Jenaro Villamil Rodríguez

Los medios y el 2 de julio, un año después

En las obras recientes que analizan, reseñan o promueven el ascenso de Vicente Fox a la Presidencia, los medios de comunicación aparecen como protagonistas subrepticios de la gesta electoral. No son los partidos, ni las empresas, ni las nuevas organizaciones sociales las que acompañan el triunfo del "voto útil" y del Proyecto Millenium que llevó a Fox al poder. Son los medios y sus códigos más comunes incorporados a la lucha político-electoral los que aparecen en la hazaña del cambio con sus sondeos, los spots, las estrategias de imagen, los tele-debates, la mercadotecnia, la búsqueda del rating.

A un año de distancia, este panorama prevalece. La relación medios-poder define en buena medida la agenda y los vaivenes que se registran en la línea informativa, en los acuerdos corporativos de las grandes empresas mediáticas, en los cambios de imagen, mas no de contenidos, para resolver el gran saldo pendiente después del 2 de julio: la credibilidad ante la ciudadanía y la crítica y la autocrítica de los medios frente a sí mismos.

Doce meses después es claro que se rompió el tradicional acuerdo que dominó entre el régimen priísta y los medios, en especial, la televisión y la radio. El "mutuo entendimiento" entre concesionarios y el poder político se está transformando, pero ya no bajo la lógica de la coerción, sino de la instrumentalización, del pago de favores políticos, de la obtención de nuevos márgenes de discrecionalidad y de la sobrevivencia comercial.

En este contexto se explican, por ejemplo, la salida de Tristán Canales de la dirección de noticieros de Tv Azteca y el ascenso de José Ramón Fernández, así como la expropiación presidencial por causas de "interés público" de un terreno a favor de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. También bajo este panorama se da la ruptura de Carmen Aristegui y Javier Solórzano con Pedro Ferriz de Con -alguna vez señalado junto con Abraham Zabludovsky en negocios con la clase política priísta- y su incorporación finalmente a Televisa. Este es el telón de fondo del litigio entre José Gutiérrez Vivó y el Grupo Radio Centro, reseñado en la revista Expansión. Estos mismos factores han empujado a Televisa a encabezar campañas de paz en Chiapas, a defender la "autorregulación" como nueva norma mediática, a reducir su aparatoso modelo informativo (el cierre de ECO) y a buscar nuevos y poderosos socios como Carlos Slim.

En realidad, se trata de un reacomodo corporativo y de respuestas coyunturales frente a la recesión que llegó a las empresas televisivas, después de un boyante año de publicidad electoral y política, y ahora ante el desafío de la apertura a los grandes consorcios mediáticos globales que han puesto el objetivo en el mercado mexicano. De ahí la airada posición globalifóbica del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Joaquín Vargas. De aquí también el recelo para abrir el proceso de nuevas concesiones en las frecuencias de televisión digital y de revisar las ya existentes en la televisión vía satélite. Los concesionarios y permisionarios anhelan el viejo modelo de acuerdos centralizados y cupulares.

La agenda del derecho a la información y de una nueva ética de comunicación, acorde con las expectativas del cambio político han quedado subordinadas a estos reacomodos. Domina el interés de un "nuevo entendimiento" o la mercantilización en exceso, sin ningún contrapeso legal, ético o social.

Los medios públicos responden a la nueva lógica del poder foxista y sólo han tenido momentos de apertura que no han logrado mantenerse con consistencia. Fue el caso de los canales de televisión 22 y 11 y de las estaciones de radio del IMER frente a la marcha zapatista en marzo y abril de este año. No se ha planteado una verdadera ciudadanización de éstos y otros medios manejados con fondos públicos. Tampoco está claro el futuro de la radio y la televisión comunitarias, ni la incorporación de productores independientes y de organizaciones ciudadanas a los medios.

Las empresas informativas se asumen como protagonistas políticos o como fines en sí mismos. No se han constituido en puentes verdaderos con la sociedad, aun cuando el periodo de liberalización que se registra en los medios impresos es quizá el dato más importante en este año. Ciertas empresas pueden encabezar campañas sesgadas contra figuras que afectan sus intereses o se quedan rezagadas ante la necesidad de nuevos enfoques, de mayor transparencia, de pluralidad real. Algunos medios de información reforzaron sus causas y afinaron su perfil; la mayoría simplemente se ha concentrado en una causa: sobrevivir comercialmente. En el recuento de los daños se contabiliza la desaparición de un periódico decano como El Día, o la crisis que detonó la salida de Regino Díaz de Excélsior, otrora símbolo de la relación de sumisión entre el poder y la prensa.

En los medios masivos predominan la chabacanería, los intentos de simplificación de los procesos políticos o la búsqueda de escándalos y de espectacularidad como sinónimos de "libertad de expresión". El derecho a la información es una agenda pendiente.

A un año de distancia, la actitud de los ciudadanos frente a los medios aún es confusa. La transición democrática es una expectativa y no un proceso real. Sin embargo, el 2 de julio también dejó una semilla: la crítica es el mejor antídoto contra el desencanto informativo y contra una reinvención autoritaria en la relación medios-poder.