DOMINGO Ť 1Ɔ Ť JULIO Ť 2001 '

Ť Invadió facultades del Poder Legislativo, insisten

Justifican Jackson y Ortega la controversia con el Ejecutivo

Ť Listo, el documento que presentarán este martes a la SCJN

ANDREA BECERRIL

La directiva del Congreso de la Unión afina detalles en torno al juicio de controversia constitucional que plantearán este martes contra el presidente Vicente Fox en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto el presidente del Senado, Enrique Jackson Ramírez, como el coordinador del PRD, Jesús Ortega, coincidieron en que recurso está absolutamente fundamentado, ya que el Ejecutivo federal invadió facultades del Legislativo, en su intento por avanzar a la privatización del sector eléctrico.

El documento está prácticamente listo y expertos en materia constitucional, entre ellos el ex ministro de la Corte, Salvador Rocha Díaz -actualmente diputado del PRI-, revisan punto por punto del escrito con el que, por primera vez en la historia del país, el Congreso llevará a juicio al Presidente de la República ante el máximo tribunal del país.

Un día antes de presentarlo se reunirán los coordinadores parlamentarios para revisar el documento, que de manera central pide derogar el decreto publicado el pasado 24 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y expedido por el presidente Fox dos días antes, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los legisladores resaltan en su demanda ante la Corte que acuden a la controversia constitucional, ya que es el mecanismo establecido en la propia Carta Magna, en el caso de posibles invasiones de un poder en la esfera de otro y que esperan que el máximo tribunal resuelva la validez de las normas generales contenidas en ese reglamento modificado por Fox, pues consideran que, al expedirlo, el Presidente invade la competencia del Congreso de la Unión.

Apelan a la división de poderes, como instrumento eficaz para preservar el estado de derecho, la libertad y seguridad de todos los mexicanos, y a la responsabilidad de cada uno de los poderes de la Unión para defender ese precepto, que es uno de los principios que se encuentran permanentemente en la conciencia de los mexicanos y en sus textos constitucionales.

En la demanda, el Poder Legislativo argumenta que la Constitución, en su artículo 73, reserva al Congreso de la Unión la facultad de expedir las leyes del país y el presidente de la República, a su vez, tiene la facultad de "proveer a la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa", según se precisa en el artículo 89, "sin que las disposiciones sustantivas reglamentarias puedan exceder los mandatos contenidos en la ley".

La controversia se justifica "por la singular y trascendente importancia del ámbito material" del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es motivo de reflexión y debate, tanto a nivel constitucional como legal, desde el pasado sexenio en que se hizo llegar al Senado una iniciativa presidencial para la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, argumentan.

En la demanda, los representantes del Legislativo argumentan que el fin último del juicio de controversia es preservar las facultades constitucionales del Congreso de la Unión y en forma alguna limitar las atribuciones del Ejecutivo federal.

En entrevista aparte, el priísta Enrique Jackson, quien en su carácter de presidente de la Comisión Permanente -la representación del Congreso, en la actual etapa de receso legislativo- será el encargado de presentar la demanda ante la Corte, sostuvo que no tiene dudas sobre la procedencia jurídica y política de llevar a juicio al Ejecutivo federal.

"Estamos absolutamente convencidos de que nos asiste la razón, porque el Presidente se excedió en sus facultades al invadir el ámbito de competencia del Congreso. El Ejecutivo legisló al modificar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al introducir cambios que van más allá de lo que esa ley permite en relación a la participación de capital privado".

Según Jackson el propio Fox reconoció el jueves pasado, un día después de que todas las fuerzas políticas acordaron que el Congreso interpusiera el juicio de controversia, que su intención es justamente ampliar la magnitud de la inversión privada en el sector eléctrico, rebasando los límites que la ley establece.

El tema de la privatización eléctrica, dijo, obliga a todos a recorrer un camino muy serio y cuidadoso y, en ese sentido, si el presidente Fox quiere que se modifique la Constitución, a fin de abrir a inversionistas privados esa industria, que mande su iniciativa "y en el Congreso la discutimos todos y buscamos las mejores soluciones".

Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, señaló que su fracción se sumó a la propuesta del PRI para llevar a juicio al Ejecutivo porque no pueden tolerar que, como se hizo en otros sexenios, se pretenda hacer a un lado al Congreso y acudir a subterfugios en aras de lograr que se privatice un sector estratégico.

Resaltó que el nuevo gobierno, cuya elección cumple un año mañana, debe cumplir las promesas de campaña y las expectativas de cambio que generó y, sobre todo, cumplir de manera escrupulosa la ley y la Constitución. "El PRD se sumó a esa controversia, consciente de que no debemos permitir que el Ejecutivo ejerza facultades metaconstitucionales".

Ortega resaltó que el reciente fallo de la Suprema Corte, por el que se obliga al Presidente a entregar la información sobre el Fobaproa que Zedillo se negó a proporcionar a la Cámara de Diputados, escudado en el secreto bancario, es un precedente muy importante, tanto para avanzar a que se conozca a los responbles de las ilegalidades en el rescate bancario, como en lo referente a la relación entre poderes.

Dijo que era imprescindible presentar la controversia constitucional para evitar que Fox no intente más extralimitarse y a través de salidas laterales lograr no sólo la privatización del sector eléctrico, sino del petróleo, como lo ha prometido en el extranjero.