JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001

MEXICO S.A.

Carlos Fernández-Vega

CUPIDO PEGO Y PEGO duro: la economía mexicana crecerá, "con suerte", entre 2.5 y 3 por ciento a lo largo de 2001, sostuvo el presidente Fox obsequiando, con ello, un generoso espaldarazo a su cartomántico coordinador de Políticas Públicas, Eduardo Sojo, quien el martes aseguró que el avance en este renglón será de 3 por ciento.

PERO SIEMPRE FALLA algo: las cifras expuestas por el recién casado no cuadran. Ayer, el personaje que -todo indica- ocuparía la portada en la siguiente edición de la revista Hola, declaró a Infored que el producto interno bruto del país se incrementará entre 1.5 y 2 por ciento en el segundo y tercer trimestres del año y de 3.5 a 4 por ciento en el cuarto, consolidándose, así, el 2.5-3 por ciento en 2001. Independientemente de que el optimismo es desbordante, si se hacen las cuentas con base en los números presidenciales, el crecimiento anual fluctuaría entre 2.1 y 2.47 por ciento. No más.

Y MIENTRAS LA ilusión ("tenemos una economía con gran estabilidad" -Fox dixit-) se mantiene, en Los Pinos ya se cocina el segundo recorte presupuestal de la temporada. El nuevo tijeretazo se anunciaría en los primeros días de agosto, una vez que se conozca detalladamente el comportamiento de los ingresos públicos durante el segundo trimestre del año.

DE ACUERDO CON el más reciente informe que sobre el particular difundió la Secretaría de Hacienda, en el quinto mes del año los ingresos tributarios reportaron un descenso de 4.8 por ciento. En mayo de 2000 la captación fiscal sumó 46 mil 733.6 millones de pesos, mientras en igual lapso de 2001 ascendio a 44 mil 505.2 millones, es decir, una diferencia líquida, en términos reales, de 2 mil 228.4 millones de pesos.

LA RECAUDACION DE los impuestos sobre la renta (ISR) se redujo 2.4 por ciento en términos reales, al valor agregado (IVA) 11.1 por ciento y a la importación 16.3 por ciento. En este renglón, sólo el gravamen especial sobre producción y servicios mostró avance: 15.7 por ciento. Asimismo, los ingresos no tributarios bajaron 9.1 por ciento y los petroleros 7.8 por ciento, mientras los generados por empresas y organismos del sector público crecieron 20.2 por ciento. Todas las cifras corresponden a mayo de 2001 y se comparan con igual mes de 2000.

A PESAR DE ello, el gobierno federal obtuvo un superávit público de mil 739.6 millones de pesos, contra un déficit de 91.4 millones en mayo del 2000. Y también, a pesar de ello, viene el nuevo recorte presupuestal, dada la prioridad fondomonetarista de la administración Fox de alcanzar, cueste lo que cueste, la meta de un déficit público de 0.65 por ciento del producto interno bruto, comprometida en los Criterios Generales de Política Económica 2001.

CON TAN SOLO unos cuantos días de diferencia, los subsecretarios de Ingresos, Rubén Aguirre, y Egresos, Carlos Hurtado López, de la Secretaría de Hacienda, hicieron el "preanuncio" del nuevo tijeretazo, al "no descartar" esa posibilidad. El gobierno del cambio se estrenó en estos menesteres en mayo, cuando Francisco Gil y Eduardo Sojo hicieron público el recorte de 3 mil 375 millones de pesos al presupuesto federal.

TAL VEZ POR llevar la contraria, el subsecretario de Ingresos dijo que la recaudación fiscal tiende a ser menor por la caída de la actividad económica, como se vio en los primeros meses del año. El hecho es que en el segundo trimestr, la tendencia a la baja en la captación de los principales impuestos se mantiene, especialmente en los casos del IVA y el ISR. Por ello "no se pueden descartar los recortes; eso hay que verlo con la información consolidada de los tres meses (abril-junio), cómo van los ingresos, cómo los gastos. Y la regla básica: no podemos gastar más de lo que ingresamos".

EN EL MISMO sentido se había pronunciado el subsecretario de Egresos, aunque adelantándose a las críticas: "el jefe del Ejecutivo tiene la facultad de modificar el gasto público en caso de que las cosas no vayan como se previeron originalmente en la elaboración del presupuesto". Por lo que toca a los sectores que resultarían afectados por este segundo tijeretazo, el funcionario señaló, con una claridad envidiable, que "margen no hay tal cual, es decir, siempre se puede recortar el gasto, siempre se puede modificar y siempre hay que afectar programas porque, digamos, sobrantes no hay, de entrada, entonces no hay adaptaciones o recortes al gasto que no tengan consecuencias, todos ellos tienen: lo que buscamos, cuando hacemos esto, es que tengan las menores consecuencias en términos sociales". Transparente, como el agua.

MIENTRAS SE CLARIFICA cómo, cuándo y dónde se dará el segundo tijeretazo al presupuesto público, la Cámara de Diputados aguarda la llegada del próximo martes, día en que vence el "plazo máximo" del nuevo requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Presidencia de la República para que entregue -esta vez completa- al poder Legislativo la información relativa a los fideicomisos de Banca Unión.

SI DE PLAZOS y requerimientos se trata, la Cámara de Diputados mantiene su disposición de destapar la cloaca Fobaproa. Para alcanzar su objetivo también apercibió al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Julio César Méndez, para que entregue (como máximo el próximo 15 de agosto) los informes relativos a 36 operaciones de créditos reportables identificadas por el auditor canadiense Michael Mackey en bancos intervenidos por el gobierno federal y los expedientes completos sobre los procesos de "saneamiento" de nueve instituciones financieras, entre ellas Banamex, cuyos dueños ya se celebran la venta a Citigroup, libre de impuestos.

LOS LEGISLADORES ADVIRTIERON a Méndez que el IPAB debe sustentar la razón por la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha transferido al instituto los 12 bancos intervenidos y que tiene bajo su responsabilidad administrativa. El heredero del Fobaproa ha incumplido durante casi un año la petición para que se revisen las transacciones reportables de los créditos que no cumplieron las normas originalmente establecidas.

POR CIERTO, LOS créditos reportables de Banamex, identificados por la auditoría Mackey, ascienden a casi 4 mil 100 millones de pesos, y entre las operaciones más generosas concedidas por los todavía directivos de esa institución (Roberto Hernández y Alfredo Harp) destacan las siguientes: 3 mil 206 financiamientos concedidos al Fira (fideicomiso del Banco de México) por un total de mil 385.5 millones de pesos; 592 a Nacional Financiera, por 349.78 millones; 45 al Fifomin, por 247.77 millones; 14 a Fomex, por 70.99 millones; 14 al Fidec, por 37.3 millones y 14 al Banco Nacional de Comercio Exterior, por 11.88 millones. Coincidencias de la vida: salvo Bancomext, las demás instituciones son fideicomisos públicos, parecidos, en mucho, a los de Banca Unión, cuyo contenido el gobierno federal se ha negado a entregar. Esperemos que el próximo martes se cumpla con la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las rebanadas del pastel:

FELIZMENTE, ANTES DE que se practique el recorte presupuestal, el gobierno federal echó a andar su política del cambio en materia de rescates privados. Ahora le corresponde, por segunda ocasión, a los empresarios del azúcar. También por segunda ocasión, los recursos públicos del Bancomext serán utilizados en esta noble tarea. En esta oportunidad, serán 250 los millones de dólares destinados al "salvamento", que se sumarán a los 500 millones de dólares ya ejercidos.

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