En una entrevista radiofónica, el presidente Vicente Fox rechazó ayer que exista continuidad entre la política económica del zedillismo y la actual. Salvo por coincidencias en el manejo de las variables macroeconómicas y de "disciplina", dijo, el presente gobierno se deslinda del anterior en "la parte creativa de la economía" y en el impulso al desarrollo regional y a la micro, pequeña y mediana empresas.

El mandatario omitió que, además de la disciplina fiscal y la "ortodoxia que hace a una economía fuerte", entre los sexenios anteriores (Salinas y Zedillo, al menos) y el presente existe el denominador común de las tendencias privatizadoras a ultranza.

Dos ejemplos ilustran este factor de similitud entre el manejo económico foxista y el de los últimos gobernantes priístas. Uno de ellos es el empeño gubernamental por deshacerse de Cintra, la controladora que posee la mayoría accionaria de las dos principales líneas aéreas nacionales, Mexicana y Aeroméxico, y por transferir tales empresas a manos privadas. 

El otro es la persistencia oficial en señalar que la industria eléctrica nacional requiere de capitales privados para no estancarse y seguir generando energía en los próximos años, idea inventada por los operadores económicos de Zedillo y gustosamente heredada y adoptada por los de Fox.

El asunto de las líneas aéreas es un buen ejemplo de fundamentalismo neoliberal, para el cual ni siquiera es admisible cuestionar la pertinencia de desincorporar esas empresas. 

Se actúa, en este terreno, por reflejo ideológico y partiendo de axiomas --parcial o totalmente falsos, desde luego-- como que el Estado es, per se, un mal administrador, y que preservar en alguna medida la propiedad pública es necesariamente una mala señal e, incluso, un gesto de hostilidad a la inversión extranjera.

Dejando de lado las falacias implícitas en tales argumentos, hay al menos tres razones para no desincorporar las aerolíneas: la primera es que, toda vez que ambas empresas operan con números negros, constituyen una fuente de ingresos para las exánimes arcas públicas. 

La segunda es que en las administraciones privadas de Taesa y Mexicana hubo, en el pasado inmediato, desfalcos, corruptelas y manejos irregulares --recuérdense las imputaciones contra Gerardo de Prevoisin y las extendidas sospechas sobre la presencia de narcocapitales en Taesa-- que acaso no habrían tenido lugar si esas compañías hubiesen pertenecido al sector público. 

La tercera, sin duda la más importante, es que el transporte aéreo constituye una actividad estratégica para el país, que no debiera dejarse librada a los vaivenes de la bolsa y del libre mercado. Así lo hizo el gobierno de Carlos Menem con Aerolíneas Argentinas, que fueron vendidas a Iberia, empresa que se dedicó a saquear y depredar a la compañía sudamericana hasta provocar que hoy los argentinos estén a punto de quedarse sin línea aérea nacional.

Con respecto a la industria eléctrica, ayer el subsecretario de Energía, Nicéforo Guerrero, declaró que la reforma al sector eléctrico buscaría convertir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en "unidades de negocio", a fin de captar inversiones privadas por los 50 mil millones de dólares que se requieren, a decir del director de CFE, Alfredo Elías Ayub, para atender la demanda de energía eléctrica en los próximos 10 años.

Curiosamente, esa cifra, 50 mil millones de dólares, es exactamente lo que cuesta al país cada año la extendida corrupción que dejó el priísmo, según el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio.

En otros términos, es concebible que el gobierno de Fox se empeñe en el saneamiento de la administración pública, rescate al menos parte de los recursos que hoy se privatizan --de manera ilegal--, cubra con ellos las inversiones requeridas para asegurar el abasto energético en las próximas décadas y mantenga en manos de la Nación un sector que tampoco debe quedar al albedrío irracional del mercado mundial de capitales.