JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001
Ť Una auditoría interna comprueba la transferencia
Fondos de Banca Unión fueron desviados a la campaña de Zedillo
ISRAEL RODRIGUEZ J.
Una auditoría realizada a Banco Unión demostró que una parte de los recursos desviados y que ocasionaron el quebrantó de esta institución, cuyo rescate fue ejecutado por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), fueron canalizados a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo en 1994.
Los próximos días 10 y 11 vencen los plazos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó al Ejecutivo para presentar la documentación de los expedientes de las empresas San Carlos, World Trade de México, Lomas Mil, Del Valle, Zapata y Asociados, Real Turismo y Grupo Comercial Alvi, propiedad de Carlos Cabal Peniche.
Una auditoría interna a Banco Unión, fechada el 13 de diciembre de 1994 y firmada por el contador público Josué Peláez Rueda, documenta la constitución, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de al menos un fideicomiso en Banco Unión en la ciudad de México.
El fideicomiso, con el número 2929-4 Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banco Unión, fue constituido el 22 de julio de 1993 y firman como fideicomitentes Fernando Ortiz Arana y Car- los Enrique Sales Gutiérrez, presidente y secretario de finanzas del PRI, respectivamente.
Los fondos para alimentar el fideicomiso provinieron de la cuenta concentradora 964004-5, a nombre de Administración Fiduciaria por Cuenta de Terceros. Los recursos para esta cuenta fueron obtenidos mediante créditos quirografarios, sin garantía, otorgados por Banco Unión a empresas de reciente creación y vinculadas con Carlos Cabal.
La auditoría precisa que el 26 de julio de ese año la totalidad de los documentos fueron negociados en la matriz de Banco Unión en la ciudad de México y depositada en la cuenta de cheques 964004-5, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Las conclusiones establecen que la transferencia de los 60 cheques de caja amparaban un monto de 47 millones 175 mil pesos de aquella época. El documento asegura que estas operaciones contables se realizaron "fuera de toda sana práctica bancaria, en virtud de que se simuló que se estaban iniciando partidas de crédito que en distintas sucursales del interior de la República serían correspondidas, situación que no se dio".
Otra auditoría efectuada a Banco Unión, fechada el 17 de enero de 1996, corresponde a un crédito por 80 millones de dólares que otorgó en noviembre de 1993 a la empresa Alfil y Asociados para efectuar operaciones de comercio exterior y/o cartas de crédito.
En la auditoría -cuya copia obra en poder de La Jornada-, dirigida a Gustavo Escalante Patiño, director corporativo jurídico de Banco Unión en 1996, se demuestra que con el crédito por 80 millones de dólares se abrieron dos cuentas de cheques en Unión, las cuales llevan los números 968970-2 y 967192-7, a nombre de Alfil y Asociados "sin recabar el dictamen jurídico de la escritura constitutiva y poderes vigentes.
En el análisis correspondiente se establece que tampoco se realizó una visita al domicilio del cuentahabiente para corroborar los datos proporcionados. La autorización del crédito a la empresa, detalla la auditoría, "se realizó en desapego a la normatividad establecida en materia de crédito", dado que no se estimó la viabilidad económica de la inversión, no hubo estudio de crédito, ni dictamen jurídico del acta constitutiva de la sociedad.