MIERCOLES Ť 4 Ť JULIO Ť 2001

Ť Impiden su escrituración, dice la procuradora social Patricia Ruiz

Irregularidades en viviendas de interés social

RICARDO OLAYO GUADARRAMA!=

De las 443 unidades habitacionales de interés social que hay en la ciudad de México, 30 por ciento presenta irregularidades en la propiedad, por lo que no pueden ser escrituradas, indicó la titular de la Procuraduría Social, Patricia Ruiz Anchondo.

Por ejemplo, el organismo de vivienda Fividesu tiene 86 unidades que no puede escriturar como condominios u otra figura porque se edificaron en predios irregulares, aseguró.

A esta problemática se suma la dificultad de consolidar una cultura condominal, pues 80 por ciento de los condóminos no paga cuotas de mantenimiento, precisó la funcionaria.

Sin embargo, se ha avanzado, pues uno de los primeros pasos, vinculado a la elección de administradores, se ha logrado al paso de los años.

Ruiz Anchondo dijo que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, amplió el espectro de atención a todas las unidades habitacionales de interés social.

También en este esquema hay diferencias entre los vecinos, pero se trata de asuntos que resolverán en asambleas. Por ejemplo a la unidad Nonoalco-Tlatelolco se entregarán unos 3 millones de pesos, pero los vecinos decidieron que sea una cantidad por edificio.

En tal situación, se realizarán 90 asambleas para definir las tareas a realizar, además de que la Procuraduría Social tendrá que establecer cuál es el monto que corresponde a cada edificio.

La procuradora social declaró en entrevista que en estos procesos es muy importante que los condóminos recuperen la credibilidad en ellos mismos pues ello ayudará a la autoadministración de las unidades habitacionales.

Han transcurrido dos meses de la puesta en marcha del Programa de Rescate de 443 Unidades Habitacionales en la Ciudad de México y el avance reportado es de 20 por ciento con más de 230 mil viviendas atendidas de 83 conjuntos urbanos.

Estos recibieron la parte proporcional del monto asignado de 100 millones de pesos que el Gobierno del Distrito Federal aportó para conservación y mantenimiento.