JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001

Ť Luz Margarita Malo, directora del Centro de Atención al Indígena Migrante

Clientelar, la política social del GDF

Ť Los programas dirigidos a grupos vulnerables tienen una buena dosis de asistencialismo, dice

Ť La ayuda económica que se les otorga se pierde en la necesidad generalizada de este sector

BERTHA TERESA RAMIREZ

Con otra visión sobre el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de la capital, el Gobierno del Distrito Federal dio un giro de 180 grados en la política social que impulsó la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía la finalidad de evitar el control corporativo de las clases más necesitadas, y regresó a las prácticas clientelares del pasado, declaró la directora del Centro de Atención al Indígena Migrante (Catim), Luz Margarita Malo.

Señaló que el presupuesto destinado por el Gobierno del Distrito Federal a los programas de becas escolares y apoyos a discapacitados y ancianos implicó que se redujera 60 por ciento el presupuesto de coinversión de la administración capitalina con asociaciones civiles que trabajan con grupos vulnerables.

Entrevistada en las instalaciones de dicho centro, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional Holandesa (Novid), indicó que dicha reducción constituye un golpe a la coinversión social que impulsó el gobierno anterior para conjuntar el esfuerzo de la cooperación internacional, las organizaciones civiles y la administración local, que perseguía una apuesta común: "generar un nuevo modelo de relación entre el gobierno y la sociedad civil que apoya a los grupos más desfavorecidos de la sociedad".

Cambio de enfoques

Sin embargo, con el modelo actual, "la política de Andrés Manuel López Obrador y Raquel Sosa, secretaria de Desarrollo Social, se modificó sustancialmente ese enfoque, quizás por un desconocimiento de los programas instaurados en la administración pasada, para aplicar una nueva política que, como dijo Raquel Sosa, busca derechos compensatorios para la población altamente vulnerable, como la de la tercera edad, discapacitados e indígenas".

Sosa aduce que "no es asistencialismo", según la entrevistada, pero nuestro punto de vista es diferente: en términos generales en dichos programas hay una buena dosis de asistencialismo puro, en el sentido de que generan ayudas, apoyos e incentivos económicos que no tienen garantizado un esquema de seguimiento ni de operación que permita que su impacto no sólo sea económico, sino cualitativo en el seno de las familias que se trata de beneficiar, y de esa forma nosotros pensamos que los apoyos económicos, sin seguimiento, se diluyen".

Señaló que el objetivo de las organizaciones civiles que trabajaron conjuntamente con las administraciones perredistas pasadas fue luchar contra la visión asistencial de apoyo a los grupos más vulnerables, con la finalidad de generar un nuevo modelo de desarrollo comunitario que permita a estos sectores ser autogestivos para no generar clientelismo ni dependencia de las instituciones o de las organizaciones civiles.

No obstante, agregó la entrevistada, "sabemos que no nos lleva a nada generar un ambiente de enfrentamiento y, por lo contrario, estamos abiertos a buscar los consensos y el diálogo para dar continuidad a la retroalimentación de las experiencias del gobierno y la sociedad civil". Indicó que el apoyo legal y el programa de registro civil fueron los más afectados por la reducción del presupuesto de coinversión.

Incumplimiento de compromisos

Por otra parte, hasta las oficinas del Catim llegaron ayer indígenas a denunciar que han sido objeto de engaño. Silvia de Jesús Maya y Josefina Flores Romualdo, indígenas mazahuas, indicaron que hasta el momento el Gobierno del Distrito Federal no ha hecho efectivo el pago de 600 pesos mensuales a que se comprometió desde mayo pasado para apoyar actividades educativas entre grupos vulnerables.

Recordaron que hace dos meses, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, entregó en un acto oficial una tarjeta de débito de Banamex, a cuya cuenta el gobierno capitalino les depositaría dicha mensualidad como parte del Programa de Becas Escolares.

Sin embargo, las integrantes de esa comunidad señalaron que el área de participación ciudadana del gobierno local las ha hecho dar muchas vueltas, sin que nadie se haga responsable de aclararles a qué se debe que a la fecha no les hayan depositado esos recursos, mientras que en el número telefónico que se les proporcionó para tener información sobre el Programa de Becas nadie contesta.

Silvia de Jesús Maya, presidenta del grupo La Mansión, Asociación Civil, dijo que es ilógico que a los indígenas se les niegue la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, e indicó que si López Obrador impulsó el programa de becas y ha manifestado que ya dio bastantes beneficios para los más necesitados en la ciudad, "yo siento que no es cierto, porque en este momento los más necesitados somos los indígenas, pues la ignorancia y la pobreza que enfrentamos al llegar a la ciudad nos impide en muchas ocasiones impulsar todo lo necesario a nuestros hijos para que acudan a la escuela, y muchos no alcanzan a concluir los estudios de la primaria y regresan a vender como nosotros en las calles del Centro Histórico y a ser perseguidos como si fueran delincuentes".

Indicó que en mayo pasado el Gobierno del Distrito Federal entregó a su organización 12 tarjetas de débito para cobrar igual número de becas; no obstante, hasta el momento no han tenido ningún beneficio. "Pero eso sí, se lucen en los periódicos y en la televisión con que han dado recursos, y eso es mentira. Entonces no es justo que nos engañen".

Suma de carencias

La indígena mazahua dijo que la comunidad esperaba esos recursos, pues el tiempo de lluvia apremia y sus necesidades son muchas en La Mansión. La vecindad ubicada en la calle de la Santa Veracruz "casi se nos cae"; la delegada Dolores Padierna "nos prohíbe la venta de nuestros productos, no hay dinero, esperábamos al menos la beca para evitar que los niños tengan que regresar a la calle a vender", dijo casi a punto del llanto.

Apenas se retiraba de la oficina cuando Josefina Flores Romualdo, otra indígena mazahua, ingresaba para denunciar que supuestamente el 5 de mayo se iba a dar el primer pago, después que no, que sería el 15, "entonces yo digo que hablen claro y que entonces no se lamenten de que hay más comerciantes en el Centro Histórico".

Como indígenas "nos sentimos discriminados porque las becas se las están dando a gente que realmente no las necesita, y al que sí, tal vez como nos hemos manifestado como indígenas, creen que somos minoría, pero somos mayoría y quizás por eso nos hagan menos.

"Yo entiendo que indígenas y no indígenas necesitamos este apoyo, pero es necesario que estos programas se evalúen para que los recursos lleguen a la gente que realmente lo necesita y que no den las cosas al aventón, porque es un dinero que se necesita en muchas cosas, como para tirarlo a la basura".