MIERCOLES Ť 4 Ť JULIO Ť 2001

Ť Indispensable, que el gobierno sea incluyente, coinciden

Montemayor y Monsiváis señalan escollos que impiden el consenso

ROSA ELVIRA VARGAS Y MIREYA CUELLAR

Carlos Montemayor: "Si no hay país que defender, no habrá pacto social alguno". Carlos Monsiváis: "ƑA qué acuerdo se puede llegar en lo referente al neoliberalismo, que es el lazo de unión entre Salinas de Gortari, Zedillo y Fox?''.

Desde el franco escepticismo, ambos intelectuales respondieron a la cuestión: Ƒes posible un pacto nacional? Durante dos días, ellos y alrededor de medio centenar de políticos, académicos, dirigentes sindicales, gobernadores, analistas, empresarios y defensores de derechos humanos buscaron, desde sus distintas ópticas, apuntalar la viabilidad o no de un acuerdo de alcances nacionales.

Montemayor dijo en el Palacio de Minería que un pacto no puede ser, bajo ningún concepto, el doblegamiento económico iniciado hace 19 años y retomado "con singular entusiasmo en esta administración" y que no fue pactado, sino impuesto. Tampoco puede entenderse como un acuerdo de unidad nacional la preminencia de un sector favorecido por rescates financieros continuos en la banca, en las carreteras, en el azúcar. Evidentemente tampoco puede entenderse como un pacto el rechazo a nuestra composición pluricultural y pluriétnica ni puede serlo el acuerdo de partidos políticos que se autoconsideran los límites de la nación cuando son elites, un reducido sector privilegiado del país.

Monsiváis, en texto que envió a la reunión y que fue leído por la maestra Alejandra Moreno Toscano, planteó que por distintas razones el pacto se ve un tanto distante, entre otros motivos porque el presidente Vicente Fox "no se interesa particularmente en los puntos de vista ajenos" y la insistencia en un proyecto -el suyo- que no admite modificaciones. Todo apunta a que desde la perspectiva económica y dada su disposición, "un pacto admisible por el gobierno sólo podría ser una carta de rendición a lo inexorable".

Montemayor, por su parte, apoyó el rechazo a un pacto coyuntural que únicamente facilite el ejercicio del gobierno. Precisó que un acuerdo debe entenderse como una necesaria reforma de Estado que vincule más a éste con los mexicanos y lo retire más de la imposición salvaje y colonialista de la llamada globalización.

"Si no hay país que defender, no habrá pacto social alguno. ƑQueremos que exista el país? Tendríamos que hacer una reforma de Estado en este sentido. De otra manera sólo veremos pasar sucesivas administraciones gerenciales -esta es la cuarta- para el enriquecimiento de consorcios y el empobrecimiento de mexicanos. Es decir, no el mejor camino para un nuevo pacto, sino para una mayor violencia social'', concluyó Montemayor.

Monsiváis subrayó que no se necesita ser un pesimista de oficio para ubicar los escollos de un pacto de las fuerzas económicas, políticas y sociales de México en pos de la fluidez democrática. Además del deterioro visible de los partidos políticos y de la crisis de numerosas organizaciones no gubernamentales, es innegable la confusión y desorganización programática del grupo gobernante.

Algunos de ellos, añadió, creen saber muy bien, incluso en demasía, lo que les conviene moralmente a sus hijos adoptivos (que fueron votantes). Muy pocos de ellos conocen el sentido moderno e incluyente del gobierno que no es tutor de nadie, sino garante de servicios y planes de largo alcance, manifestó.

Con argumentos muy distintos, Clemente Serna Alvear, del Grupo Expansión, sostuvo que México no se encuentra afectado por un grave período de crisis o de ingobernabilidad que pudieran requerir una movilización social de la magnitud un pacto nacional.

Para Serna, la sociedad extraña -por provenir de una cultura autoritaria- las acciones contundentes y la uniformidad de criterios, "lo que hoy resalta es un reacomodo de fuerzas sociales que quizá todavía no acabamos de comprender y encauzar cabalmente".

A su vez, el padre Miguel Concha se refirió al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos como elemento central de la reforma del Estado y a la necesidad de abrir espacios permanentes a las organizaciones civiles para que participen activamente en el diseño de políticas públicas.