JUEVES Ť 5 Ť JULIO Ť 2001

Carlos Montemayor

ƑUn pacto nacional?

Para los griegos, en la democracia el poder pertenecía al demos o pueblo. Ahora el poder no radica en los pueblos ni en el Estado, sino en los grandes consorcios trasnacionales que se autodenominan "libre mercado". Para estos consorcios no es válido seguir diciendo que los gobiernos deben asegurar la libertad de los individuos, ni que la libertad de los pueblos significa la integridad de un Estado, ni que el mundo necesite de esa integridad. Para estos consorcios los gobiernos deben asegurar la libertad de los capitales y mercancías, no la de los seres humanos.

En los tiempos todavía no muy remotos de Juan Jacobo Rousseau, la soberanía popular y los derechos esenciales de los ciudadanos se derivaban fundamentalmente de un supuesto político, no histórico, llamado Contrato Social. No pacto nacional, sino social. No pacto de sectores económicos ni de mercado, sino social. La globalización está prescindiendo de ese supuesto. Hay una permanente abdicación de las soberanías en materia de política económica que los gobiernos actuales llaman modernización. Evidentemente que las reglas del comercio no las dictan ya los Estados; hay otro poder, tangible en términos financieros y políticos, por encima de ellos, a quienes dócilmente se han plegado las administraciones presidenciales de México en los últimos 19 años.

Sin embargo, solamente los sectores que gozan de bienestar social se desarrollan a plenitud tanto política como culturalmente. Una sociedad que excluya de ese beneficio de desarrollo pleno a la mayoría de su población (a más de 55 millones, como es nuestro caso) no puede ser democrática. En muchos países se confunde la estabilidad social con la violencia institucional de la pobreza, el analfabetismo o la desnutrición. La nueva idea de la naturaleza del hombre y sus derechos lleva a los gobiernos a sancionar legalmente la exclusión de grupos en muchas regiones del mundo sometidos a índices de pobreza extrema o a rechazarlos bajo un estereotipo que los deshumaniza y que usualmente se llama trabajador o migrante ilegal.

Resulta paradójico en la globalización el aumento de las organizaciones de defensa de derechos humanos cuando de manera desmesurada aumenta la pobreza en el mundo y los gobiernos se repliegan ante la fuerza de los organismos financieros internacionales. Es extraño que no veamos en este empobrecimiento una violación más profunda y definitiva de los derechos humanos. La miseria extrema cancela de manera definitiva el desarrollo intelectual, físico y político de millones de individuos en zonas urbanas y rurales. Esta cancelación de vida plena es en verdad equivalente a la cancelación de todos los derechos humanos.

Individuos, sectores, sociedades, regiones enteras del mundo pueden quedar excluidos de la vida productiva de las repúblicas. Para el actual modelo económico mundial ahora hay pueblos prescindibles. En la nueva imagen del mundo los pueblos prescindibles y sus territorios se localizan en una zona designada con un término aparentemente geográfico, pero que es más espiritual y político: se le llama Sur. Por el contrario, el ser humano pleno y sus regiones espirituales y políticas se localizan en los confines del planeta que espiritual y políticamente se llama Norte. Del Norte provienen las nuevas ideas sobre el ser humano, los derechos humanos, la democracia y el libre comercio. Estamos viviendo el desplazamiento de las categorías clásicas de la geografía y el ascenso de una nueva forma de composición política y económica del mundo en la que los países se definen con nuevos valores. Estamos, en materia económica, ante lo que en buen castellano y en el análisis del pensamiento político clásico debemos llamar un nuevo colonialismo.

Tal desplazamiento de valores geográficos implica también una restructuración de valores y contenidos culturales. Varios países del Norte ejercen una poderosa atracción para movimientos migratorios provenientes de la zona económica llamada del Sur. Es imposible cerrar fronteras a estos movimientos. Llegan asiáticos y sudamericanos a Estados Unidos, llegan asiáticos a Europa; llegan magrebíes y saharianos a España; llegan nigerianos y algerianos a Francia; llegan kurdos a Alemania. Este flujo permanente va abriendo de manera lenta las fronteras a contracorriente de lo que el modelo actual globalizador establece o supone.

Ahora no podemos entender la identidad cultural como algo que sólo se cohesiona a partir de un territorio específico, de un lazo que une a los pueblos con la tierra (es decir, con la geografía), la lengua, la familia y el trabajo. Cada uno de los nuevos núcleos de migrantes no son necesariamente un "nosotros", ahora son también "los otros" que "ellos" (los del Norte) no quieren. No hay solamente una dinámica interna cohesionante; también hay una dinámica exterior de identidad que se les va imponiendo a los núcleos migratorios como los "otros", presionándolos con otra identidad específica a quien infringe el pulcro modelo de fronteras cerradas a los hombres y de fronteras abiertas a mercancías y capitales.

Por otra parte, en Asia alcanzan la muy considerable cifra de 200 millones los individuos pertenecientes a diversas minorías étnicas. En Africa debemos hablar de al menos 15 millones. En nuestro continente los integrantes de los pueblos indígenas rebasan los 35 millones. Pero en muchos países resulta cada vez más claro que los derechos de las minorías no pueden subsumirse bajo la categoría de los derechos humanos, pues no atienden espacios básicos como el reconocimiento de las lenguas o la representación política proporcional nacional o étnica. Así pues, la globalización económica y sus efectos colonialistas no están uniformando las culturas, sino acentuándolas, particularmente por el hecho de que la globalización es una forma de imponer una cultura sobre las otras; como dicen en Japón, una forma de americanizar la economía, no de universalizarla.

Pues bien, decía al comenzar, que el pensamiento de Rousseau permitió estructurar el supuesto lógico y político, más que histórico, del Contrato Social como base del Estado moderno. La soberanía popular y los derechos fundamentales de los ciudadanos se derivaron naturalmente de tal supuesto político. El Estado fue entendido a partir de este pensamiento de una nueva manera. En la medida en que el Estado oprimiera o se alejara de los principios de la libertad y la igualdad ciudadana, estaría corrompiendo sus propios fundamentos sociales. A partir de aquí, y hasta muy entrado el siglo XX, las funciones de los gobiernos estaban encaminados, pues, hacia el fortalecimiento de la soberanía del Estado, al bienestar social de la República y al fortalecimiento de la libertad del hombre.

Ahora han ido transformándose los criterios básicos de la naturaleza social de los Estados. La globalización económica desplaza ya el sentido de las soberanías. El papel que los gobiernos deben desempañar se está frenando ante los intereses de los consorcios trasnacionales que se autodenominan "fuerzas del libre mercado". Estos intereses quieren alterar las nociones históricas de conceptos como libertad, bienestar social, gobierno o democracia.

En este contexto, Ƒqué entender por un pacto nacional o de unidad nacional? No el doblegamiento económico iniciado hace 19 años en México, instrumentado por las últimas tres administraciones presidenciales y retomada con singular entusiasmo por la actual. El gobierno del presidente Vicente Fox es el cuarto gobierno consecutivo orientado bajo esa perspectiva de un doblegamiento económico que no fue resultado de un pacto de unidad nacional, sino impuesto. No podemos aceptar como pacto la preeminencia de un sector favorecido por rescates financieros continuos primero en la banca, luego en carreteras y ahora en la industria azucarera. No podemos reconocer como voluntad de unidad nacional el rechazo a nuestra composición pluricultural y pluriétnica. Tampoco el acuerdo de solamente partidos políticos que se autoconsideran los límites de la nación, cuando en verdad son elites políticas. No es posible considerar como suficiente un pacto coyuntural destinado a sólo facilitar el ejercicio de un gobierno. Demos entenderlo como una necesaria reforma de estado que vincule más al estado mismo con los mexicanos y lo defiende más de la imposición salvaje y colonialista de la llamada globalización. Si no hay país que defender, no habrá pacto social alguno ni periodos de gobiernos federales; sólo sucesivas administraciones gerenciales para el enriquecimiento de consorcios trasnacionales y el empobrecimiento de mexicanos. Es decir, no el mejor camino para un nuevo pacto, sino para una mayor violencia social.