SABADO Ť 30 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Ahora habrá que esperar qué "va a hacer el EZLN", dijo el secretario de Gobernación

En Chiapas, el gobierno cumplió: Creel

Ť No ha habido ningún incidente preocupante de violencia; planteamos una salida pacífica

RENATO DAVALOS

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo en torno al conflicto chiapaneco que el gobierno "hizo lo suyo" y que ahora se espera qué "va a hacer el EZLN". Una vez que concluya el trámite constitucional de la reforma indígena en los congresos estatales, se proyecta que "reiniciaremos nuevamente nuestros esfuerzos de diálogo".

El funcionario aludió también a la conformación de una comisión de la verdad para investigar el pasado, que se ha planteado en el debate en los últimos días. Pensamos que lo idóneo es la "salvaguarda institucional" para indagar los años pasados, pero el Congreso puede constituirla. En este caso, especificó, tendría que expedirse una ley respectiva con la confluencia de todos los partidos, aunque es algo aún no definido.

No ha habido, aseguró en torno al conflicto chiapaneco, ningún incidente de violencia que sea preocupante o que ponga en riesgo la zona. Una vez que el gobierno ya hizo lo suyo, la pregunta que muchos ciudadanos se formulan es qué va a hacer el movimiento zapatista. Nosotros esperamos contar con los argumentos y los programas sociales para que tengan los efectos que permitan encontrar una salida pacífica al tema de Chiapas.

Acerca de la reforma del Estado, Creel señaló que la propuesta gubernamental no considera la elaboración de una nueva Constitución, sino una "revisión integral", frente a las más de 400 reformas que ha tenido en su historia.

En este asunto citó que, por ejemplo, hay muchos requisitos para constituir un partido político, pero el mismo sistema no señala los mecanismos para reagrupar posteriormente la representación política, es decir, lo concerniente a las alianzas o candidaturas comunes.

Tiene que preverse la reformulación del sistema de partidos, que incluye la relección legislativa, aunque se trata de un tema de gran complejidad.

En esa gran reforma, abundó, no están considerados los derechos humanos en el texto constitucional. La referencia está hecha a las garantías individuales.

Y justamente ese fue un tópico de la reforma indígena, citó. Los derechos de estos pueblos en México estaban referidos a los convenios que México tiene firmados en el ámbito internacional, cuando la situación tiene que ser al revés.

Estamos, indicó, en medio de una transición política votada. Si los electores no le dieron la mayoría a ninguna de las fuerzas políticas, el significado implícito es que forzosamente tenga que recurrirse a los pactos para que el país vaya hacia una nueva gobernabilidad democrática.

En consecuencia, no se pacta porque las instituciones no funcionen o no sean capaces de llevar a cabo las acciones necesarias, sino porque se requiere para avanzar en el terreno de la política y de la gobernabilidad.

Necesario, considerar pactos parciales

A este respecto, Creel adujo que tienen que considerarse pactos parciales y de mediano y largo plazos. Acuerdos para las coyunturas como el caso tabasqueño o el yucateco, pero también más allá para cumplir la agenda de las reformas.

En relación con la seguridad nacional, el funcionario apuntó que es quizá el área donde menos se trabajó en el pasado y en que más sueltas se dejaron las cosas. Desde luego, tenía que ver con el sistema político imperante.

Sin embargo, dijo, se trata de cambios que no pueden darse de la noche a la mañana, porque se trata de reconstituir las instituciones de seguridad colectiva, fundamentalmente en la nueva Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República.

Adicionalmente se trabaja con el Congreso para tipificar algunos delitos de mejor manera, como en el caso del secuestro.

De la nueva ley de acceso a la información pública, Creel detalló que la premisa de este ordenamiento, que próximamente será presentado a consideración del Congreso, es que la información no puede ser difundida por excepción sino por regla.

Queremos cambiar el paradigma para que la información se haga pública por obligación y que sólo excepcionalmente quede reservada para el Estado aquella que contenga información de derechos de terceros que no deban ser revelados o cuestiones de seguridad nacional, dijo.

Por lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, planteó que no sólo se circunscribe a una Ley de Amparo. Tiene que revisarse la operación de los poderes judiciales en todas las entidades. En estas últimas es mucho más activo el marco de los conflictos y la necesidad de acudir directamente a los tribunales locales antes que a los del ámbito federal.