SABADO Ť 30 Ť JUNIO Ť 2001
Ť El sector empresarial llamó a obreros a moderar sus demandas de incremento salarial
Crean comisión para hacer frente al atorón
Ť No se trata de una nueva versión de los pactos, insistió Abascal Carranza
FABIOLA MARTINEZ
Representantes del gobierno y los sectores obrero, campesino y empresarial integraron ayer una comisión para analizar las estrategias gubernamentales con las que se pretende dar un "orden macroeconómico" al país ante la desaceleración de la actividad productiva y la pérdida de cuando menos 194 mil empleos en los primeros cinco meses del año.
Para ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso a los trabajadores "moderar" las demandas de incremento salarial y a las empresas "recurrir a recorte en su plantilla laboral sólo como última instancia".
De igual forma, el sector privado instó al gobierno a acelerar los cambios estructurales (incluida la reforma fiscal, energética, educativa y laboral) para eliminar la vulnerabilidad económica y "pasar de las propuestas a la acción" en materia de inversión pública, con el fin de que las empresas privadas se beneficien de las compras de gobierno.
El objetivo de la propuesta empresarial, expresó Claudio X. González, presidente del CCE, es evitar errores cometidos en el pasado, como empujar artificialmente la economía o invertir "burradas" de dinero en apoyar empresas ineficientes que posteriormente se tengan que vender casi regaladas. "Ya hemos visto esa película hasta la saciedad y nos ha costado mucho a todos, por lo que no podemos ir por ese camino."
Argumentó que el manejo responsable de las finanzas gubernamentales, la reforma hacendaria y una conducción congruente de la política monetaria, por parte del Banco de México son imprescindibles para dejar atrás las crisis recurrentes.
"Por ningún motivo el sector empresarial demandará acciones de parte del gobierno que demeriten la prudencia fiscal y monetaria y arriesguen la estabilidad macroeconómica de México", dijo.
También reiteró una serie de medidas como una reforma regulatoria de las actividades económicas, combatir el contrabando y la evasión fiscal; continuar con la estabilidad cambiaria, no interferir en el sistema libre de precios y, sobre todo, mantener a la baja inflación y tasas de interés.
La propuesta del CCE, en el que se integran todos los organismos empresariales y financieros más importantes del país, será evaluada en un plazo máximo de 10 días en el marco del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos. De igual forma se analizará el diagnóstico presentado por Eduardo Sojo, jefe de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia.
Topes salariales y sus retrocesos
Desde el primer momento, los representantes del sector obrero que acudieron a la "primera reunión técnica sobre la política económica" manifestaron su rechazo al planteamiento del CCE para "moderar" las peticiones de incremento salarial porque ello significa volver a los topes salariales y a sustentar el control de la inflación con base en el sacrificio de los trabajadores, señalaron dirigentes del Congreso del Trabajo y la Unión Nacional de Trabajadores.
Por su parte, el sector campesino solicitó un programa de reactivación que incluya créditos precios más justos para los granos, que evite las presiones sociales, "desbordamientos" y migración.
No es pacto
Ante la insistencia de los reporteros, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, argumentó una y otra vez que la reunión de ayer no fue de emergencia, sino "extraordinaria", y que el grupo de trabajo no es una nueva versión de los viejos pactos, "cuya estrategia tenía origen en el gobierno.
"No hay ningún disfraz; el objetivo es dar seguimiento a los compromisos del gobierno; entonces, no tengamos esa sospecha, el gobierno no está imponiendo ningún tipo de topes sino una estrategia para mantener el orden macroeconómico", dijo.
La reunión periódica de los sectores productivos en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo tuvo origen en diciembre de 1987, cuando ante el disparo de la inflación fue necesario llamar a un "Pacto de Solidaridad Económica" en el que el gobierno y los organismos cúpulas de los sectores productivos delineaban política de precios y salarios con base en las previsiones inflacionarias.
Desde entonces, con 12 nombres diferentes y comisiones alternas como la integrada ayer, se pretende delinear acuerdos emergentes ante pérdida de empleos o aumento de inflación, cuya constante ha sido poner límites o "peticiones moderadas" a los incrementos salariales.