MIERCOLES Ť 4 Ť JULIO Ť 2001

CUIDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

Ť Negociaciones en lo oscurito

Ť Cartas marcadas de Barajas

EN TRES diferentes dependencias de importancia significativa en la política gubernamental existe igual número de denuncias que pondrían al descubierto algunos desvíos millonarios usados presuntamente para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa y que habrían salido de otras tres importantes dependencias del sector público.

ALGUNAS CONCIENCIAS alarmadas por el asunto dicen que las denuncias fueron firmadas por Alejandro Torres Palmer, subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, quien fue contralor en el IMSS durante la gestión de Arsenio Farell Cubillas en la dependencia. Según las denuncias, que aún no llegan a la PGR, las secretarías involucradas son: Agricultura, Pemex y, en menor cuantía, Gobernación.

HAY QUIEN dice que la relatoría de estos hechos, que pudieran ser ilegales, pretenden ser negociados en los oscurito y que por eso las denuncias no se ha formalizado hasta el momento. ƑSerá cierto?

Otra de denuncias


COMO EN cuento de hadas, al malvado azul un día le salió un chipote tricolor y tuvo que cargar con él por el resto de sus días.

USTED ME perdonará el símil, pero no se me ocurre nada mejor para ejemplificar la unión, el matrimonio político o el arrejunte del diputado local priísta Arturo Barajas Ruiz con los panistas Walter Widmer y Federico Doring.

Y ES que no se vale. El lunes pasado el priísta acudió a la Procuraduría General de la República a presentar otra denuncia en contra de Rosario Robles por la misma causa que ya había denunciado ante las autoridades judiciales de la ciudad de México, en compañía, claro está, de los panistas.

BARAJAS, NECESITADO con urgencia de algo de luz de los reflectores, hizo el camino de la denuncia como si tras de sí no existiera ninguna sospecha de su honestidad o como si no tuviera la conciencia limpia por su trabajo.

PERO LAS cosas no son tan sencillas. Cuando a alguien se le ocurre ponerse cínico, ni modo, se puede ir hasta la cocina, aunque muy pocos sean los que le ofrezcan la luz tan necesitada.

EL ASUNTO es que no hace mucho, en marzo de 1999, el Ministerio Público adscrito a la mesa tres especial de la Dirección General de Investigación de Robo a Bancos y Delincuencia Organizada acordó remitir la averiguación previa DRB/208/98-07 a la Dirección General de Consignaciones para que se elaborara el pliego respectivo, y se ejerciera acción penal por los delitos de despojo y uso de documento falso en contra del diputado Barajas.

Y ES que el priísta dice que construyó su casa en un predio propiedad del gobierno de la ciudad, que iba a ser destinado a un área verde, de esas que tanto necesita la ciudad y también la delegación Venustiano Carranza, donde se ubica la casa del señor diputado.

LAS AUTORIDADES, al percatarse del asunto, iniciaron la querella que le cuento y el representante popular presentó, para que nadie dudara de su honestidad, la escritura pública de compraventa 15,366, fechada el 2 de agosto de 1992 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el folio real 9541224.

ES DECIR, Barajas construyó su casa en un predio que le había sido vendido legalmente y punto, nada más qué agregar. Sin embargo, las autoridades de la delegación Venustiano Carranza consultaron a gente dedicada a la verificación de estos asuntos para saber qué había pasado con el terreno.

ENTONCES, LOS peritos Armando Cervantes Medina y Jorge Gutiérrez Riquelme realizaron un dictamen documentoscópico a la escritura pública y concluyeron: "es una fotocomposición la copia certificada del instrumento notarial 15,366 con relación al original de éste que se tuvo a la vista en el interior de las instalaciones del Archivo General de Notarías, por lo que se trata de un documento apócrifo".

LA SEGUNDA demanda en contra de Barajas se configuró -el uso de documento falso-, por lo que la autoridad pidió incluso el cateo de la casa del diputado ofendido por los gastos que realizó la señora Robles en comunicación social.

LA CONCLUSION de los especialistas no dejaba lugar a dudas y se continuaron las diligencias legales para hacer que el diputado regresara lo que aparentemente no era suyo, pero en abril de 1999 la juez 38 emitió su fallo y, como es natural, su juicio fue apegado a la ley y la justicia.

DIJO LA magistrada que con relación al delito de despojo estaba extinguida la acción penal por prescripción, es decir, por el transcurso del tiempo al no haberse formulado querella alguna en el término para ello, esto es, dentro del término de un año a partir de que la autoridad tuvo conocimiento del despojo, atento a lo que establece el artículo 107 del Código Penal para el Distrito Federal.

Y SEGUNDO, negó la orden de aprehensión por la comisión del delito de uso de documento falso, argumentando al efecto irregularidades en la averiguación previa (no declaró el indiciado) y porque no se mandó citar al notario público con respecto de la falsificación de la escritura de compraventa, para el efecto de contar con mayores elementos de prueba.

LA AUTORIDAD apeló el fallo y el 9 de junio de 1999 la segunda sala penal en su resolución confirmó la sentencia dictada por la juez 38, aunque en ningún momento se logra saber si el diputado despojó al gobierno de uno de sus bienes o simplemente se hace saber a la autoridad que no actuó a tiempo.

EL ASUNTO no ha parado ahí. Ahora, la Consejería Jurídica del gobierno capitalino intenta interponer una acción reivindicatoria según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para obtener judicialmente la posesión del inmueble.

COMO SIEMPRE, parece que algo olvidaron los juzgadores. El artículo 17 de la ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público dice que un bien de uso común y por tanto un bien del dominio público propiedad del Gobierno del Distrito Federal es inalienable, imprescriptible e inembargable.

SI EL gobierno no deja el asunto como está es porque no sólo tratará de asumir la posesión del inmueble, sino que obligaría al diputado Barajas a presentar su documentación apócrifa, y con ello se podría ejercitar la acción penal.

EL ASUNTO es que al legislador priísta algunos le tienen miedo porque demanda a diestro y siniestro a todos aquellos que atentan contra sus intereses. Ese es nuestro representante popular.