jueves Ť 5 Ť julio Ť 2001
Francisco López Bárcenas
La reforma rechazada
Hasta el día 26 de junio veinte legislaturas estatales habían sometido a votación el dictamen de reforma constitucional para reconocer los derechos indígenas, aprobado en abril por el Congreso de la Unión; de éstas, doce lo habían hecho a favor y ocho en contra, descontando Morelos, que también votó en contra pero se invalidó el proceso. De acuerdo con lo dispuesto por nuestra propia Carta Magna, para que el dictamen de reforma pase a formar parte de la Constitución federal se necesitan, además de la aprobación del Congreso de la Unión, la de la mayoría de las legislaturas estatales, en este caso dieciséis. A estas alturas del debate los votos de los congresos parecen haber pasado a segundo término; de los once estados que faltan por debatir el proyecto de reforma es probable que la mitad de ellos den su voto aprobatorio, con lo cual técnicamente la reforma estaría aprobada y el dictamen pasaría a formar parte de nuestra Carta Magna.
El problema está en otras partes. Como se sabe, días después de que el dictamen fue votado en el Congreso de la Unión recibió el rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluso retiró su enlace ante el gobierno de la República. Junto con ese rechazo vino el de las organizaciones y pueblos indígenas, marcadamente el del Congreso Nacional Indígena (CNI), la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) y el Movimiento Indígena Mexicano (MIM), de filiación priísta, entre las organizaciones nacionales. A nivel regional no ha habido estado donde el dictamen se haya discutido y votado en que no se presentaran muestras de rechazo indígena y sin que, por el contrario, se escucharan expresiones a favor. Si a esto añadimos las protestas de la sociedad civil, nacional e internacional, que se ha unido al rechazo, tenemos entonces que aunque la reforma llegue a aprobarse y se incorpore como parte de la Constitución federal, se tratará de la reforma más impugnada de la época contemporánea.
Este rechazo se vuelve más significativo si se toma en cuenta que entre los congresos estatales en los cuales la reforma recibió votos en contra se encuentran los de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y San Luis Potosí, entidades en las que se concentra una gran parte de la población indígena mexicana. El rechazo de la reforma en estos estados también es importante por motivos políticos y de paz social; Chiapas es el estado donde opera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el cual el gobierno federal firmó los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, que debieron servir de base para el reconocimiento constitucional de esos derechos; mientras Oaxaca y Guerrero son los estados con presencia de otros movimientos armados que frente al dictamen del Congreso de la Unión han llamado a la creación de gobiernos autónomos de facto.
Una reforma constitucional no es cualquier cosa. No se trata sólo de reformar una ley sino de modificar el pacto político a través del cual la sociedad establece las normas generales que deberán regir la conducta pública de sus miembros. Lo paradójico de este caso es que dichas normas se estén aprobando mientras los directamente afectados, los pueblos indígenas, expresan por todos los medios a su alcance que no son éstas las que necesitan para relacionarse con el resto de la sociedad y el Estado. Bien harían los legisladores en escuchar estos reclamos. Con ello estarían dando muestras de que estamos transitando a la democracia al tiempo que allanan el camino hacia la paz.