DOMINGO Ť 1Ɔ Ť JULIO Ť 2001
Ť Se reducirían quejas contra esa nación, consideran
Administrar flujo de migrantes a EU, meta del Plan Sur: ONG
Ť Entre las medidas que adoptará México destaca una mayor vigilancia fronteriza para impedir el paso de centroamericanos
GEORGINA SALDIERNA
La colaboración binacional que se ha iniciado en materia migratoria tiene como principal objetivo que desde México se establezcan las medidas necesarias para administrar el tránsito de personas hacia Estados Unidos, consideran la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y diversas organizaciones de protección a los migrantes.
Con ello se busca reducir en lo posible el riesgo de que sean las autoridades estadunidenses las señaladas como violadoras de los derechos humanos de los indocumentados. Destacan que esto representa, sin duda, un giro sin precedentes en la tradicional política mexicana de protección a los migrantes.
En una carta que enviaron al presidente Vicente Fox, el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, la Casa YMCA de Menores Migrantes, el Centro de Pastoral Migratoria, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, entre otras organizaciones, se refieren al Plan Sur, el cual busca reforzar la vigilancia en la frontera con Guatemala y Belice para impedir el paso ilegal de centroamericanos.
Citando declaraciones del secretario de Gobernación, refieren que dicho plan se establecerá para cumplir con el compromiso gubernamental con Washington de reducir el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos. Ello, a cambio de combatir en suelo mexicano a los traficantes de indocumentados, pues es sabido que sólo se detiene a los guías, que son el eslabón más débil de las sofisticadas cadenas de traficantes.
A cambio, se ofrece un programa de trabajadores huéspedes que ejercerá fuerte presión sobre el salario de los inmigrantes que ya laboran en Estados Unidos; de la regularización de 4 millones de mexicanos que radican en el vecino país del norte, y que obtendrían un permiso temporal de trabajo, pero al finalizar tendrían que regresar a México sin importar que tengan cónyuge o propiedades en aquella nación, y de fijar zonas de alto riesgo en la frontera, en donde se pretende impedir el paso de los migrantes, en clara violación del artículo 11 constitucional.
A cambio de las medidas que se establecerán en la frontera sur de México, se desarrollará un programa piloto para el uso, durante un año, de armas no letales, por parte de la Patrulla Fronteriza, como balas de goma, comprimidos de gas pimiento, gases lacrimógenos y otros, para que los ilegales no crucen la línea divisoria.
No obstante, las organizaciones de protección a los indocumentados afirman que estas medidas lo único que harán es recrudecer los problemas, tanto en la frontera norte como en la sur de México.
En la misiva piden una audiencia con Fox para proponer otras salidas que ayuden a resolver la problemática fronteriza. De principio, consideran que debe suspenderse la Operación Guardián y todas las que se aplican a lo largo de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, y ahora también en el sur del territorio. Ello, tomando como base las normas del derecho internacional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios.