SABADO Ť 30 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Ahora habrá que esperar qué "va a hacer el EZLN", dijo el secretario de Gobernación
En Chiapas, el gobierno cumplió: Creel
Ť No ha habido ningún incidente preocupante de violencia; planteamos una salida pacífica
RENATO DAVALOS
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo en torno al conflicto chiapaneco que el gobierno "hizo lo suyo" y que ahora se espera qué "va a hacer el EZLN". Una vez que concluya el trámite constitucional de la reforma indígena en los congresos estatales, se proyecta que "reiniciaremos nuevamente nuestros esfuerzos de diálogo".
El funcionario aludió también a la conformación de una comisión de la verdad para investigar el pasado, que se ha planteado en el debate en los últimos días. Pensamos que lo idóneo es la "salvaguarda institucional" para indagar los años pasados, pero el Congreso puede constituirla. En este caso, especificó, tendría que expedirse una ley respectiva con la confluencia de todos los partidos, aunque es algo aún no definido.
No ha habido, aseguró en torno al conflicto chiapaneco, ningún incidente de violencia que sea preocupante o que ponga en riesgo la zona. Una vez que el gobierno ya hizo lo suyo, la pregunta que muchos ciudadanos se formulan es qué va a hacer el movimiento zapatista. Nosotros esperamos contar con los argumentos y los programas sociales para que tengan los efectos que permitan encontrar una salida pacífica al tema de Chiapas.
Acerca de la reforma del Estado, Creel señaló que la propuesta gubernamental no considera la elaboración de una nueva Constitución, sino una "revisión integral", frente a las más de 400 reformas que ha tenido en su historia.
En este asunto citó que, por ejemplo, hay muchos requisitos para constituir un partido político, pero el mismo sistema no señala los mecanismos para reagrupar posteriormente la representación política, es decir, lo concerniente a las alianzas o candidaturas comunes.
Tiene que preverse la reformulación del sistema de partidos, que incluye la relección legislativa, aunque se trata de un tema de gran complejidad.
En esa gran reforma, abundó, no están considerados los derechos humanos en el texto constitucional. La referencia está hecha a las garantías individuales.
Y justamente ese fue un tópico de la reforma indígena, citó. Los derechos de estos pueblos en México estaban referidos a los convenios que México tiene firmados en el ámbito internacional, cuando la situación tiene que ser al revés.
Estamos, indicó, en medio de una transición política votada. Si los electores no le dieron la mayoría a ninguna de las fuerzas políticas, el significado implícito es que forzosamente tenga que recurrirse a los pactos para que el país vaya hacia una nueva gobernabilidad democrática.
En consecuencia, no se pacta porque las instituciones no funcionen o no sean capaces de llevar a cabo las acciones necesarias, sino porque se requiere para avanzar en el terreno de la política y de la gobernabilidad.
Necesario, considerar pactos parciales
A este respecto, Creel adujo que tienen que considerarse pactos parciales y de mediano y largo plazos. Acuerdos para las coyunturas como el caso tabasqueño o el yucateco, pero también más allá para cumplir la agenda de las reformas.
En relación con la seguridad nacional, el funcionario apuntó que es quizá el área donde menos se trabajó en el pasado y en que más sueltas se dejaron las cosas. Desde luego, tenía que ver con el sistema político imperante.
Sin embargo, dijo, se trata de cambios que no pueden darse de la noche a la mañana, porque se trata de reconstituir las instituciones de seguridad colectiva, fundamentalmente en la nueva Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República.
Adicionalmente se trabaja con el Congreso para tipificar algunos delitos de mejor manera, como en el caso del secuestro.
De la nueva ley de acceso a la información pública, Creel detalló que la premisa de este ordenamiento, que próximamente será presentado a consideración del Congreso, es que la información no puede ser difundida por excepción sino por regla.
Queremos cambiar el paradigma para que la información se haga pública por obligación y que sólo excepcionalmente quede reservada para el Estado aquella que contenga información de derechos de terceros que no deban ser revelados o cuestiones de seguridad nacional, dijo.
Por lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, planteó que no sólo se circunscribe a una Ley de Amparo. Tiene que revisarse la operación de los poderes judiciales en todas las entidades. En estas últimas es mucho más activo el marco de los conflictos y la necesidad de acudir directamente a los tribunales locales antes que a los del ámbito federal.
Ť Recibió 20 votos a favor por cuatro en contra, en sesión extraordinaria
Aprobó el Congreso tlaxcalteca la ley indígena
Ť Con esta son 13 entidades que dan su aval; se requiere, mínimo, la aprobación de 16
LA JORNADA DE ORIENTE, ELIO HENRIQUEZ Y ANTONIO ROBLES CORRESPONSALES
Sin mayor trámite, con 20 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso de Tlaxcala aprobó este viernes la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. De esta forma, esa entidad se convirtió en la decimotercera en avalar la mencionada legislación.
En sesión extraordinaria, con los votos de las bancadas de PRI, PAN, PT y PVEM, la Legislatura tlaxcalteca validó por mayoría las modificaciones a la Constitución nacional en materia indígena, cuya minuta envió el Congreso de la Unión desde marzo anterior. Se manifestaron en contra de la reforma cuatro legisladores perredistas que asistieron a la sesión, de los nueve que conforman la fracción del sol azteca en Tlaxcala.
Los diputados del PRD Luis Roberto Macías Laylle y Pedro Aztatzi Rugerio solicitaron que se ampliaran los plazos para una mayor reflexión y análisis, de tal forma que se tomara una mejor decisión. Sus contrapartes Sergio Pintor Castillo y Felipe Flores Pérez, de PRI y PAN, respectivamente, consideraron que hubo tiempo suficiente para estudiar la minuta del proyecto de decreto.
Aztatzi Rugerio sugirió que se cancelara la dispensa de la segunda lectura -que propuso la mesa directiva para evitar que la votación se efectuara dentro de tres días- pero no tuvo éxito, por lo que al término de la sesión extraordinaria acusó que la aprobación de las modificaciones fue "un albazo legislativo", pues en el orden del día jamás se puso a consideración dicho punto.
"Ni siquiera nos dieron oportunidad de integrar las propuestas que se recogieron en los foros de consulta pública que se realizaron con la participación de grupos étnicos, académicos e intelectuales, los cuales demandaron que el Congreso de Tlaxcala no avalara la ley Bartlett-Cevallos", dijo Aztatzi Rugerio.
Exhortan ex miembros de la Conai a que se rechacen las modificaciones
Ciudadanos que fueron miembros de la autodisuelta Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezados por el obispo Samuel Ruiz García, quien dirigió el organismo, así como intelectuales y representantes de organismos no gubernamentales, pidieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los congresos estatales que aún no han llevado a votación las reformas sobre derechos y cultura indígenas, que las rechacen y de esta forma "contribuyan al diálogo y a la paz en el país".
El proyecto constitucional en materia de derechos y cultura indígenas que "lamentablemente fue aprobado por el Congreso de la Unión (a finales de abril pasado), y que puede llegar a modificar la Constitución si es aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados, es contrario a los derechos de los pueblos indígenas, no cumple con los acuerdos de San Andrés, y constituye una amenaza para la paz en Chiapas y en México", afirmaron en una carta dirigida a los congresos de Baja California, Chihuahua, estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, que hasta el momento no han discutido las reformas.
"Ante las tendencias a la polarización y el deterioro, urge ampliar las vías y condiciones políticas", subrayaron. "Por tanto, les solicitamos que no aprueben tal dictamen de reforma constitucional, y que contribuyan así al diálogo y a la paz en el país".
Encabezaron la petición el obispo Ruiz García, Concepción Calvillo viuda de Nava, Pablo González Casanova, Miguel Concha Malo, Magdalena Gómez, Oscar González, Rafael Moreno, Alfredo López Austin, Jorge Fernández, Luis González Souza, Rafael Reygadas, Gonzalo Ituarte, Marina Patricia Jiménez, Guillermo Briseño, Salvador Reyes, Pedro Nava, Luis Nava, Dolores González y Miguel Alvarez.
Hasta el momento, el proyecto de reformas sobre derechos y cultura indígenas ha sido aprobado por los congresos de Veracruz, Puebla, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala y Sonora.
Al cierre de esta edición continuaba en Zitácuaro, Michoacán, el quinto y último foro de consulta sobre la reforma constitucional en asuntos indígenas -que discutirá el Congreso de esa entidad el jueves próximo-, donde los representantes de poblaciones otomíes, mazahuas y matlazincas manifestaron su oposición a la reforma.
Ť Responde titular del INI a Luis H. Alvarez
Injusto, culpar al EZLN de la falta de impacto de programas sociales
JOSE GALAN
Marcos Matías, director del Instituto Nacional Indigenista, afirmó que "no es justo" responsabilizar al EZLN o a sectores de las comunidades indígenas de Chiapas por el fracaso de negociaciones o la falta de impacto de los programas de desarrollo social, y agregó que la falta de diálogo para la paz se puede superar mediante la genuina participación, consulta y diálogo permanente sobre las iniciativas indígenas y las gubernamentales. "Cuando no hay este punto de conexión, las relaciones se quiebran", advirtió.
En respuesta al mensaje del comisionado Luis H. Alvarez, quien responsabilizó al Ejército Zapatista del rompimiento de los incipientes inicios de diálogo para la paz y de impedir el ingreso de programas de desarrollo social en sus zonas de influencia, el director del INI consideró que los pueblos indígenas de Chiapas y de México no se oponen a ningún beneficio para sus comunidades, "pero cuando a un pueblo indígena se le ha pisoteado la dignidad, cuando se ha sembrado la desconfianza, por supuesto que el restablecimiento de una buena relación atraviesa por momentos de tensión. Yo no creo que los zapatistas se atreverían a frenar los programas sociales, porque sería ir en contra de sus propios hermanos".
Para el funcionario federal, no hay elementos fehacientes para acusar al EZLN de impedir el desarrollo indígena. Advirtió que, respecto de la Cocopa, la comisión "ya cumplió su ciclo", y que ante los nuevos escenarios es necesario aplicar nuevas formas de relación y acción legislativa, sobre todo ante el hecho de que ya nueve congresos estatales rechazaron la ley indígena.
"Es necesario un esfuerzo de reconciliación entre las partes para poder trabajar conjuntamente. Y para ello se requieren puntos de encuentro entre las demandas de los zapatistas, como su planteamiento de que las comunidades de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac se convirtieran en campamentos para la paz", dijo Marcos Matías en conversación telefónica. "Se trata de campamentos para la paz y, por supuesto, para el desarrollo de sus pueblos. El INI creó los Centros de Desarrollo Comunitario, y tiene que establecerse también una relación entre lo que los zapatistas plantearon y los programas gubernamentales".
Para el director del INI el planteamiento de Luis H. Alvarez "es un reclamo injusto", porque consideró que la responsabilidad hacia la paz requiere "de un esfuerzo y responsabilidad más amplios entre zapatistas y no zapatistas, indígenas y no indígenas, y ahí tiene que entrar la esfera gubernamental, sea el INI, la Sedeso u otras agencias".
Ť Sus planteamientos sólo generarían mayor endurecimiento en ambas partes, sostienen
Disienten miembros de la Cocopa de la postura de Luis H. Alvarez sobre Chiapas
Ť Se trata de avanzar hacia la reanudación del diálogo; buscamos la paz, no la guerra
ANDREA BECERRIL
El rechazo a la propuesta gubernamental es cada vez mayor al interior de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y ayer varios legisladores advirtieron que ese organismo está para coadyuvar en la búsqueda de la paz en Chiapas, no de la guerra, y en ese tenor no puede promover acciones como las propuestas por el comisionado Luis H. Alvarez, que sólo lograrían confrontar aún más al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el gobierno federal.
Los diputados José Narro Céspedes y Félix Castellanos, del Partido del Trabajo, y el legislador perredista Emilio Ulloa consideraron que los planteamientos formulados un día antes por el representante gubernamental y su petición a la Cocopa de que analice la posibilidad de revisar el marco legal del conflicto zapatista, lo único que van a lograr es un mayor endurecimiento de las posturas de ambas partes, en lugar de avanzar hacia la reanudación del diálogo.
Actitudes provocadoras
Los legisladores deploraron además que de inmediato el diputado Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, haya secundado al comisionado e incluso, yendo más allá de sus facultades, haya puesto un ultimátum a los zapatistas al sostener que si en septiembre, en que se inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el EZLN sigue sin responder, se derogará la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
"Afortunadamente es un punto de vista que no tiene el mínimo consenso en la Cocopa; la gran mayoría entendemos que nuestro papel no es andar con bravuconadas ni retando a las partes en conflicto", sostuvo el diputado Narro.
Igualmente, el perredista Ulloa resaltó que tanto la actitud de Alvarez como la del diputado Pérez Noriega son provocadoras y contrarias al espíritu que priva en la Cocopa.
Los legisladores agregaron que el próximo lunes se reunirán en sesión plenaria y discutirán acerca del nuevo escenario y la respuesta que darán al comisionado Luis H. Alvarez.
Sin embargo, adelantaron que su postura será por rechazar esa estrategia delineada el jueves por el representante gubernamental, ya que enturbiará aún más el clima en que se debate el conflicto chiapaneco.
"Creo que lo expresado por don Luis no debe ser el mensaje de un comisionado para la paz", dijo Ulloa.
El perredista insistió en que la Cocopa hasta ayer no había sido notificada formalmente por Alvarez de esa petición de "revisar a profundidad" el marco que regula el conflicto, ya que el comisionado lo planteó a través de los medios de comunicación. En ese tenor, agregó, "a lo mejor nosotros decidimos también el lunes responderle por medio de la prensa".
Coincidió con Narro Céspedes en que no es la Cocopa la que decide en torno de ese asunto. La decisión de revisar la Ley para el Diálogo corresponde a las cámaras de Diputados y Senadores, es decir, al Congreso en pleno, agregó Ulloa.
A su vez, el diputado Narro Céspedes resaltó que la Cocopa fue creada para coadyuvar a la paz, no a la guerra en Chiapas. "Lo que tenemos que revisar es el cumplimiento de los acuerdos entre las partes, las acciones que permitan sacar al conflito del impasse actual y no aquellas que distancien todavía más al EZLN y el gobierno federal."
La reunión del lunes será definitoria, señalaron, ya que la Cocopa está obligada a dejar muy claro que su misión es colaborar a la pacificación de Chiapas, no encaminar al EZLN y el gobierno federal a una actitud guerrerista.
Los legisladores consideraron asimismo que no es adecuado dar un ultimátum al EZLN ni responsabilizarlo de que el diálogo se haya suspendido, cuando la reforma constitucional en materia indígena, aprobada por el Congreso el pasado abril -que motivó la molestia zapatista y el retiro de contactos con el gobierno, por considerar que modificó sustancialmente la iniciativa de la Cocopa- ha sido rechazada en aquellas entidades con mayor número de grupos étnicos, como el caso de Oaxaca y los recientes de Chiapas y Guerrero.
Ť Persiste un clima de guerra de baja intensidad, afirman
No es cierto lo de la "santa paz" en Chiapas: caravaneros
Ť Presentaron un resumen de denuncias de hostigamiento
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
Observadores de la caravana mexicana Todos los Derechos para Todos aseguraron que las afirmaciones del presidente Vicente Fox en el sentido de que hay una "santa paz" en Chiapas están lejos de la realidad, porque persiste un clima de hostigamiento que se traduce en una guerra de baja intensidad.
Rogelio Rueda, profesor de la UNAM, explicó que a través de Enlace Civil han recibido unas 30 denuncias de hostigamiento y persecución en que están involucrados militares y paramilitares.
Acerca de la postura del comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, que responsabiliza al EZLN de la suspensión del diálogo, dijo que es una opinión desconcertante, y "creo que es tendenciosa".
Consideró que si no ha habido avances en la solución del conflicto no es responsabilidad de los zapatistas, sino de que los legisladores aprobaron una ley que no toma en cuenta la demanda de los pueblos indígenas de ser sujetos de derecho.
De acuerdo con un resumen de denuncias, en mayo pasado habitantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón fueron víctimas de acoso militar en Potbtic hubo amenazas y provocaciones de paramilitares, y en San Pedro Polhó se presentaron dos quejas de destrucción de casas y cultivos de las bases de apoyo zapatistas por parte de grupos priístas.
En lo que va de junio, refiere el informe, las denuncias se incrementaron. En Roberto Barrios agresores no identificados lanzaron piedras a la "clínica autónoma", cortaron los cables de energía eléctrica e ingresaron a las instalaciones.
El origen del problema, señalan, es que los pobladores dieron a conocer su negativa al proyecto de explotación del ejido que impulsa el gobierno federal con el fin de construir un centro turístico y un campo de golf en las cascadas de patrimonio comunitario.
Indica que en San Andrés, del municipio autónomo Francisco Gómez, se incrementaron los patrullajes de la Policía de Seguridad Pública por orden del alcalde de Ocosingo, Adolfo Cruz, y de Baltasar Caballero Silva.
Los habitantes de comunidades del municipio Ricardo Flores Magón manifiestan que en la zona de la cañada del río Perla los militares comenzaron a realizar patrullajes a pie, vestidos de civil. También se incrementó la actividad militar con vehículos de alto tonelaje que penetraron en la zona con tropas que practicaron posiciones de combate, portando armas largas y granadas.
Además, hubo constantes rondines entre los cuarteles de San Caralampio y El Calvario, y el de Cintalapa se reforzó con efectivos del Ejército. Asimismo, vuelos rasantes de reconocimiento militar asustaron a los pobladores de las partes bajas de la cañada y de la sierra de Cruz de Plata.
Las autoridades de Guadalupe Tepeyac en el exilio desmintieron haber cercado con alambre el hospital del IMSS que está en la comunidad y responsabilizaron de estos actos a la autoridad local, Hugo Chandomín, así como de haber contratado los servicios de seguridad privada para el supuesto resguardo del edificio, tras la negativa de la comunidad de trabajar para dichos efectos.
La caravana número 22 parte este mes
Para llevar ayuda y recoger testimonios en la entidad, 120 personas convocadas por la caravana viajarán a la zona de conflicto del 21 de julio al 4 de agosto y llevarán unas 25 toneladas de productos como material de construcción, cuadernos, libros y granos.