SABADO Ť 30 Ť JUNIO Ť 2001

Orlando Delgado

Atorón y pacto

La evolución económica se complica: la desaceleración del producto en los primeros meses del año ha sido mucho más rápida de lo previsto; se han reducido en 400 mil los empleos registrados en el IMSS; el comercio exterior se ha contraído sensiblemente, ya que mientras el año pasado las exportaciones crecieron en los primeros cinco meses 26.5 por ciento, en este año lo han hecho apenas 2.7 por ciento; el fortalecimiento del peso ha afectado la competitividad de los bienes comerciables, lo que dificulta la evolución de las exportaciones. Esta información obligó a que se reconociera oficialmente que no sería posible alcanzar la meta de 3 por ciento de crecimiento del PIB, y que lo probable es 2 por ciento, lo que es todavía optimista.

La explicación de estas dificultades se localiza en la evolución de la economía norteamericana: se espera que el crecimiento en el segundo trimestre sea menor que el del primero, que fue de 1.3 por ciento, y ahora será de apenas 0.5 por ciento; las expectativas para el segundo semestre no son favorables, aunque hay opiniones que sostienen que para el cuarto trimestre empezará una lenta recuperación. Para México, esto significa que el crecimiento anual del PIB se ubicará alrededor de 1 por ciento, aumentarán los despidos de personal y las exportaciones se contraerán; sin embargo, los indicadores de inflación seguirán siendo mejores que lo esperado, lo mismo que el peso, que podría mantenerse en los niveles que hemos visto estos últimos meses.

Evidentemente, la situación no puede ser descrita como un atorón; en todo caso, sería un resbalón que nos está conduciendo a una situación que puede resultar peligrosa. A ello, parece contribuir el enfrentamiento, cada vez más claro, entre círculos empresariales y numerosos productores agrícolas y el gobierno federal; las declaraciones de Carlos Slim y del secretario de Agricultura expresan conflictos en las fuerzas que efectivamente gobiernan. El congelamiento de la propuesta de reforma fiscal, por su parte, muestra que el gobierno no ha podido procesar su planteo con los grupos parlamentarios que se consideraron afines; el renacimiento del escándalo Fobaproa, los enfrentamientos del IPAB y la aceptación oficial de que la venta de Banamex no causa impuestos, contribuye el enrarecimiento del ambiente.

En este marco, resulta pertinente el planteamiento de un pacto que se proponga frenar el deterioro económico, reactivando particularmente las actividades que generen empleo y que se orienten al mercado interno. Por ello, lo que urge es que empresarios, sindicatos, productores agrícolas y, por supuesto, los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, acuerden medidas inmediatas que eviten que la demanda se contraiga, fortaleciéndola a través del incremento de la capacidad de compra de los sectores más desfavorecidos. Es evidente que se requerirán recursos para poder enfrentar los compromisos que pudieran derivarse de un pacto de esta naturaleza y que, dada la reducción del ritmo de crecimiento de la producción y las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero, deberán provenir de la reasignación de algunos renglones del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión.

En este aspecto se requiere la incorporación de las fuerzas políticas al pacto económico: en el Legislativo deberá discutirse una reasignación de recursos presupuestales, que deberán ser dirigidos a sectores prioritarios. Manteniendo esencialmente inalterada la llamada disciplina presupuestal, esto es un déficit de las finanzas públicas de 0.5 por ciento del producto, así como respetando el sesgo restrictivo de la política monetaria, lo que significa que se cuide la evolución de los precios, es posible inyectar demanda efectiva a la economía, si se decide que, por ejemplo, los 65 mil millones de pesos asignados para pagar los intereses que generan los pagarés Fobaproa-IPAB se utilicen para proyectos de inversión generadores de empleo, fortalecer el Programa de Financiamiento a los Micronegocios y resarcir a los municipios más pobres de los recursos que no han recibido por la desaceleración económica.

Un programa de emergencia de este tipo devolvería al Ejecutivo la capacidad para gobernar que ha dilapidado con rapidez. Los partidos políticos tendrían que subordinarse a los requerimientos nacionales y no podrían, como sucedió con la ley indígena, privilegiar sus intereses frente a los de la sociedad.

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