VIERNES Ť 6 Ť JULIO Ť 2001
Ť Comisión del Congreso le detecta anomalías por 20 millones de pesos
Buscan inhabilitar a ex alcaldesa de Manzanillo
Ť Es una persecución política del gobernador en contra de nosotros: PRD y PAN
VERONICA GONZALEZ CARDENAS CORRESPONSAL
Colima, Col., 5 de julio. Dirigentes estatales del PRD y PAN aseguraron que la propuesta de inhabilitación de la ex alcaldesa panista de Manzanillo, Martha Leticia Sosa, y de su director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Ricardo Ortiz -iniciativa que el Congreso turnó el jueves a su Comisión de Responsabilidades-, "es un atentado contra el estado de derecho y una persecución política encabezada por el gobernador" Fernando Moreno Peña en contra de ambos institutos políticos.
Sosa y Ortiz son acusados de realizar operaciones extraoficiales de manera verbal -no prevista en la Ley de Ingresos Municipal y la nueva Ley Orgánica del Municipio Libre- y sin la autorización del cabildo con la empresa Marindustrias, que al seguir instrucciones de los ex funcionarios pagó 533 mil 129.33 pesos a transportistas particulares por acarrear residuos a un relleno sanitario de Manzanillo, y dejó de pagar 19 millones 891 mil 642.20 pesos por depositar la basura en dicho lugar durante el trienio 1998-2000.
Arnoldo Vizcaíno, considerado por analistas locales como líder moral del perredismo colimense, manifestó que el dictamen respectivo, elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura estatal, es un intento de lastimar políticamente al sol azteca.
El dirigente panista Natividad Jiménez sostuvo que a través de Martha Sosa el gobernador Moreno Peña "está saciando su venganza, pero a quien en realidad pretende detener es al Partido Acción Nacional, porque sabe que (ese instituto político) ganará en 2003 la gubernatura".
Añadió que la ex alcaldesa porteña, quien el mes pasado fue suspendida de sus derechos en Acción Nacional, recurrirá a la defensa jurídica y política con el respaldo del partido. "El PAN tiene representación también en el Congreso federal; si no es esto una ínsula que esté desolada y a merced de un sátrapa, pues no, hay niveles de gobierno y hay instancias también; ésta no es la última palabra, es solamente una instancia de trámite con la mayoría priísta que está al servicio del gobernador", puntualizó Jiménez.
El líder panista no descartó que Sosa hubiera incurrido en errores administrativos, "pero si ese es el caso, debe aplicársele una sanción imparcial, justa y apegada a derecho".
De aprobarse la iniciativa enviada a la Comisión de Responsabilidades de la Legislatura, Sosa sería inhabilitada para ocupar cargos y empleos en el servicio público durante seis años y pagaría al ayuntamiento de Manzanillo $20 millones.