VIERNES Ť 29 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Mesa redonda sobre el tema abordó el caso de los evangélicos de Ixmiquilpan, Hidalgo
La aplicación fría de la ley ante la intolerancia religiosa generaría más pugnas: Fernández Perroni
Ť El gobierno cae en "tortuguismo moral" frente a este tipo de problemas: Carlos Monsiváis
JOSE ANTONIO ROMAN
La "aplicación fría" de la ley en el conflicto de intolerancia religiosa en Ixmiquilpan, Hidalgo, puede generar más enfrentamientos entre la población, afirmó el director de Normatividad de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Fernández Perroni.
Durante la mesa redonda Intolerancia religiosa en México, caso Ixmiquilpan, organizada por el Centro de Estudios del Protestantismo en México, el funcionario debió escuchar una larga serie de cuestionamientos de los asistentes por la "pasividad" de la Secretaría de Gobernación ante éste y otros casos de intolerancia religiosa.
El escritor Carlos Monsiváis, en su participación, dijo que lo nuevo no es la intolerancia, sino quizá la actitud de denuncia que ha asumido recientemente la población evangélica, pero lo "verdaderamente novedoso", dijo, sería la adopción de una postura firme del gobierno federal para hacer respetar la ley y los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo el de la libertad religiosa.
Fernández Perroni, quien con el director de Asuntos Religiosos, Alvaro Castro, ha representado al gobierno federal en negociaciones con católicos y evangélicos de Ixmiquilpan, dijo que este conflicto religioso tiene muchas aristas políticas y económicas que lo complican.
En respuesta al funcionario de Gobernación, Monsiváis señaló que no se trata de aplicar tórrida o fríamente la ley, sino sencillamente de aplicarla, pues el grave problema de intolerancia no admite prórroga ni dilación. Dijo que la actuación del gobierno deja entrever que no quiere enfrentar problemas mayores, cayendo en lo que podría llamarse "tortuguismo moral".
Subrayó que el gobierno "está obligado a aplicar la ley, como quieran, fría o tórridamente, pero aplicarla".
En el acto también se hizo pública una carta enviada al gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, en que el Colegio de Obispos de la Iglesia Metodista de México solicita su intervención directa en San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan, para "eliminar" todo acto de "represión y marginación" a los "hermanos" evangélicos que por no profesar la fe católica sufren arbitrariedades y viven bajo amenaza de destierro de su propio hogar.
Monsiváis se refirió al mandatario estatal hidalguense, quien ha actuado incongruentemente, pues mientras en el caso de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas rechaza los llamados usos y costumbres de las etnias, en el de Ixmiquilpan llega a justificar acciones de intolerancia de los católicos bajo iguales argumentos.
Por su parte, el especialista en temas religiosos Carlos Martínez García criticó que la constante al abordar este tipo de conflictos, sobre todo por parte del gobierno, es "minimizarlos" y no aceptar que son eminentemente religiosos, haciéndolos aparecer entremezclados con intereses políticos y económicos. Negar que son religiosos los agrava, pues al no dimensionarlos en su verdadero impacto social sólo se prolongan, además de que atentan contra la identidad de la población evangélica.
Martínez García señaló que como minoría, los evangélicos de México deben aprender a ejercer su legítimo derecho de crítica y demandar respeto a su derecho a la libertad religiosa.
En el acto, realizado en la iglesia metodista de la calle Gante, en el Centro Histórico, fungió como moderador el pastor Adoniram Gaxiola, quien comentó que la carencia del reglamento a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público coloca a Gobernación ante la "incapacidad coercitiva" de hacer cumplir la ley en estos casos de intolerancia religiosa.
Apuntó que los hechos de San Nicolás Ixmiquilpan obedecen a un "mismo patrón" de varias entidades, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros, muchos de ellos ante la pasividad de autoridades locales y federales.
En tanto, Jorge Lee Galindo, coordinador de Derechos Humanos de la Secretaría de Comunicación de Iglesias Evangélicas, confió en que aunque la comunidad que profesa la fe evangélica ha sufrido históricamente la intolerancia religiosa, las nuevas generaciones están dispuestas a denunciarlos abiertamente.
Relató que por falta de decisión del gobierno federal o local, en muchos casos las comunidades evangélicas han debido negociar con representantes católicos acuerdos "inconstitucionales" para seguir viviendo en su lugar de origen, debido a que, sostuvo, la ley no se aplica, sobre todo en materia religiosa.
Se refirió a recientes declaraciones del presidente Fox, en las que pide orar a la Virgen de Guadalupe para que la economía estadunidense salga de la recesión. Señaló que estas expresiones "en nada ayudan" contra la intolerancia religiosa. Por cierto, el funcionario de Gobernación evadió hacer cualquier comentario a este respecto.