Ť Importante, la decisión de integrar grupo para reabrir el expediente: OCSS y Afadem

Acepta Mariclaire Acosta que una comisión gobierno-ONG revise el caso Aguas Blancas

Ť Buscará mecanismos jurídicos para atender recomendación sobre la matanza campesina

VICTOR BALLINAS

Ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, y organismos no gubernamentales (ONG) de defensa de derechos humanos, la embajadora especial Mariclaire Acosta aceptó que se forme una comisión del gobierno y organizaciones no gubernamentales para "revisar el caso de la masacre de Aguas Blancas", con el fin de encontrar mecanismos jurídicos para atender la recomendación de la CIDH que exige la "investigación y sanción de los responsables".

Hilario Mesino, fundador de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS), en Guerrero, acompañado de Enrique González, asesor jurídico del organismo, y Julio Mata, dirigente de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (Afadem), manifestaron al concluir la exposición del caso Aguas Blancas ante el presidente de la CIDH que "la decisión de integrar un grupo de trabajo para reabrir el caso es importante después de que se han dicho tantas cosas y que en el gobierno han permanecido sordos como tapia. Ahora ha mostrado una actitud diferente".

El grupo de trabajo para ese caso lo integrarán funcionarios del gobierno y los peticionarios --Centro Miguel Agustín Pro Juárez, OCSS, Afadem, PRD, Cejil y la Red Todos los Derechos Para Todos--, con la intención de buscar salidas jurídicas para sancionar a los responsables (autores materiales e intelectuales), porque se reconoció, apuntaron Mesino y González, que hubo violaciones a los derechos humanos, que los juicios fueron mal llevados y que las averiguaciones previas estuvieron integradas incorrectamente, entre otras cosas.

Profesor detenido y desaparecido

Hasta el edificio de la cancillería llegó la maestra Cándida Santiago Jiménez para exponer el caso de su marido, profesor Víctor Pineda Henestrosa, quien " fue detenido y desaparecido" por seis soldados del undécimo batallón de infantería.

Su detención desaparición, abundó Santiago Jiménez, "ocurrió hace 23 años --en 1978--, en pleno centro de Juchitán, Oaxaca, donde él estaba asignado como maestro de primaria". La aprehensión "ocurrió a las 10 de mañana, hubo testigos, se hizo la de-nuncia penal y el Ministerio Público sólo quiso tomar la declaración de tres testigos, aunque había muchos, porque con tres, di-jo, era suficiente".

La verdad, agregó, "es que nunca hicieron nada. Se presentaron testigos que identificaron al soldado Gabriel Espinosa Teherán y a los seis militares que participaron en la desaparición, pero nunca hicieron caso. Ahora nos dicen que ese soldado ya murió; yo quiero que me digan qué hicieron con mi marido, dónde lo tienen, qué le hicieron. Quiero que se haga una investigación y me digan qué fue lo que le pasó".

Este caso fue revisado por la CIDH, el gobierno y las ONG, en "los casos de solución amistosa".

En la reunión, la embajadora especial dijo que no estaba en condiciones "de tomar una decisión", pero, expuso a Grossman, "el te-ma de los derechos humanos es preocupación central del gobierno federal, sin embargo eso no significa que esto ya se refleje en la realidad cotidiana de los ciudadanos".

De acuerdo con la versión de quienes estuvieron en la reunión de trabajo entre la cancillería, la CIDH y las ONG, Acosta le recordó a Grossman que "tal como el canciller Jorge Castañeda lo dijo en la reunión de Ginebra, el gobierno está dispuesto a aceptar las recomendaciones".

En seguida habría aseverado que entre las acciones que se están llevando a cabo se encuentra el Acuerdo de Cooperación Técnica de Naciones Unidas, y aunque apenas es el principio, se trabaja en un viaje a Gi-nebra para negociar la segunda fase de ese convenio, que muy probablemente podría realizarse en agosto próximo.

También, la embajadora expuso que el gobierno negocia un acuerdo marco que incluye el establecimiento de una oficina del alto comisionado, que tendrá las funciones de asistencia y monitoreo de la situación de los derechos humanos.

Esto, comentaron las ONG, es importante porque significa que el gobierno acepta una oficina para monitorear la situación general de los derechos humanos en el país.

Luego dijo que se ha reinstalado la comisión secretarial en la que se piensa establecer un mecanismo de participación y ac-ción corresponsable con las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, y "habrá todo un proceso para concertar el mecanismo que tendrá como función dar seguimiento a las recomendaciones y evaluar su cumplimiento para fortalecer y armonizar el derecho in-terno con los acuerdos internacionales".

El director general de Derechos Humanos de la cancillería, Juan José Gómez Camacho, anunció que se prepara todo un paquete legislativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, "porque tenemos una legislación interna con muy poca vinculación con nuestras obligaciones internacionales".

Ese paquete considera reformas al artículo 133 constitucional para dotar a los instrumentos internacionales de derechos hu-manos de una jerarquía a nivel de la Constitución, "sólo en los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos".

También se propondrá una reforma al apartado B del artículo 20 constitucional en materia de derecho a víctimas y la tipificación como delito de la desaparición forzada, y una propuesta de reforma al 113 constitucional para definir la responsabilidad objetiva o patrimonial del Estado en materia de reparación del daño.