LUNES Ť 2 Ť JULIO Ť 2001

Ť León Bendesky

Del Fobaproa al IPAB

La actual disputa en torno al IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, es realmente notoria y está en el centro de uno de los más relevantes asuntos de la nación, por su alto costo financiero y por su significado político. La primera pregunta que surge es Ƒpor qué ocurre esta disputa precisamente ahora, cuando parecía que apenas hace unas cuantas semanas no existía motivo aparente de fricción dentro de la propia junta de gobierno del instituto?

El IPAB, como bien se sabe, es el heredero del infortunado Fobaproa, el antiguo Fondo Bancario de Protección al Ahorro que acabó recibiendo toda la carga del muy discutido y muy poco transparente rescate de los bancos comerciales aplicado por el gobierno de Ernesto Zedillo. Heredero en un sentido de enormes deudas, que no de recursos utilizables para acrecentar la riqueza de esta débil economía. Recordemos brevemente parte de la historia del nuevo organismo que hoy padece de una lucha intestina. El IPAB es un organismo descentralizado de la administración pública federal creado mediante la ley respectiva que se publicó en el Diario Oficial el 19 de enero de 1999. Sus principales objetivos son tres: i) establecer un sistema de protección al ahorro bancario; ii) concluir los procesos de saneamiento de las instituciones bancarias, y iii) administrar y vender los bienes que quedaron a su cargo por la intervención que el gobierno hizo de los bancos y obtener por ellos el mayor valor posible.

El IPAB se rige por una junta de gobierno de siete vocales constituida el 6 de mayo de 1999 y que se forma por el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cuatro vocales independientes designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes del Senado. Una expresión clara de los conflictos asociados con el rescate bancario y la misma formación del IPAB es el hecho que el gobernador del Banco de México no participa en la junta, por un señalamiento de su participación "dudosa" en el proceso de rescate bancario. Esto no es una cosa menor en la misma existencia del instituto.

Buscar la hebra

Si hoy el secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y el procurador fiscal de la Federación Reyes Orona, que no es parte de la junta, protagonizan la revuelta en el IPAB, debe haber alguna razón que nadie está haciendo explícita pero de la cual se pueden seguir algunas hebras. Hay muchas cuestiones pendientes por resolver en el IPAB, que generan cada vez más fricciones de índole financiera y potencialmente de naturaleza política. Entre ellas se pueden señalar como muestra las siguientes: la CNBV no ha transferido al IPAB los bancos intervenidos, lo que detiene la venta de los activos de los mismos; la fusión de los bancos Atlántico y Bital tiene aún asuntos sin terminar de aclarar; apenas salió la convocatoria para la venta de Bancrecer, y está el controvertido caso de la venta de Banamex.

Este último aspecto es, sin duda, muy sensible. Repasemos algunas cosas. El nuevo secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, que sustituyó al anterior secretario Vicente Corta, quien salió de su puesto después de muchos jaloneos con los vocales independientes de la propia junta de gobierno, compareció recientemente ante las Comisiones Unidas de Hacienda del Congreso (28 de junio de 2001). En esa ocasión señaló (según consta en el boletín de prensa 022-2001 del IPAB, el cual puede consultarse en www.ipab.org.mx/bolejunio01010.htm) que "Banamex participó en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, mediante el cual el Fobaproa entregó obligaciones a favor del banco a plazo de 10 años con pagos de intereses y principal al vencimiento, y tasas de interés de Cetes a 91 días para la porción de préstamos en pesos". Estos son los pagarés dados a cambio por la cartera incobrable y que devengan un interés. Luego dijo que al 31 de marzo pasado el monto del pagaré a favor de Banamex ascendía a 66 mil 159 millones de pesos, que equivalen a una deuda neta a cargo del Fobaproa de 34 mil 450 millones de pesos. Hasta la fecha no se ha intercambiado esa deuda por garantías a favor del IPAB. Además, señaló que como parte de la administración de sus pasivos, el IPAB contrató un crédito con Banamex por 30 mil millones de pesos a siete años y una tasa de interés de TIIE más 0.45 puntos. Una parte de ese crédito la usó el IPAB para pagar una deuda con Citibank México que pagaba un interés de TIIE más 3.5 puntos, lo que hace todo esto confuso, sospechoso y muy caro. Pero lo más importante de las declaraciones del secretario Méndez al Congreso es que si conforme a los reportes del auditor Mackey se detecta que hubo "créditos ilegales, el IPAB podría rechazar válidamente y devolver tales créditos" a los bancos a cambio de otros activos por el monto equivalente. Este bien podría ser, según se infiere de este discurso, el caso de Banamex.

De ser así, el conflicto sería realmente mayúsculo, pues de alguna manera la venta de Banamex marcaría la forma no sólo discrecional, sino posiblemente ilegal en que habrían actuado los involucrados en el Fobaproa. El secretario Gil se excusó de participar en el dictamen oficial sobre la venta de Banamex al Citigroup, alegando válidamente un posible conflicto de intereses por haber estado empleado por Avantel, empresa del grupo propiedad del grupo de Roberto Hernández y Alfredo Harp, como lo es el propio banco ya citado. Lo que no se puede avalar es que a cambio de dicha excusa, actuara en perjuicio del IPAB ante la posibilidad de que éste aplique la ley y cuestione no sólo la venta del banco sino otras muchas operaciones realizadas por el antiguo Fobaproa.

Aquí empieza la otra parte de todo este embrollo y es la que tiene que ver con la política del salvamento bancario después de la crisis financiera de 1995. Veamos la propia conformación del IPAB que ahora Gil y Reyes Orona están cuestionando. La disputa se centra en tres de los vocales independientes. Aquí podríamos pensar, si ese cuestionamiento resultara válido, que Ernesto Zedillo se equivocó, una vez más, al proponer a esas personas, y que el Senado se habría equivocado, también, al ratificarlos. Nadie ha explicado por qué se cuestiona especialmente a tres de esos vocales, Murrieta, Creel y Palma, y no al cuarto, Isoard, que proviene del Banco de México, como si esa institución no hubiese estado involucrada en todas las acciones tan cuestionadas que hizo el Fobaproa. Ni Gil, ni Ortiz, ni Davis, el actual presidente de la CNBV, o los cuatro vocales independientes, es decir, toda la junta de gobierno del IPAB y su secretario técnico y Reyes Orona, carecen de historia personal y profesional. No se pretende que ninguno sea una alma de la caridad, este no es asunto de mojigatos, lo que debe prevalecer ahora es sólo el estricto cumplimiento de la Ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones. Esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde las instituciones son muy frágiles.

Cuestionamiento a transacciones del fondo

El IPAB no es el Fobaproa, en esto no debería haber confusiones y, en todo caso, los cuestionamientos deberían estar sobre las transacciones que realizó aquella institución, la más antigua, al canjear las carteras vencidas de los bancos por los pagarés, trasladándolas de modo efectivo a la deuda pública que pagan todos los mexicanos. Muchos de los personajes antes vinculados con el Fobaproa siguen ejerciendo funciones ahora relacionadas ya con la operación del IPAB. Otros tienen nuevos puestos o siguen presionando para acallar las investigaciones. Los cuestionamientos deben dirigirse directamente sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene que responder por las cuentas que siguen sin estar claras.

El gobierno del Vicente Fox tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley, en este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB, y que debe ser estrechamente vigilada por el Congreso. También debe salvaguardar a la institución que, finalmente, debe velar por los intereses de los ahorradores y recuperar lo más posible de las pérdidas de la quiebra bancaria, incluyendo el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a los accionistas.

La información existe de manera pública, y aunque no es completa permite seguir parte de la trama de la historia del recate bancario que aún no está libre de ser una historia infame. Esta es la transparencia que requiere el nuevo entorno político del país.