JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001
Ť Conflicto de intereses
Nuevas críticas en San Lázaro al papel de vocales del IPAB
RENATO DAVALOS
La controversia entre los vocales ejecutivos del IPAB y la secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la secretaría ejecutiva del instituto no se ha detenido e incluso se profundiza. Las misivas y quejas continúan. Mientras, un grupo de legisladores criticó el pasado de algunos de los vocales por el conflicto de intereses en que incurrieron al formar parte de instituciones crediticias en el rescate bancario.
Adicionalmente, en sendas cartas conocidas ayer, el coordinador perredista senatorial, Jesús Ortega, reclama al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el incumplimiento en que se ha incurrido al no proporcionar la información requerida por los legisladores sobre el rescate bancario. En la misiva le pide incluso que aplique sanciones al vocal Julio César Méndez por soslayar un acuerdo legislativo sobre el IPAB en septiembre pasado.
Asimismo pide al titular de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, que investigue el caso y que aplique a los responsables de las irregularidades las sanciones que correspondan.
Examen de expedientes
Mientras, legisladores de la Comisión de Vigilancia criticaron los expedientes de los vocales ejecutivos. De Adalberto Gómez señalan su gestión en Citibank y en Bankers Trust. Además, su desempeño por dos años en Serfin como presidente del consejo administrativo. Afirmaron que éste debería explicar la relación prevaleciente entre Bankers Trust y Deutsche Bank con empresas que hoy administran créditos de Bancrecer. Las interrogantes van también en el sentido de su influencia en la venta de cartera del Banco Obrero a Bankers Trust.
En el caso de Humberto Murrieta recordaron que como auditor externo de muchos bancos rescatados por el Fobaproa no cumplió con su obligación de informar a los accionistas de Banca Unión, Banca Cremi, Confía y Bancrecer sobre las auditorías a esas instituciones. Hoy la gente no sabe sí tenía acciones de Banco Unión o de otra institución en la que prestó sus servicios contables.
Pese a que en los estados financieros de esas sociedades bancarias no se reflejaron pérdidas inciales, al paso de unos pocos meses significaron costos cercanos a los 100 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere a Alejandro Creel, se señala su paso como empleado de Inverlat. Los legisladores se preguntan sí promovió o no frente al Fobaproba algunas restructuraciones o daciones en pago o quitas para grandes empresas clientes del banco. Incluso se presume que formuló propuestas como funcionario de Invertlat en el caso de los grandes deudores del Fobaproa, como el caso de la familia Ballesteros.
No se sabe si fue accionista de alguna empresa de Inverlat o sí ha renunciado a participar en el esquema de recuperación de los accionistas de ese grupo.
Algunos de los legisladores juzgan que se está produciendo un enorme conflicto entre Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el secretario ejecutivo del IPAB y los vocales de éste, a quienes han solicitado información sobre el proceso de rescate bancario.