JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001

Ť Diferendo por la aplicación del reglamento de la ley del servicio de energía eléctrica

Entregó el Congreso a la Corte controversia contra Fox

Ť Reiteran legisladores compromiso a acatar la disposición del máximo tribunal del país

JESUS ARANDA

El Congreso de la Unión presentó ayer ante la Suprema Corte la demanda vía controversia constitucional en contra del Presidente de la República por la aplicación del reglamento de la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica. El senador Manuel Bartlett advirtió que la Secretaría de Energía deberá tener "un gran cuidado" en continuar aplicando el reglamento en cuestión, porque está en entredicho su legalidad, y su eventual aplicación afectaría a terceros.

Después de entregar oficialmente al presidente de la Corte, Genaro David Góngora Pimentel, una copia de la demanda -la original la presentó ante la oficilía de partes del máximo tribunal-, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Jackson, señaló que la decisión de presentar el recurso se fundamenta en que la SCJN "es una de las fortalezas de la República, es parte del prestigio y de la seguridad que tenemos del respeto al marco del derecho".

Es la primera ocasión en que el Congreso de la Unión en su conjunto demanda al Ejecutivo vía controversia constitucional; esta vez, los ministros tendrán que determinar si es legal que el Presidente, a través de la expedición de reglamentos, puede ir más allá de lo que establece la ley en la materia, o bien, sólo puede reglamentar lo expresamente contemplado en la ley.

Aun cuando la demanda fue firmada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo García Cervantes, sólo legisladores priístas y perredistas acudieron al edificio sede de la Corte a acompañar a Jackson, quienes iban encabezados por el líder de la fracción del PRD en el Senado, Jesús Ortega, y por Manuel Bartlett y Salvador Rocha Díaz, senador y diputado del PRI, respectivamente.

Actuación "apegada a derecho"

Los panistas habían señalado que aunque están en favor de que la Corte resuelva este diferendo entre poderes, desde su punto de vista la actuación del presidente Vicente Fox al emitir el citado reglamento está apegada a derecho.

La comisión de legisladores externó a Góngora Pimentel su "absoluta confianza" en la seriedad y el rigor jurídico de la Corte, además de que "es sano para la República el venir a que el Judicial dirima una diferencia entre los otros dos poderes.

"Es la manera más civilizada y responsable de resolver un asunto en el que tenemos diferencia de opinión -el Congreso y el Presidente-", dijo Jackson, quien aprovechó también para comprometer al Legislativo en su conjunto a acatar la resolución que adopte el máximo tribunal de justicia en el país. En respuesta, Góngora Pimentel se comprometió a que la Corte actuará conforme a las disposiciones establecidas. De inmediato se turnó el asunto para iniciar el trámite respectivo.

En conferencia de prensa, el diputado priísta Salvador Rocha Díaz -ex ministro de la Suprema Corte- dijo que "salvo la mejor visión del Ejecutivo", la controversia es un tema estrictamente de derecho, con el propósito de determinar si el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicado el 24 de mayo pasado, excede las disposiciones de la legislación en la materia.

Fuentes del tribunal explicaron que en este asunto no procede la suspensión -es decir, que el reglamento quedara sin efecto en tanto se resuelve en definitiva la controversia-, porque de acuerdo con una jurisprudencia de la Corte, la suspensión no se aplica contra normas generales, como lo es el reglamento.

A su vez, Rocha explicó que la controversia en contra del Ejecutivo se fundamenta en que el citado reglamento viola la ley en la materia, porque ésta, en su artículo 135 original, establecía que los permisionarios con excedentes de energía que produjeran 20 megawatts o menos podrían celebrar convenios para entregar dicha energía a la Comisión Federal de Electricidad; en cambio, con la nueva disposición se señala que dicha entrega será de hasta 50 por ciento de la capacidad total instalada, cuando se trate de permisionarios con capacidad superior a 40 megawatts, lo que no está en la ley, y por tanto la excede.

En segundo lugar, añadió, el reglamento impugnado establece que este porcentaje puede ser modificado por la Secretaría de Energía cuando lo requieran la prestación del servicio público y el nivel de reserva del sistema eléctrico nacional, "lo cual igualmente no está contemplado por la ley y no se puede dar al secretario de Energía la facultad de señalar un porcentaje que en principio le corresponde al legislador".

En tercer lugar, Rocha señaló que al permitir la nueva disposición la compra de excedentes de energía sin necesidad de convocatoria, se rompe el régimen establecido en el artículo 134 constitucional y en toda la legislación, en el sentido de que las compras que hace el sector público deben ser siempre a través de subasta y convocatoria pública".