Se compromete México a defender derechos y reducir vulnerabilidades
 
 

La Declaración de Compromiso de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobada el pasado 27 de junio en la ciudad de Nueva York, establece por vez primera lineamientos normativos para enfrentar globalmente la epidemia del VIH/sida. Se trata de un documento valioso que, aplicado por el conjunto de los países miembros de ese organismo mundial, permitirá canalizar todos los recursos y esfuerzos disponibles en una misma estrategia. México suscribió ese documento adhiriéndose, así, al esfuerzo internacional por optimizar el uso de los recursos existentes, pero también para involucrar al sector privado y la industria farmacéutica en tareas de participación.

Si bien muchos aspectos contenidos en la Declaración ya están previstos en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, elaborada desde 1993 y actualizada en el 2001, es importante subrayar que además de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención, el gobierno mexicano observa con especial interés la necesidad de impulsar mayores acciones en el ámbito educativo para dar prioridad a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, pero también para defender y promover los derechos humanos de quienes viven con VIH/sida. Por ello, a través de Conasida la Secretaría de Salud impulsará acciones concretas para reducir la vulnerabilidad al VIH/sida y para defender los derechos humanos de quienes viven en esa condición.
 
 

Reducir la vulnerabilidad

México buscará los mecanismos para disminuir los factores que generan vulnerabilidad frente al VIH/sida. La ONU identificó como parte de esos elementos al subdesarrollo, la falta de seguridad económica, la pobreza, la falta de poder de la mujer, la falta de educación, la exclusión social, el analfabetismo, la discriminación, la falta de información o de productos para autoprotegerse y todo tipo de explotación sexual de mujeres, niñas y niños.

En la delegación mexicana asistieron representantes del Congreso, es de esperarse que en ese órgano colegiado se establezcan prioridades para incidir, a través de reformas legislativas, en el diagnóstico estructural antes señalado.

Por otro lado, resulta necesario impulsar medidas para que las mujeres y las adolescentes estén en mejores condiciones de protegerse del riesgo de transmisión sexual, lo cual presupone otorgar "poder" de decisión para que sea ella misma quien se proteja a través de servicios de salud sexual y reproductiva. Igualmente, se incluye la importancia de afianzar estrategias, normas y programas que reconozcan la importancia de la familia para reducir la vulnerabilidad, así como dar acceso a niñas y niños en la enseñanza primaria y secundaria, con programas de estudios para adolescentes que incluyan VIH/sida.

Es preciso referir que la política mexicana de prevención hacia los grupos vulnerables incluye el trabajo en hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras/es de sexo comercial y usuarios de drogas intravenosas, lineamientos que no se incluyeron en el documento ya referido, a propuesta de los países islámicos.
 
 

Derechos humanos

En esta materia, México también asume su voluntad de impulsar acciones específicas para asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con VIH/sida, particularmente el acceso a la educación, el derecho de sucesión, empleo, atención de la salud, servicios sociales, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección legal, respetando al mismo tiempo la intimidad y confidencialidad, pero estableciendo estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la pandemia.

La Declaración de Compromiso precisa la importancia de establecer un marco jurídico y normativo nacional que proteja en el lugar de trabajo los derechos y la dignidad de las personas con VIH/sida. Asimismo, recomienda ajustar y adaptar la política económica y de desarrollo social, incluida la protección social, para hacer frente a los efectos de esta enfermedad.

Este decreto establece metas concretas a cumplirse en el 2003, 2005 y 2010, y formula mecanismos que permiten dar seguimiento a los compromisos adquiridos en el nivel internacional con la participación activa de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH/sida.