratificación del Senado, el cual, por el momento, permanece en control de los demócratas).

La Suprema Corte labora relativamente en la oscuridad, comparado con los reflectores permanentes enfocados sobre el Congreso y la Casa Blanca. De hecho, gran parte del país y casi todos los gobiernos en el exterior casi nunca la toman en cuenta. Sin embargo, los jueces supremos tienen mucho más poder que cualquier senador o diputado y, en conjunto, hay coyunturas en que los nueve integrantes se convierten en la gente más poderosa del país.

Como resultado, cualquier cambio en la balanza del poder en la Suprema Corte tiene implicaciones extraordinarias, no sólo para la pena de muerte, sino sobre una amplia gama de algunos de los asuntos más fundamentales para este país.

Claro, la importancia y poder de la Su-prema Corte fue más que visible a fines del ano pasado cuando una cerrada mayoría emitió un fallo que colocó a Bush en la Casa Blanca después de la controversia del conteo del voto en la elección nacional, y particularmente el caso de Florida. Esa de-cisión, como lo comprobó Al Gore, fue irreversible. Pero la corte también ha definido cuestiones fundamentales desde la desegregación racial de las escuelas públicas, la prohibición de la pena de muerte (en 1970) y su restauración (en 1976), y garantizó el derecho al aborto y definió los derechos civiles de los individuos ante las autoridades, entre otras.

La Constitución establece que los jueces nombrados a la Suprema Corte ocuparán puestos vitalicios y son los intérpretes finales de la Constitución y las leyes de este país. Además, el juez en jefe de la Suprema Corte es quien toma el juramento de un presidente entrante y es el que preside los juicios políticos a un presidente (tal como se enteró Bill Clinton durante su proceso de destitución presidido por el juez en jefe William Rehnquist).

Ahora, la corte de nueve integrantes está dividida entre tres ultraconservadores y cuatro "centristas a liberales", junto con dos --incluyendo O'Connor-- que son de "columpio", o sea, a veces se unen a los conservadores (como en el caso de fallar a favor de Bush en la elección), pero que a veces también se van con el otro bando en torno a temas de derechos civiles.

Por eso es importante lo dicho por O'Connor, ya que si ella empieza a favorecer fallos sólo un poco más liberales en torno de asuntos como la pena de muerte, derechos al aborto, religión y al voto, sus posiciones podrían complicar la vida política de Bush y los legisladores del Partido Republicano.

De hecho, la decisión de Sandra Day O'Connor, quien fue nombrada en su puesto por Ronald Reagan, de hacer los comentarios sobre la pena de muerte ya han nutrido el movimiento para cuestionarla. Después de sus comentarios, promotores de una iniciativa de ley para limitar la aplicación de la pena de muerte (aunque no su abolición) realizaron una audiencia en el Congreso y estaban pronosticando que la legislación podría ser sometida a voto ante el Senado este mismo otoño.

Todo esto es notable ya que lo único que hizo O'Connor fue repetir algunos hechos ya bien conocidos. Hablando ante una asociación de abogadas en Minneápolis esta semana, O'Connor señaló que durante el último año se comprobó la inocencia de seis reos condenados a muerte y fueron liberados, y que desde 1973 se ha descubierto que un total de 90 reos que esperaban su cita con la muerte por orden del Estado, fueron condenados por crímenes que no habían cometido.

"Si las estadísticas son alguna indicación", concluyo O'Connor, "el sistema bien podría estar permitiendo que algunos acusados inocentes sean ejecutados". Cuando un juez de la Suprema Corte dice tal cosa, aunque ya se ha dicho por otros incontables veces, asume un peso político enorme. En éste, como tantos otros temas, la dinámica política de este país no puede entenderse sin tomar en cuenta a la Suprema Corte.

La Casa Blanca lo entiende muy bien, y estará observando muy de cerca qué cambios, de opinión y de personal, habrá en la Suprema Corte de Justicia en estos próximos meses.