utivo y tienen facultades para resolver estos casos, por desistimiento o por preliberación de los detenidos, e inexplicablemente no lo han hecho", señaló.
DOMINGO Ť 1Ɔ Ť JULIO Ť 2001
Ť A partir de que el EZLN rompió contacto con el gobierno, los casos se estancaron
A un paso de la libertad quedaron nueve zapatistas
Ť Sólo falta voluntad política para poder resolverlos, asegura la abogada Pilar Noriega
BLANCHE PETRICH
El impulso de la marcha zapatista y la necesidad del gobierno federal y las autoridades locales de ponerle buena cara a las demandas del EZLN para acceder a la reanudación del diálogo abrieron las puertas de las cárceles a cerca de un centenar de reos que enfrentaban sentencias o procesos penales irregulares, marcados por un "pecado" común: ser base social o simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Pero con la ruptura del contacto entre gobierno y EZLN ese impulso se cortó, las distintas instancias oficiales dejaron a un lado la voluntad política y 11 de estos reos quedaron atrapados tras las rejas. Por haber cumplido sus condenas o porque las acusaciones cayeron por su propio peso, dos lograron su libertad. A los nueve restantes el nuevo estancamiento del conflicto chiapaneco les ganó la carrera.
De acuerdo a los abogados defensores Pilar Noriega y Miguel Angel de los Santos, estos nueve -tres de Tabasco, dos de Querétaro y el resto de Chiapas- son en realidad "rehenes" del Estado.
"Independientemente de los delitos de que son acusados, para nosotros son presos políticos desde el momento en que son reclamados por el EZLN. Son procesos que requieren de voluntad política para resolverlos, y eso es lo que está faltando", sostiene Pilar Noriega.
A partir del momento en que el EZLN reaccionó a la aprobación del Congreso de la ley Bartlett-Fernández de Cevallos, dando por finalizado el contacto con el gobierno foxista, el enlace zapatista Fernando Yáñez se esfumó. Los defensores se comunicaron entonces al conducto que había asignado el Ejecutivo para la revisión de los casos, Ricardo Sepúlveda, de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, para analizar juntos cómo podía agilizarse la solución de los casos que fueran de competencia federal.
No se logró nada. "Mi opinión es que ni la PGR ni la Secretaría de Seguridad Pública tienen voluntad de resolver. En los hechos, una cosa es lo que dice Fox y otra lo que hacen sus subordinados", dice Noriega.
Frente a esta inacción, los abogados recurrieron a los integrantes de la Cocopa. A la reunión, dos semanas atrás, asistió Pilar Noriega a nombre de los demás defensores, que radican en sus respectivos estados. La sesión empezó mal. La senadora panista Luisa María Calderón de entrada advirtió que los zapatistas "debían asumir" la ruptura anunciada por la comandancia general del EZLN "con todas sus consecuencias". Sin tacto alguno, le reclamó a Pilar Noriega, conocida defensora de presos políticos: "ahora viene disfrazada como abogada."
La respuesta de la profesional fue tajante. "Nada de disfraz. Soy abogada y punto. Mis colegas y yo hemos estado interesados en que conforme a la justicia, nuestros clientes sean liberados, independientemente de si hay acuerdo o no entre el gobierno y el EZLN. Por principio, el abogado debe velar por el interés de su defendido y nosotros estamos trabajando en esa dirección, sin entrar en rejuegos políticos".
La incomodidad fue tal que al concluir la reunión a puerta cerrada, los voceros de la Cocopa pusieron especial énfasis ante la prensa en el carácter en el que compareció Noriega como defensora de algunos de los casos analizados.
Sin cambio alguno
En todo caso, aquel encuentro con la Cocopa tampoco movió las piezas de su lugar. "Ellos dicen que el Ejecutivo ya no puede hacer nada en los juicios federales pendientes, porque debe haber independencia de poderes. Nosotros no podemos aceptar ese argumento. La PGR y la Secretaría de Seguridad Pública son instancias del Ejecutivo y tienen facultades para resolver estos casos, por desistimiento o por preliberación de los detenidos, e inexplicablemente no lo han hecho", señaló.
Los de Querétaro
El panista Ignacio Loyola, en su cargo de gobernador de Querétaro, se estrenaba ese 5 de febrero como anfitrión del Ejecutivo en la ceremonia del Día de la Constitución. A las puertas del recinto transcurría una manifestación de protesta del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ). Concluida la ceremonia en el Teatro de la República, el presidente Ernesto Zedillo abordó su autobús y transitó entre el dispositivo de vallas que resguardaban a la comitiva por las calles Angela Peralta y Corregidora Norte.
El gabinete legal abordó el segundo autobús, que debía ser conducido atrás del primero. Pero el camión, según los testigos, "maniobró" para tomar una ruta distinta mientras las vallas eran disueltas por órdenes superiores, aunque en sus declaraciones los testigos jamás pudieron identificar a tales superiores. Así, el vehículo se internó justamente entre los manifestantes, que de inmediato lo rodearon, apalearon y apedrearon. Horas más tarde, la turba fue controlada y los funcionarios fueron rescatados.
Dos días después, dos dirigentes del FIOZ, Anselmo Robles Sánchez y Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, fueron detenidos, acusados en el fuero estatal por delitos de despojo y administración fraudulenta durante la invasión de unos predios por parte de una organización urbana popular en 1996. A pesar de las irregularidades, por esos delitos los detenidos acumulan una sentencia de cinco años de prisión. Pero además, y de manera retroactiva, son acusados como autores intelectuales del asalto al camión oficial, aunque ellos ni siquiera estuvieron en el momento de los hechos en el jardín Zenea, sino en las puertas del palacio de gobierno.
Noriega asegura que el proceso ha estado plagado de irregularidades. Entre las más notorias y obstructivas está la demora, de más de un año, del careo solicitado por la defensa, con los dos policías que presentaron la acusación contra sus clientes. La PGR no los ha presentado, argumentando siempre que "están en comisión."
El Ministerio Público argumentó desde la etapa de la averiguación previa que presentaría un video, grabado por miembros del FIOZ y arrebatado al propio Anselmo, que demostraría la culpabilidad de los acusados. Años después, la defensa finalmente pudo tener acceso a esa cinta y corroboró que, lejos de sostener la acusación, es una prueba de la inocencia de los dos acusados.
Por los delitos del orden local, los queretanos ya podrían haber accedido a los beneficios de la preliberación, pero los mantiene en prisión el juicio federal, aún en proceso de instrucción. En opinión de Noriega, lo que correspondería hacer a la PGR, en congruencia con la voluntad del Ejecutivo de resolver los casos políticos de los zapatistas, sería desistirse de la acusación.
Los de Chiapas
El 12 de julio del año pasado, hombres con pasamontañas en la cabeza emboscaron y dieron muerte a siete policías municipales en Las Limas, municipio de Simojovel. Dos días después, Salvador López González fue detenido y señalado como uno de los asaltantes. Para incriminarlo y hacerlo declarar en contra de sí mismo, fue torturado. En su morral le fue sembrada mariguana y la copia de un pasaporte de un ciudadano español. Enfrenta la posiblidad de ser sentenciado a 60 años de prisión.
Quien lo indentifica es un menor de edad sobreviviente de la masacre, Rosemberg Gómez, quien en su declaración ministerial había dicho que los asesinos llevaban pasamontañas, coincidiendo con otros testigos presenciales. En una ampliación de su declaración aceptada como válida "e inducida por el Ministerio Público", según la defensa, identificó a Salvador como uno de los atacantes.
La defensa sostiene que la PGR carece de pruebas que señalen a su cliente como homicida, y que las acusaciones le fueron formuladas en función de su rol de dirigente en una comunidad abiertamente simpatizante del EZLN.
Otros tres chiapanecos, indígenas todos y originarios de diferentes comunidades prozapatistas, han sufrido la clásica siembra de mariguana en el morral. Es el caso de Rafael Santiz Pérez, Gustavo Estrada y Alejandro Méndez Díaz, detenidos entre 1995 y 1998, y acusados en juicios desarrollados sólo con abogados de oficio y en español, fueron sentenciados a penas que van de los seis a los 10 años de prisión por posesión y transporte de mariguana.
En los tres casos, los reos alcanzarían los beneficios de preliberación por buena conducta. Esta figura jurídica, señala el abogado Miguel de los Santos, se aplica también en casos de delitos contra la salud cuando los acusados sean "individuos con evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica". El abogado señala que no es que se acepte esa legislación discriminatoria, sino que en este caso la liberación de estos tres indígenas "corresponde a un acto de justicia". Incluso el Instituto Nacional Indigenista expidió ya un dictamen a favor de la preliberación de uno de ellos. El trámite, de índole administrativo, correspondería a la SSP, que no ha actuado en consecuencia, lo que refleja, dice el abogado, "el uso político del gobierno federal."
Los de Tabasco
En cuanto a los detenidos en Tabasco, dos de ellos, Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez -padre e hijo-, son originarios de la zona limítrofe entre Tabasco y Chiapas, Agua Blanca. En esa región varias comunidades son controladas por el grupo paramilitar Paz y Justicia. Producto de las rencillas interfamiliares por las tierras, en 1982 y en 1995 se registraron dos homicidios que quedaron impunes en su momento. Los hechos ocurrieron en un predio de 370 hectáreas que está en disputa entre los dos estados.
Los acusadores de estos dos indígenas tienen parientes que son policías estatales en Tabasco, por lo que fueron detenidos en Chiapas y trasladados a la vecina entidad, donde fueron juzgados. Fueron sentenciados a 25 años de prisión.
El abogado defensor argumenta que si el presunto delito fue cometido en territorio chiapaneco y los acusados fueron detenidos fuera de los límites de Tabasco, los presos deben ser entregados a la justicia chiapaneca. Ahí quedarían automáticamente beneficiados por la ley de amnistía decretada por el gobierno de Pablo Salazar.
Otra situación es la del tercer chiapaneco detenido en Villahermosa, Carrillo Vázquez López. Este es acusado por familiares de miembros de Paz y Justicia de haber violado a una sobrina suya de 20 años, Delfina Benítez, en agosto de 1997.
En su declaración ministerial, el propio Carrillo manifestó, según dicen las actas, "ser cierta la imposición del acto carnal", pero que fue "una especie de intercambio o pago por el dinero que Delfina le debía". En una declaración posterior, el acusado se retractó y dijo "estar borracho" a la hora de su declaración previa.
La defensa, a cargo del abogado tabasqueño Juan José Galicia, argumenta que de las pruebas presentadas "no se deduce violencia física o moral negativa contra la víctima de la cópula", y que "a pesar de que ella dice que forcejeaba y pateaba para evitar la consumación del delito, no se dan muestras claras de su oposición".
Al apelar en contra de una sentencia de 20 años, el magistrado corrigió y le impuso otra por 12 años, misma que está pendiente de confirmar en el tribunal colegiado de circuito en la capital tabasqueña.