LUNES Ť 2 Ť JULIO Ť 2001
Ť Tema principal de la visita que realizan dirigentes de esa instancia al país
Evaluará la CIDH la impunidad en México
Ť Ordenes de aprehensión incumplidas, origen de muchos casos de delitos sin castigo
Ť Inquieta al organismo que la PGR no investigue denuncias de presuntos abusos militares
VICTOR BALLINAS
En la visita que este martes y miércoles realizan al país el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman; el secretario ejecutivo de esa instancia, embajador Jorge Taiana, y el abogado para México, Mario López, se analizará la situación de la impunidad que, según ese organismo, es el principal problema de este país.
Como muestra de ello, la CIDH señala en el informe de abril del 2000 relativo al seguimiento a las recomendaciones que emitió a México en 1998, que "el mismo Presidente de la República, Ernesto Zedillo reconoció en su cuarto Informe de Gobierno que el país vivía las consecuencias de leyes permisivas y reformas insuficientes; de años de negligencia, imprevisión y corrupción en las instancias encargadas de procurar justicia; de la aplicación de penas que en vez de castigar delincuentes, propician su impunidad".
Abunda la CIDH: "en 1997 se denunciaron cerca de un millón 500 mil delitos. Muchos más no fueron denunciados, pero sólo se expidieron 150 mil órdenes de aprehensión... y sólo se llegaron a cumplir 85 mil, esto es, 6 por ciento de los delitos denunciados. Esto refleja que muchos de-lincuentes logran burlar la ley y siguen haciendo de las suyas en la calle".
Esta situación, subraya la CIDH en sus informes tanto de 1998 como en el de seguimiento, de abril del 2000, es generalizada en el país, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "no cuenta con la eficacia necesaria para de-rrotar la impunidad". Al respecto precisa: "en siete años, de 1990 a 97 se recibieron en la CNDH 58 mil 777 quejas, y se emitieron mil 150 recomendaciones, de las cuales 855 ese órgano las da como totalmente cumplidas. Sin embargo, la denominación 'totalmente cumplidas' responde a un acuerdo administrativo de la CNDH y la autoridad correspondiente, sin que signifique necesariamente que se ha hecho justicia a la víctima o que el daño haya sido reparado".
La CIDH insiste en que la impunidad continúa sin cambios, y cita otro caso: en 1995 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tuvo conocimiento de 218 mil 599 delitos, y sólo hubo 5 mil 479 consignaciones penales, lo que representó 2.5 por ciento del total de delitos del Distrito Federal. "Es decir, de cada mil delitos se resolvieron 25, y 975 se dejaron sin respuesta. En 975 casos de cada mil, los responsables quedaron impunes. En 1996, la situación fue casi igual".
Los delincuentes, indica, no son sancionados aunque haya órdenes de aprehensión en su contra. Algunos casos que cita son los siguientes: el 25 de marzo de 1993 se ordenó por el juez penal 26 del Distrito Federal la detención deMario Cameras Hernández, policía judicial que participó en una detención ilegal, violación y robo; a la fecha la orden no ha sido cumplida.
Otro ejemplo: en la causa penal 124/94 , el juzgado 32 penal ordenó la aprehensión de once policías judiciales por delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, en virtud de que el 9 de septiembre de 1994 dieron muerte a golpes y patadas a César Alonso Ugalde. Hasta el momento seis policías no han sido detenidos.
Como esos casos, apunta el informe de la CIDH, existen miles en el país.
Incluso, destaca la CIDH en sus informes, a principios del 2000 el titular de la PGR reconoció en el Senado de la República que "del total de órdenes de aprehensión giradas, 41 mil quedaran sin acatarse, lo cual genera incredulidad social en el combate a la impunidad".
La CIDH afirma que la falta de acatamiento de esas órdenes judiciales "genera en desconcierto, incredulidad y desconfianza en las instancias encargadas de procurar y administrar justicia".
De haberse llevado a cabo las órdenes de aprehensión de 1999, "esas 41 mil que el titular de la PGR señaló que no se cumplieron, la población en los reclusorios habría aumentado en poco más del 30 por ciento, y de por sí hoy, tienen una sobresaturación importante".
Por ejemplo, en 1998 se tenían 116 mil reclusos y la sobrepoblación era de 16 por ciento, según informó el gobierno mexicano a la CIDH en marzo de ese año. Incluso, más de la mitad de los internos en las cárceles "son presos sin sentencia, procesados en prisión preventiva".
Otros temas que se abordarán en la breve visita de la CIDH son la preocupación de ese organismo por "la constante en la PGR de declararse incompetente en todos los casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos cometidas por militares, ya sea violaciones sexuales, asesinatos, masacres, allanamientos de morada, detenciones ilegales, tortura, entre otros casos".
Casi en todos las denuncias de organismos no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos que recibió la CIDH por violaciones a derechos humanos, y que tienen relación con miembros del Ejército Mexicano, el Ministerio Público Federal (PGR) se declaró incompetente, subraya ese organismo internacional.
La CIDH destaca en su reporte de 1998 que "en México hay una tendencia creciente a la utilización de oficiales de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales. El resultado obvio es la militarización de los cuadros dirigentes de las organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana".