MEXICO S.A.

Ť Carlos Fernández Vega

En la aritmética de la justicia mexicana, treinta días se convierten, prácticamente, en un año: un mes fue el "plazo máximo" que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó (25 de agosto de 2000) al entonces presidente Ernesto Zedillo, para que entregara a la Cámara de Diputados la información relativa a los fideicomisos de Banco Unión, con Carlos Cabal Peniche a la cabeza.

CASI DOCE MESES después, y mientras el hombre carente de cash goza su beca en la ONU y presenta proyectos -en el marco de la globalización, por supuesto- para "erradicar la pobreza en el mundo", la máxima instancia de la justicia nacional hace un segundo intento: por acuerdo de la Corte, el presidente Fox deberá entregar, en ocho días hábiles "como máximo", la información sobre dichos fideicomisos, que entre otras virtudes ocultarían el financiamiento ilegal de las campañas electorales del propio Ernesto Zedillo, la del malogrado candidato Luis Donaldo Colosio, y la del ahora ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado (el dinero de Cabal es una realidad virtual, decía el moretón).

Si bien es cierto que la resolución reivindica los alcances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que la Presidencia de la República -a cargo de Zedillo-, y junto a ella la Secretaría de Hacienda -José Angel Gurría- y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -Eduardo Fernández-, desestimó el mandato. Aun así, con esta "segunda vuelta", y desde luego con el acatamiento de la orden, la Cámara de Diputados podrá continuar el camino para abrir totalmente el expediente y delimitar delitos, irregularidades y abusos que se habrían cometido, por medio de la mancuerna gobierno-banqueros, en el Fobaproa. Sin duda, esta es una de las grandes asignaturas pendientes y habrá que proceder.

LA CAMARA DE Diputados había expuesto a la SCJN que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregó parcialmente, y de forma indebida, la información solicitada, toda vez que no fue canalizada a la presidencia de esa instancia legislativa, sino "al órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda". Por ello, "del análisis de los documentos enviados por la CNBV, se desprende que aún no se recibe en su totalidad la documentación solicitada", dado que no se anexaron los expedientes de las empresas San Carlos World Trade de México, Lomas Mil, Del Valle, Zapata y Asociados, Real Turismo y Grupo Comercial Alvi, todas relacionadas directamente con los fideicomisos en cuestión.

MIENTRAS BROTA LA información de los fideicomisos de Banco Unión, no hay que olvidar que esas cinco empresas sólo representan una mínima cuota en el universo de sociedades mercantiles en las que participaba Carlos Cabal Peniche (ejemplo de la iniciativa privada mexicana, de acuerdo con el calificativo que le aplicó en su momento Carlos Salinas de Gortari) y asociados. De hecho, nadie en el mundo financiero mexicano -público y privado- pudo explicar, en su momento, la razón por la cual el salinato adjudicó (13 de octubre de 1991) el Banco BCH -después bautizado como Banco Unión- al empresario yucateco (acompañado por Carlos Bracho González y Ricardo Armas Arroyo) que sentó sus reales en el sureste mexicano, especialmente en Tabasco.

ASI, ENTRE LAS principales empresas encabezadas por Cabal Peniche se encontraban Platanera San Carlos, San Carlos Banana Inc., Eastbrok, Interaset, Fundación Unión Caribe (posteriormente denominada Expomar), Mariscos Procesados, Varaderos del Golfo, Novelty Sales Company, Naturas Mexicanas, Ships TSM, Transportes Sureste Multimodal, Transportes Doga, Flete San Cristóbal, Electrovisión y Tecnología, Importadora y Exportadora de Monterrey, Grupo Marmolero del Norte, Kam-Bull, Parquet Corcab, Hoteles Don Carlos y Oviedo, Tiendas Tu Casa, Del Monte Fresh Produce (adquirida por 560 millones de dólares, en asociación con Raymundo Gómez Flores, ex dueño de Banca Cremi y actual senador priísta), Grupo Empresarial Agrícola Mexicano (21 por ciento de las acciones eran propiedad de Cabal Peniche), Distribuidora de Productos Marinos, Banco Unión, Banca Cremi, Interfruit Brasil, El Sureste (diario de Villahermosa), High Life, Fundación Unión Caribe, Hotel Mansur, Hotel Caballero, Farmacia Caballero, Equipo de Béisbol Tabasco, Gigante Verde y Hoteles Quinta Real.

EN 1993, CUANDO todo lo que tocaba el empresario yucateco se convertía en oro, el consejo de administración de Banco Unión, conocedor de toda la información relativa a los fideicomisos de la institución, se integraba por Carlos Cabal Peniche, Fabio Covarrubias Piffer, Mario Bertrán Marcé, Ignacio Cardona Cortina, Héctor Luis de León Torres, Jaime Fernández Armendáriz, Luis Miguel Marcos Morán, Rodolfo Martínez Montes, José del Refugio Muñoz Loza, Alejandro Pina Azar, José Antonio Rivero Larrea, Javier Rosique Palavicini, José Serrano Segovia (cabeza visible de Transportación Marítima Mexicana y Transportación Ferroviaria Mexicana), Mario Trujillo García, Agustín Villarreal Elizondo, Miguel Abed Schkaiban, Luis Castillo Hernández, Ricardo Creel Ryan, Carlos Fierros Palacios, William Karam Kasab (dueño de Hidrosina, con alrededor de 30 estaciones de gasolina concesionadas por Pemex), Alvaro López Castro, José María Noriega Pena, Antonio Pariente Algapin, Gonzalo Quintana Giordano, Rodolfo Reyes Méndez, Diego Bosque Palavicini, Abel Vázquez Raña, Olga Azcárraga de Robles León (prima de El Tigre), Carlos Bracho González, Alfonso Gutiérrez de Velasco, José Luis Barboso Montule, Constantino Canelos Rodríguez, David Ibarra Muñóz (ex secretario de Hacienda), José Abed Rouanett (hoteles Aristos), Luis Larios Orozco, Adolfo Peniche Pérez, Luis Vidal Herrera, Alejandro Carreto Cevallos, Roberto Gutiérrez Meléndez y Eduardo Mariscal Barrios. Entre los comisarios que, según esto, vigilaban el sano y legal comportamiento de la institución se encontraba Humberto Murrieta Necoechea, ahora vocal independiente del IPAB.

PERO LLEGO EL fatídico 5 de septiembre de 1994: la Secretaría de Hacienda intervino gerencialmente al Grupo Financiero Unión-Cremi, la Arrendadora Financiera Pragma y Afianzadora Mexicana, al tiempo que la Procuraduría General de la República ejerció acción penal y libró orden de aprehensión contra Carlos Cabal Peniche. Un nervioso Pedro Aspe, entonces secretario de Hacienda, explicaba que "Cabal Peniche se autoprestó, a través de diversas personas, recursos provenientes del mencionado banco para adquirir acciones de distintas empresas". Se estima que el monto de operaciones ilícitas superó los mil 500 millones de dólares. A partir de esa fecha, todos los socios del empresario yucateco aseguraban que "nunca habían sido socios" del socio.

ESE DIA, UN nervioso Pedro Aspe citó en sus oficinas, con carácter de "urgente", a un nutrido grupo de banqueros para "leerles la cartilla" y explicarles la situación jurídica de Cabal Peniche y Banco Unión. Hoy, algunos de los asistentes a ese encuentro bien podrían ser requeridos por las mismas irregularidades y actos ilícitos que llevaron a vender quesos, primero, y a la cárcel australiana, después, a Carlos Cabal Peniche.

Las rebanadas del pastel

ENTRE 1994 Y 1996, el flujo de trabajadores mexicanos indocumentados a Estados Unidos se incrementó en 50 por ciento, reveló el diario The Angeles Times, y señaló que "la recesión económica en México" podría provocar un efecto similar al de seis años atrás. "La víctima más prominente -ahora- podría ser el presidente Fox, quien requiere de una buena economía para cumplir sus ambiciosos planes (de gobierno)", señala el rotativo.