VIERNES Ť 6 Ť JULIO Ť 2001
Ť No envió representantes a reuniones para revisar recomendaciones del organismo al país
Preocupante poder del Ejército en México: CIDH
Ť Debe revisarse la situación, porque está en entredicho solución de casos pendientes: Grossman
VICTOR BALLINAS
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, manifestó a los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que la ausencia de representantes del Ejército Mexicano en las reuniones para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que ese órgano emitió, "es preocupante y refleja el poder que aún tienen los militares en el gobierno".
Durante los dos días que la CIDH sostuvo reuniones con funcionarios de la cancillería, ONG y representantes de gobiernos estatales, fue notable la inasistencia de los militares, a pesar de que se les invitó a la mesa de trabajo, por lo que Grossman dijo: "ahora me queda claro que los militares siguen siendo un poder por encima de órganos del Ejecutivo".
Eso es preocupante, habría insistido Grossman -de acuerdo con versiones de algunos de los presentes en la reunión de la noche del miércoles-, porque "son un poder que se niega a aceptar las invitaciones de una institución civil de derechos humanos, y aunque reconozco la voluntad del gobierno federal para colaborar, la actuación del Ejército deja mucho que pensar".
Las ONG presentes en las reuniones de trabajo fueron la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (Afadem) y Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, entre otras.
El presidente de la CIDH dijo a los dirigentes de las ONG que es importante que se evalúe esa situación, "porque sin la participación del Ejército se pone en entredicho la solución de los casos pendientes, y demuestran que son otro poder aún muy fuerte".
Ayer, en dos conferencias de prensa, las ONG hicieron un balance de la visita del presidente de la CIDH, y manifestaron que "fue un primer paso, pero aún faltan los hechos. Hubo diálogo, asistieron procuradores de Justicia de Chiapas y Morelos, el fiscal especial para el caso del ejido Morelia y el director de derechos humanos de la PGR, entre otros, pero será en Washington, en la sede de la CIDH, a finales de septiembre próximo, o principios de octubre, cuando se haga una revisión de los avances a los acuerdos pactados en esta visita".
"Fox debe ponerse los pantalones"
Arturo Recazens, de ACAT, dijo que "Fox debe ponerse los pantalones y llamar a los militares a las reuniones de evaluación del seguimiento de las recomendaciones, porque en la gran mayoría de los casos denunciados, los acusados de violadores de derechos son militares".
Edgar Cortez, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que es necesario revisar el Código Militar, porque "ninguna ley, ordenamiento o reglamento está por encima de la Constitución, y si es necesario reformar la Carta Magna para establecer con claridad que los delitos de violaciones a derechos humanos por parte de militares contra civiles deben ser investigados y sancionados por la justicia civil, hay que hacerlo".
Cuando se trató el seguimiento a las recomendación de la CIDH al caso del general Francisco Gallardo, el hijo del militar preguntó a la embajadora especial, Mariclaire Acosta: Ƒquién nos asegura que los acuerdos aceptados en la mesa los va a acatar el Ejército?, pues no están aquí. Grossman dijo en ese momento a Acosta que hubiera sido deseable que los militares estuvieran presentes para escuchar sus propuestas. La embajadora aseguró que lo que se acuerde lo van a respetar.
Por su parte, la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Adriana Carmona, afirmó que "aunque se formaron grupos de trabajo para revisar los casos de Aguas Blancas y de las tres indígenas violadas en Ocosingo y se nombró un fiscal especial para el ejido Morelia, los informes no fueron lo completo que se esperaría".
En esto coincidió la ONG Todos los Derechos para Todos. "El mismo Grossman constató la insuficiencia de los informes, y por ello propuso una nueva reunión para dar seguimiento a las recomendaciones a México".
Michael Chamberlin, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, expuso que "el gobierno mexicano por primera vez aceptó su responsabilidad y manifestó disposición a la reparación del daño. Actualmente hay 27 casos en la CIDH sobre casos de violación de derechos humanos en el país, nueve de ellas tienen recomendaciones.
En el caso de Aguas Blancas, se demandó castigo a los responsables, porque la recomendación de la CNDH, la resolución de la Corte y la decisión de la CIDH indican que se investigue y sancione a los responsables, y se requiere castigo para que esos actos no se repitan.