viernes Ť 29 Ť junio Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
Pactos de largo y corto plazos
La alternancia en el Poder Ejecutivo no es la transición a la democracia, por eso el proceso de cambios políticos que hemos vivido en México desde que el resultado de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000 le dio el triunfo a Vicente Fox está en riesgo de no conducir a ninguna parte. Los pactos son indispensables entre las fuerzas políticas que impulsan una transición a la democracia, porque por definición ésta supone una pluralidad de actores que tienen intereses y proyectos políticos distintos. Una reforma integral a la Constitución sería necesaria para fortalecer el estado de derecho, lo que implica que todos los actores políticos reconozcan la legitimidad de la Carta Magna y la obligación de las autoridades en todos los niveles de someterse a la ley y rendir cuentas de sus actos.
Un tema que ya se ha abierto a la discusión y que no debe quedar sin definiciones claras es el ajuste de cuentas con el pasado. No es aceptable para muchos la idea de borrón y cuenta nueva que parece impulsar el PRI en aras de la "seguridad nacional". Una de las vertientes de la discusión en torno al derecho a la información se encuentra precisamente en este tema. ƑCuántos archivos del pasado deben abrirse? ƑDesde cuándo podemos empezar a conocer nuestro verdadero pasado? ƑHasta dónde se van a fincar responsabilidades a los ex gobernantes por sus actos en el pasado? Una comisión de transparencia sería indispensable, pero debe existir ante todo el compromiso del actual gobierno de abrir todos los archivos y de castigar los delitos, porque de no existir éste, una comisión más sólo incrementaría el nivel de desconfianza y la falta de legitimidad del actual gobierno.
Además, a corto plazo resulta indispensable abrir la mesa del diálogo en muchos otros temas que no pueden esperar la nueva Constitución. Sin duda, uno de ellos es la reforma fiscal, porque todos coincidimos en que el gobierno federal y los gobiernos locales necesitan allegarse más recursos; ni siquiera parecen existir por ahora grandes desacuerdos sobre lo que debería hacer el gobierno con esos recursos adicionales; pero las diferencias han surgido fundamentalmente en relación con las estrategias para incrementar la recaudación donde se perfilan dos posiciones: el proyecto de Fox y el proyecto alternativo del PRD.
La estrategia foxista descansa en gravar el consumo con una tasa de 15 por ciento, incluyendo alimentos y medicinas. Esto, según argumentan sus defensores, permite una recaudación más eficiente que repercutirá en un incremento inmediato en la disponibilidad de recursos y se afirma que, a pesar de que el IVA en alimentos y medicinas afectará a los sectores de menores recursos, el gobierno "compensará" esa pérdida a través de los programas de apoyo a la pobreza.
El PRD por su parte fundamenta su proyecto en el incremento de la recaudación por la vía del impuesto sobre la renta (ISR). Afirma que el proyecto del Ejecutivo sólo generaría un aumento en la recaudación fiscal de dos puntos porcentuales en el primer año, mientras que la estrategia de emprender diversos ajustes en las tasas y los criterios de la recaudación del ISR permitiría construir una base de alta tributación sobre el ingreso, similar a la que prevalece internacionalmente, para que sea capaz de atender los requerimientos del gasto público.
El principio de que todos los ciudadanos paguen impuestos parece aceptable para todos, pero es necesario dejar varios problemas en claro ante la opinión pública, para que una medida tan antipopular como una reforma fiscal gane legitimidad y resulte eficaz. Los ciudadanos tenemos el derecho evaluar la eficacia de cada una de estas dos estrategias: a) Ƒcuánto permitirán recaudar?; b) su impacto en la ya de por sí desigual distribución del ingreso, o sea Ƒquiénes van a pagar más?; c) su impacto en la inversión productiva Ƒestimula o desalienta la inversión?; d) y desde luego tendrá que quedar muy claro cómo se van a usar los recursos adicionales que recaudará el gobierno.
A la luz de estas consideraciones surge la pregunta: Ƒno sería factible una combinación de las dos estrategias para lograr una recaudación más eficaz y también más justa? Mientras estas preguntas no sean contestadas con toda claridad, con datos en la mano y evidencias de transparencia en la administración pública, la reforma fiscal no contará con legitimidad. Mientras se observe que los recursos públicos se usan indebidamente, mientras no se castigue a quienes hicieron un uso indebido de los recursos públicos en el pasado y no existan mecanismos que obliguen a los gobernantes actuales a rendir cuentas, y mientras las leyes vigentes permitan que operaciones que generan millones de pesos de utilidades como la venta de Banamex quedan exentas de impuestos los ciudadanos van a seguir desarrollando todas las estrategias posibles para evadir impuestos.