SABADO Ť 30 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La televisora pagaría 4 mil 89 pesos como indemnización a cada uno
Divide a los ejidatarios de Cuautepec nueva oferta económica de Tv Azteca
Ť El lunes, posible resolución sobre el juicio interpuesto por afectados; se analiza expediente
BERTHA TERESA RAMIREZ
El juzgado quinto de distrito en materia administrativa informó que queda pendiente su resolución sobre el juicio de amparo interpuesto por ejidatarios de Cuautepec contra el decreto presidencial publicado el 7 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se expropia una parte del cerro del Chiquihuite, en virtud de que no está totalmente integrado el expediente.
Francisco Guajardo, primer secretario del juzgado, precisó a La Jornada que la titular del quinto distrito, Clementina Flores Súarez, continúa con el estudio de dicho expediente y dijo que será el próximo lunes cuando "dé a conocer el acuerdo correspondiente al juicio de amparo".
El caso tomó un nuevo cauce luego de que ayer trascendió en ese juzgado que Humberto Mondragón, quien se ostenta como presidente del comisariado ejidal de Cuautepec, se desistió del juicio de amparo número 182/2001 interpuesto el 28 de marzo contra el decreto expropiatorio.
En el juzgado también trascendió que Tv Azteca estaría ofreciendo a los ejidatarios 2 millones de pesos de indemnización por el terreno de mil 800 metros cuadrados que expropió el presidente Vicente Fox, lo que significaría que a cada uno de los 489 miembros de la comunidad ejidal le corresponderían 4 mil 89 pesos. La representación legal de Mondragón ha solicitado que el dinero se deposite en el juzgado quinto de distrito.
Afuera de este recinto, Rafael Carrillo, abogado y miembro de la comunidad ejidal, confirmó que en el expediente consta el escrito por medio del cual Mondragón se desiste, así como el ofrecimiento de Tv Azteca para indemnizar a cada ejidatario con 4 mil 89 pesos. Aseguró, sin embargo, que 44 ejidatarios no están de acuerdo con retirar el amparo y continuarán el juicio "hasta sus últimas consecuencias, para buscar una sentencia que declare la nulidad del decreto presidencial expedido".
Carrillo acusó a Mondragón de haber pactado por debajo del agua con la empresa Tv Azteca una indemnización por dos millones de pesos, ya que en la asamblea ejidal que tuvo lugar el domingo pasado no informó a ningún ejidatario sobre el ofrecimiento de la televisora.
Insistió en que la asamblea ejidal está viciada de origen porque no la representa un comisariado ejidal debidamente constituido. Reiteró que "los documentos que desconocen a Humberto Mondragón como presidente del comisariado ejidal y que provienen del Registro Agrario y de la Secretaría de la Reforma Agraria se encuentran integrados al expediente 182/200. Estos señalan claramente que estas dependencias desconocen quién sea el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia de Cuautepec".
Rafael Carrillo también dijo que la juez de distrito en materia administrativa no tiene la última palabra, y podrían recurrir al tribunal colegiado en materia administrativa y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Mientras nosotros no estemos de acuerdo y no nos desistamos de muestro juicio de garantías éste seguirá hasta sus últimas consecuencias, que es la nulidad del decreto, ya que atenta no sólo contra Cuautepec, sino contra el concepto de ejido en el país".
Rafael Carrillo dijo que, de acuerdo con el expediente, el juzgado quinto ordenó una audiencia de alegatos con respecto a la acumulación de los expedientes del 298 al 182 del año 2001 programada para el 13 de julio.
Dijo que a pesar de que el juzgado tercero de distrito ya había ordenado que se sumaran ambos expedientes, "el juzgado quinto en materia administrativa tiene que cumplir con lo que marca la Ley de Amparo. En consecuencia, el 13 de julio llevará a cabo la audiencia de alegatos, después de la cual podría determinar en definitiva la acumulación de ambos expedientes". Agregó que de ser así la juez analizará y valorará todos los escritos que se han agregado al expediente y emitirá los acuerdos correspondientes.